Luego del atentado en la basílica de Notre-Dame de Niza, sureste de Francia, donde un joven yihadista armado con un cuchillo asesinó a tres personas, un sacerdote ortodoxo de nacionalidad griega fue tiroteado con una escopeta pequeña este sábado en Lyon, suroeste del país, y el presunto autor se dio a la fuga. 

De acuerdo a las versiones policiales, el hombre, quien no estaba vestido con ropa sacerdotal, estaba cerrando su iglesia cuando fue sorprendido por el agresor. El cura fue evacuado en camilla con heridas de bala en el abdomen y su vida corre peligro.

La pequeña iglesia donde se produjo el tiroteo se encuentra en un barrio residencial de Lyon (centro-este), donde había muy poca gente en la calle durante el primer sábado del nuevo confinamiento en Francia. De hecho, el hombre no había oficiado la ceremonia ese día.

El ministro del Interior, Gérald Darmanin, puso en marcha la investigación. En tanto que la fiscalía antiterrorista francesa todavía no se hizo cargo de la investigación, porque aún ningún grupo se atribuyo el ataque y no se sabe con seguridad si se trató de un acto aislado u organizado. 

Por su parte, el primer ministro, Jean Castex, recordó “la total determinación del gobierno para permitir a todos y a cada uno de practicar su religión con total seguridad y libertad”.

“Nuestra voluntad es fuerte y nuestra determinación no decaerá. Es el honor de Francia, es el honor de la República”, agregó Castex durante un desplazamiento el sábado en Saint-Etienne-du-Rouvray (noroeste), donde el cura Hamel fue degollado en una iglesia en 2016 por dos jóvenes yihadistas.

El gobierno francés permitió que los lugares de culto se mantengan abiertos hasta el lunes para celebrar el día de Todos los Santos, antes de volver a cerrar por el nuevo confinamiento para frenar el Covid-19.

Sin embargo, tras el ataque en Niza, el ejecutivo elevó al nivel máximo la alerta antiterrorista y aumentó de 3.000 a 7.000 los soldados desplegados en el país para proteger las escuelas y los lugares de culto.

Estos militares se verán apoyados por los 7.000 miembros de las fuerzas de seguridad, la mitad de ellos policías reservistas, que a partir del lunes se encontrarán a disposición de los prefectos (delegados del gobierno) para garantizar la seguridad.