La comunidad wichí Yokwespehen, que por dos años vivió en tierras ubicadas en el kilómetro 20 de la ruta 86 (en la jurisdicción de Tartagal, ciudad cabecera del departamento San Martín), se sintió este viernes intimidada por personas que aseguraron ser dueñas de la finca en disputa. Según sus relatos, al menos cinco hombres los intimaron a salir de la banquina de la arteria nacional, en donde se encuentran desde el miércoles pasado tras ser desalojados.

Los miembros de la comunidad aguantaron calor, lluvia y la imposibilidad de resguardarse tras haber quedado con todas sus pertenencias a la intemperie al costado de la ruta. Sucedió cuando el juez de Garantías N° 1 de Tartagal, Nelson Aramayo, ordenó el desalojo solicitado por el fiscal penal N° 2, Rafael Medina, en el marco de la denuncia realizada por el titular registral de las tierras, Jorge Panayotidis.

Tanto el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), como la Secretaría de Asuntos Indígenas de la provincia, pidieron a las comunidades originarias levantar los cortes de rutas realizados tras el desalojo. Los funcionarios solicitaron un compás de espera de 10 días para llegar a una negociación. 

En la espera, la comunidad Yorkwespehen levantó un pequeño tinglado con cuatro palos y chapas “para cocinar y dar algo de comer a los chicos”, dijo Herminda, una de las integrantes de la comunidad. Pero en la mañana de este viernes “llegaron cuatro peones en una camioneta junto a otra persona que dijo ser el dueño de las tierras, para intimidar a las mujeres que en ese momento estaban solas a desarmar el tinglado”, contó Jocha Castro Videla, referente del Movimiento Evita, quien estuvo ayer con las familias desalojadas. 

Castro Videla contó que las mujeres habían quedado solas porque los varones habían ido a buscar leña para hacer fuego. Y lo que las preocupó más es que la persona que decía ser dueña de las tierras tenía a la vista un revólver en la cintura mientras les hacía la advertencia de sacar el tinglado “por las buenas”. Como horario límite les dieron las 16. Sin embargo, no hubo novedad de que hayan vuelto a esa hora o después. El Ministerio Público Fiscal (MPF) de Salta indicó que ante la novedad se envió una comisión al lugar para relevar los hechos acontecidos.

“La gente fue desalojada con mucha saña. Si bien no hubo golpes o heridos, les rompieron las casas con mucha saña”, contó Castro Videla. “Los encontré muy desanimados y desesperanzados porque no hay respuestas. La personería jurídica está en trámite. Lo que sí dicen es que hay un cementerio de muchos” integrantes del Pueblo Wichí en el territorio en disputa. En el entendimiento de los miembros de la comunidad, ese cementerio prueba que la zona donde está la finca que reclama el titular registral, era de uso ancestral de este Pueblo.

Si bien desde la provincia afirman que Asuntos Indígenas acompañó a la comunidad y lograron postergar el desalojo (por una semana), el director jurídico del INAI, Julián Fernández Duarte, sostuvo que en el proceso judicial no se respetó el derecho a defensa de la comunidad. “Rodolfo Suárez (uno de los acusados por Panayotidis) dice que ellos fueron a mediación pero ningún abogado los acompañó”, contó por su parte Castro Videla a Salta/12.

Presuntos incumplimientos

El militante social agregó que en el desalojo tampoco se habrían respetado las medidas que había solicitado Aramayo. Pues en la orden el juez indica al fiscal Medina que en su carácter de director de la investigación oriente el desalojo bajo ciertas condiciones: “que las garantías y derechos de quienes resulten sindicados como usurpadores no resulten vulnerados ni menoscabados… autorizándose el auxilio de la fuerza pública solo en la estricta medida de lo necesario y siempre previa notificación verbal del contenido de esta autorización”. 

La orden también establece que se debía “dar inmediata intervención a la Secretaría de la Niñez de esta situación y al asesor de Incapaces en turno que corresponda teniéndose en cuenta que como en el caso de la presente medida dictada en la fecha pudiera encontrarse en juego el resguardo de la integridad de personas menores de edad en riesgo social o extrema vulnerabilidad”. 

Asimismo, disponía que tenía que haber una “debida y necesaria contención a los desalojados, para resguardar la dignidad de las personas" y que se adoptaran "las medidas asistenciales necesarias y de promoción social, acordes con la acreditación de la situación de pobreza y de demanda habitacional de los mencionados”. Salta a la vista que nada de eso se hizo. La comunidad continúa a la intemperie al costado de la ruta. Mientras tanto, "el titular registral alambra su finca con algunos de los postes que tenía la comunidad en los corrales en los que criaban a sus animales”, agregó el referente del Movimiento Evita.