En Córdoba, en lo que va del año, se han producido siete casos de gatillo fácil institucional, dos de ellos en menos de tres meses, lo que dio lugar este sábado a la remoción de la cúpula de la Policía de la Provincia. El gobernador Juan Schiaretti designó para ocupar el cargo, por primera vez, a una mujer: la comisaria general Liliana Rita Zárate Belletti. Ella reemplaza al comisario Gustavo Vélez, quien venía desempeñándose en el cargo desde 2015. Los casos de violencia institucional en la provincia vienen desde el 2001 y eso llevó, en 2007, a la realización de la primera Marcha de la Gorra, en repudio a los actos de violencia y persecución de jóvenes de los barrios pobres.

En agosto, luego del asesinato por parte de la policía del adolescente Blas Correa, de 17 años, la comisaria Zárate Belletti había sido nombrada al frente de la Dirección General de Seguridad, desplazando en ese puesto a Gustavo Piva. Desde esa función, la ahora jefa de policía se había comprometido con la familia del chico Correa a terminar con la violencia institucional, pero eso no se cumplió en los hechos.

La remoción de toda la cúpula policial llegó ahora luego del homicidio de Joaquín Paredes, el chico de 15 años que fue asesinado por la espalda, el domingo pasado, en la localidad de Paso Viejo. Por ese caso hay cinco policías detenidos acusados de “homicidio agravado por el uso de armas de fuego” y por la condición de miembros de la fuerza de seguridad. Los peritajes demostraron que los policías realizaron más de veinte disparos contra chicos que estaban desarmados y que no representaban ningún peligro para nadie. Sólo se habían reunido para comer un asado en el marco de la pandemia.

Días atrás, ante la gravedad de los hechos, el ministro de Seguridad de la provincia, Alfonso Mosquera, hizo la presentación del “nuevo protocolo” de intervención policial, que según se dijo intentará seguir “el modelo canadiense”, que se aplica en un país donde históricamente el índice de violencia policial muestra los niveles más bajos a nivel mundial.

Este sábado, al poner en funciones a la nueva jefa policial, el ministro Mosquera dijo que ella tiene “uno de los desafíos más grandes que afronta la institución”. El funcionario la instó a “seguir el proceso de transformación iniciado” por la gestión anterior, en lo que parece un contrasentido, dado que la jefatura comandada por el ex titular de la fuerza Gustavo Vélez había sido cuestionada duramente en un comunicado conjunto del Centro de Estudios Legales y sociales (CELS) y la Facultad de Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba.

A pesar de las estadísticas sobre violencia policial, el ministro Mosquera dijo que hay que seguir “incorporando tecnología, recursos logísticos y fundamentalmente profesionalizando el recurso humano, que será siempre el más crítico y el más importante de los recursos con que cuenta esta institución”. Agregó que el objetivo es “hacer de esta institución una entidad más prestigiosa que sirva de la mejor manera a la comunidad”.

Mosquera dijo en su discurso que no se sentía “avergonzado” por “la emoción” que dijo haber sentido “al despedir a cada uno de los directores generales” que fueron removidos de su cargo porque no pudieron frenar la violencia institucional.

El 25 de septiembre pasado, el CELS y la Facultad de Sociales, en una nota dirigida al gobernador Schiaretti, le transmitieron su “preocupación por los graves hechos de violencia institucional protagonizados por la Policía de Córdoba en los últimos meses”, en el marco de los controles para evitar los contagios por coronavirus. Hasta ese momento se habían denunciado seis casos de gatillo fácil, al que luego se sumó el de Joaquín Paredes.

Esos casos de “uso letal de la fuerza” fueron los de Gastón Miranda (27 años), Fabián Perea (28), Franco Sosa (23), Osvaldo Velázquez, José Ávila (35) y Valentino Blas Correas (17). A esos hechos había que sumarle, según la denuncia, otro hecho por el que estaba detenido el sargento primero Marcelo Barrionuevo, además de represiones violentas en los primeros meses del año en Bell Ville y el 21 de agosto en la localidad de San Francisco. En este caso, los policías dispararon contra dos jóvenes, uno de los cuales resultó herido de bala.

En el pronunciamiento dirigido al gobernador de la Provincia, se señaló que los hechos ocurridos demostraban que “el uso de la fuerza letal por parte de efectivos policiales, lejos de ser una medida extrema y de respetar criterios de estricta proporcionalidad, constituye una práctica abusiva y reiterada por parte de integrantes de la policía cordobesa”.

Una de las responsables del nuevo protocolo de actuación de la Policía de Córdoba, cuyo nombre se mantuvo en reserva, admitió que en esa fuerza de seguridad existe “una cultura arraigada en prácticas reprochables” que llevan a la violencia institucional. Aseguró que lo que ahora se pretende es “salvaguardar a la ciudadanía y darle garantías a la policía para que actúe en el marco de la ley”.