El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla aceptó a tres dirigentes santafesinos del Movimiento Evita, Gerardo Rico, Eduardo Toniolli y José “Pepe” Berra, como querellantes en la causa que investiga el espionaje ilegal de la Agencia Federal de Inteligencia a militantes políticos y sociales en la provincia de Buenos Aires, en lo que se conoce como el proyecto Amba. En la investigación, ya fueron imputados e indagados el ex jefe de la AFI Gustavo Arribas y su segunda Silvia Majdalani. “Nos presentamos como querellantes porque no vamos a dejar pasar así nomás éstas prácticas propias de los gobiernos de facto. Pretendemos ir hasta las últimas consecuencias”, dijo Toniolli a Rosario/12. Y denunció: “El jefe de la asociación ilícita que se dedicaba a espiar opositores tiene nombre y apellido: Mauricio Macri”.

Rico, Toniolli y Berra se anoticiaron de que eran víctimas de un espionaje ilegal de la AFI el 23 de setiembre, cuando Ramos Padilla procesó al ex jefe del proyecto Amba, Pablo Pinamonti, por supuestas “acciones de inteligencia prohibidas” y “abuso de autoridad”, amplió el procesamiento por los mismos cargos a uno de los detenidos en la causa, el comisario Ricardo Bogoliuk y ordenó las indagatorias de Arribas y Majdalani, entre otros. En una resolución de 340 páginas, con más de 200 de pruebas, el juez de Dolores reveló que 22 dirigentes de la conducción nacional del Movimiento Evita, entre ellos los tres santafesinos, fueron espiados por la AFI por el “mero hecho” de tener ideología y militar en un espacio político. “El verdadero objetivo” era el espionaje ilegal “con fines políticos, expresamente prohibido por la ley”, precisó el magistrado.

Apenas se enteraron del hecho, Rico, Toniolli y Berra se presentaron en el Juzgado de Dolores con el patrocinio de sus abogados, Nahuel Berguier y Nicolás Rechanik y solicitaron ser querellantes. Esta semana, Ramos Padilla, los aceptó, "sin perjuicio --les dijo-- que, con el avance de la causa, pueda reconsiderarse tal carácter o bien unificarse las querellas”.

“El gobierno de Macri quiso llevar un ajuste brutal sobre el pueblo y los trabajadores, si lo logró solo en parte y no pudo avanzar en reformas como la laboral, fue porque hubo una resistencia abierta de las organizaciones populares. Por eso, no es casualidad que desplegara todo un esquema de espionaje sobre los dirigentes de esas organizaciones, para anticipar sus movimientos, y combatirlas”, dijo el ex diputado Toniolli a este diario.

“Nos presentamos como querellantes porque no vamos a dejar pasar así nomás estas prácticas propias de los gobiernos de facto. Pretendemos ir hasta las últimas consecuencias. El jefe de la asociación ilícita que se dedicaba a espiar opositores tiene nombre y apellido: Mauricio Macri”, agregó.

En su escrito, los abogados Berguier y Rechanik ponderaron los hallazgos de Ramos Padilla y las pruebas que logró del “aparato de inteligencia de la AFI” que operaba en la provincia de Buenos Aires, el “fondo documental” que descubrió –que incluye las listas de los dirigentes nacionales del Movimiento Evita- y “los seguimientos a organizaciones y referentes políticos, sociales y comunitarios”. Los espías realizaban “tareas de inteligencia prohibidas” y recopilaban información de ciudadanos por el solo hecho de su opinión política, o de adhesión o pertenencia a organizaciones partidarias, sociales, sindicales, comunitarias, cooperativas, asistenciales o culturales”.

“Una de las principales organizaciones que fuera víctima de ese espionaje ilegal de la AFI es el Movimiento Evita. Así lo demuestra la presencia de dirigentes de esta organización en todas las causas relacionadas con el espionaje ilegal” del gobierno de Macri.

La investigación del juez Ramos Padilla –sigue el escrito- “llegó hasta las más altas esferas del poder político, mediático y judicial” y demostró que los tres “funcionaban como una verdadera asociación ilícita, donde el poder político recopilaba la información de manera ilegal, los mal llamados periodistas utilizaban esta información para amedrentar a opositores del gobierno de Macri y parte de la justicia utilizaba esta información para extorsionar y proceder al armado de expedientes”, agregó.

Por lo tanto, Rico, Toniolli y Berra solicitaron ser querellantes, “con el objetivo de dilucidar quiénes y bajo qué circunstancia tomaron la decisión de espiarnos a nosotros y a nuestra organización política”. Ramos Padilla les dijo que sí.

El ex diputado Rico –junto a otros dirigentes del Movimiento Evita- ya se había presentado como querellante en otra causa que investiga el juez federal de Comodoro Py, Marcelo Martínez de Giorgi, a quien la interventora de la AFI Cristina Caamaño le entregó una lista de 100 políticos y militantes a los que les habrían intrusado los correos electrónicos, entre ellos el gobernador Omar Perotti, la secretaria de Derechos Humanos de la provincia Lucila Puyol, la directora de la Memoria Valeria Silva y el diputado nacional del PJ Marcos Cléri.