Los despiadadas batallas entre hermanos y esposas por las herencias de las familias Mitre, Etchevehere y Macri desnudan el concepto feudal de riqueza y supremacía de los integrantes del núcleo tradicional de poder sobre el cual se organizó el país y se constituyeron las bases legales con relación a la propiedad de la tierra y otras posesiones.

Las tres familias están íntimamente relacionadas con el poder político y económico a lo largo de la historia y se muestran en público entreverados en batallas feroces donde los valores que priman son diferentes al que atribuyen al resto de los mortales.

Mientras el país discute sobre igualdad ante la ley, democracia, un hombre un voto, los derechos de la mujer, la defensa de la familia, el derecho humano al hábitat y una larga lista de derechos y deberes de los ciudadanos, el poder que diseñó el país discute rabiosamente con paradigmas casi opuestos.

Está claro que en esas disputas, la fortuna aparece en forma descarada como elemento fundamental para acumular poder político, por eso no se puede dividir entre hermanos y menos si son mujeres. Está claro que en esas peleas la riqueza está cruelmente por encima de madres y hermanos y que otorga una superioridad jerárquica sobre el ciudadano común. Esa superioridad se mantiene por una incidencia histórica sobre el poder político por fuera de la institucionalidad y por el secreto de casta de que las grandes fortunas tienen permitidas ilegalidades que son duramente castigadas en los ciudadanos comunes.

No es teoría. Son las revelaciones que salen revoleadas en esas verdaderas carnicerías intrafamiliares: espionajes, chanchullos, cuentas no declaradas, ocupaciones ilegales de tierra y otras lindezas expuestas como si fuera un cuerpo descuartizado.

Si alguien se pregunta por qué la justicia tiende a inclinarse a favor de esta casta, encontrará la respuesta en las revelaciones que chorrean estas disputas. Es una justicia hecha a su imagen y semejanza, que no reconoce, por ejemplo, que en determinadas situaciones el derecho a la propiedad pueda estar mediatizado por otros derechos.

Es lo que sucedió con la orden de desalojo de Guernica a pesar de que había una negociación pacífica en curso que había podido dar respuesta a las necesidades de la mayoría de las familias que participaban en la toma del terreno. La decisión del juez y los fiscales al apresurar el desalojo y rechazar los pedidos de prolongar la espera, más que hacer justicia, jugó un papel ejemplificador.

El macrismo siguió el discurso que Luis Etchevehere armó para politizar la disputa por la herencia y mostró un escenario que exageraba la proliferación de ocupaciones en todo el país para demostrar que si iban por su campo, irían después por el de los demás. La disputa de su herencia en el establecimiento entrerriano Casa Nueva, no tenía ninguna relación con el conflicto en Guernica, pero le convenía equipararlo.

Lo único que tienen en común es la decisión de los jueces que en ambos casos se relacionan con la propiedad pero en contextos muy diferentes. Estas decisiones se emparentan con las que tomó otro juez cuando rechazó el decreto de intervención a la empresa Vicentin, que ahora está a punto de desaparecer.

Los desalojos de Casa Nueva y Guernica se revirtieron en forma de polémica al interior de las fuerzas que respaldan al gobierno, de la misma manera que antes lo había hecho la expropiación frustrada de Vicentin. En todos los casos, el gobierno optó por aceptar la decisión de la Justicia, lo que algunos entendieron como una muestra de debilidad.

Existe una situación real de mucha desventaja porque el gobierno tiene la responsabilidad más pesada frente a la epidemia. Pero en el caso Vicentin, la decisión se tomó sobre la base de un diagnóstico equivocado porque se pensó que el salvataje de la fuente de trabajo sería bien recibido, cosa que no ocurrió. El gobierno no iba a intervenir en el conflicto creado en Entre Ríos porque lo enfocó como una disputa familiar privada.

Y en la toma de tierras en Guernica, el gobierno de la provincia, a través del ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, se instaló en la toma, se hizo un censo de la población que participaba en el conflicto y de sus reclamos y planteó las respuestas que podía ofrecer. Más del 80 por ciento de las familias aceptaron alguna de las opciones. En el momento del desalojo ya quedaba muy poca gente y la mayoría de los disturbios se produjo en los alrededores.

Más allá de la presencia de grupos de activistas opositores, el reclamo que motivó el conflicto tenía una base genuina, no impostada. Y Larroque hizo un gran esfuerzo por encontrar una salida pacífica. Pero la intervención policial en el desalojo ordenado por el juez, frustró el último tramo de esa estrategia.

Mauricio Macri quiso colgarse de los conflictos. Se autopercibió aludido por la carta de la vicepresidenta Cristina Kirchner y dijo que estaban dispuestos a dialogar si se respetaba la propiedad privada y otras condiciones. En realidad se adelantó a obstaculizar cualquier posición dialoguista que pueda surgir en Juntos por el Cambio, donde Elisa Carrió y Horacio Rodríguez Larreta respaldaron la designación de Daniel Rafecas como Procurador.

La convocatoria de la expresidenta apuntaba a la condición bimonetaria de la economía que siempre desemboca en un cuello de botella crítico, porque Argentina no emite dólares. Y afirmó que la única forma de resolverlo es a partir de un acuerdo de todos los sectores. O sea, que las medidas que se acuerden sean respetadas por todos los gobiernos y las empresas.

La carta de Cristina Kirchner circuló cuando el presidente Alberto Fernández ya venía realizando reuniones con los titulares de las corporaciones más grandes como Alfredo Coto, Roberto Urquía, Marcos Bulgheroni, Luis Pérez Companc y Paolo Rocca, parte del famoso círculo rojo que tuvo presencia fantasmal durante el macrismo.

La pandemia y la crisis de deuda externa pública y privada que dejó el gobierno de Macri hace que las piezas se muevan con un pragmatismo que quedó expresado en la carta de Cristina Kirchner donde afirmó que “Argentina es el lugar donde mueren todas las teorías” en relación con el dólar.

Hay una problemática que atraviesa a la Argentina siempre de maneras inesperadas como sucede con los temas que son importantes y se quiere subestimar. Así sucede con la fuerte marca que ha dejado la violación de los derechos humanos durante la dictadura hace 40 años. Y no provino de las Madres o de los organismos que estuvieron más enfocados en la situación que se generó en Guernica y Entre Ríos.

La legisladora radical Patricia de Ferrari pagó con una suspensión por seis meses de su cargo en la legislatura cordobesa por creer que se pueden hacer chistes que más parecen amenazas con relación a esa época. "¿Falta mucho para que aparezcan los falcon verdes para 'impartir' la justicia a la medida ideológica de Grabois y compañía?" publicó en un tuit. Cuando vio que el supuesto chiste le podía costar caro, la mujer pidió disculpas, pero el peronismo ya había votado la sanción.

La expresión de la legisladora cordobesa tuvo su correlato porteño en boca de Eduardo Feinman. Cuando se informó que la cifra de muertos por covid-19 había llegado a 30 mil, este personaje publicó “ahora sí, son 30 mil” en referencia a la polémica por la cantidad de desaparecidos durante la dictadura.

El tema se renueva, muta y reaparece casi cuarenta años después con tonos que recuerdan al “algo habrán hecho” de la dictadura o en los ecos que dejó la influencia nefasta de Benjamín Menéndez en la sociedad cordobesa. Y esas reminiscencias se asocian a temas trágicos actuales como las víctimas de la epidemia o con los intocables del poder histórico representados en una oligarquía decadente.