Centenares de detenidos de distintas unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense se amotinaron y subieron a los techos de los penales ayer para hacer oír su reclamo de que se restablezcan las visitas presenciales, suspendidas desde hace casi ocho meses para evitar los contagios de coronavirus. El reclamo tuvo lugar once días después de que el Servicio Penitenciario Federal anunciara la habilitación gradual de visitas en las cárceles federales y derivó en requisas y golpes contra los presos, que en algunos casos fueron retirados con ambulancias. Al atardecer la provincia informó oficialmente que las visitas volverán a habilitarse a partir del sábado 14 de noviembre y que los ministerios de Salud y de Justicia y Derechos Humanos trabajan en la elaboración de un protocolo de seguridad sanitaria.
Si bien las protestas por las condiciones deplorables de las cárceles bonaerenses son constantes, el reclamo de ayer se inició por la mañana en la Unidad 10 de Melchor Romero cuando un grupo de presos inició una huelga y se subió a los techos. Desde allí y por medio de sus familiares recordaron que la vuelta de las visitas presenciales “es una promesa realizada tiempo atrás que aún no ha sido cumplida”. En pocas horas la manifestación se extendió a cárceles de San Martín, Florencio Varela, Lomas de Zamora y también a otras más alejadas del conurbano como las de Campana o Junín.
Comenzaron a circular entonces por las redes sociales videos de corridas, golpes, presos heridos con balas de gomas, otros cubriéndose con escudos improvisados, otros con palos y armas blancas caseras, y también imágenes de familiares gaseados en la puerta de algunos penales mientras pedían información y garantías sobre sus seres queridos.
Una de las situaciones más tensas se vivió en San Martín, donde ocho celadores (tres mujeres y cinco varones) fueron tomados como rehenes, aunque poco después fueron liberados. En la Unidad 40 de Lomas de Zamora, que aloja a 800 detenidos, cinco penitenciarios seguían en poder de los reclusos al anochecer.
“No veo a mis hijos desde marzo”, explicaba una mujer a una cronista de televisión en la puerta de la alcaidía de José León Suárez. El 12 de aquel mes, una semana antes de que el presidente Alberto Fernández decretara el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país, las visitas de familiares “fueron suspendidas en un acuerdo voluntario entre autoridades e internos” para “evitar la propagación del Covid 19 en las cárceles”, recordó el SPB en un comunicado.
Por la tarde, mientras la violencia crecía y la situación parecía desmadrarse, fuentes del SPB explicaba que “el restablecimiento de las visitas familiares presenciales implica una articulación coordinada de varios ministerios y municipios para la puesta en marcha de los protocolos, algo que no se puede implementar de un día para otro”. También daban a entender que cuando el diálogo con los internos estaba avanzado algunos comenzaron a pedir morigeraciones de penas, por lo que se convocó a distintos jueces de ejecución penal para atender los reclamos.
Las medidas de fuerza de los presos, en su enorme mayoría sin condena, surtieron efecto y activaron al gobierno bonaerense, que al atardecer anunció por medio de un comunicado de su Servicio Penitenciario la habilitación de las visitas a partir del sábado 14, dando “estricto cumplimiento a los protocolos de seguridad sanitaria para la preservación de la salud pública”. Informaron que se llegó a esa decisión a través de “mesas de dialogo que se conformaron en los penales de la Provincia y en donde participaron autoridades del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, representantes del Poder Judicial y organismos de Derechos Humanos”. El citado ministerio más el de Salud y el propio SPB “comenzaron a elaborar un protocolo de bioseguridad adaptado al contexto de encierro para enfrentar los requerimientos preventivos de la pandemia a partir de la reanudación de visitas”, concluye.
