Desde Córdoba

Horas después del desborde de la planta de tratamiento de residuos peligrosos Taym la semana pasada, que afectó al canal que desemboca en el centro que potabiliza el agua que abastece a un tercio de la ciudad de Córdoba se tomaron muestras en la zona que arrojaron contaminación con “desechos industriales”. La fiscalía de Alta Gracia que investiga el caso dispuso el secreto de sumario, pero en la mañana del martes filtró esa información. Los estudios a cargo de los organismos oficiales, y los de la propia empresa Aguas Cordobesas (Roggio), de los mismos propietarios de Taym y también a cargo del canal Los Molinos, genera desconfianza en las organizaciones ambientales. Por ese motivo, investigadores independientes tomaron sus propias muestras, que serán presentadas en la causa. “Se está violando un derecho básico que es el de tener información confiable sobre el estado del agua para consumo humano”, planteó a PáginaI12 Carlos Quintana, abogado que aportará esta información al Poder Judicial. 

Información contaminada   

La noche del 29 de marzo, Policía Ambiental de la provincia tomó muestras en zonas previas al ingreso a la planta que reflejaron la presencia de contaminantes industriales y de agroquímicos, consignó Radio Universidad. Esta situación no impidió que antes de las 48 horas posteriores al evento, y luego de que el Ente Regulador de Servicios Públicos (Provincia) publicara parte de los informes realizados por Aguas Cordobesas y por el Centro de Investigación y Transferencia en Ingeniería Química Ambiental (CIQA-UTN), el servicio de agua corriente volviera a ser puesto en funcionamiento. Según informó públicamente el ministro de Agua y Ambiente, Fabián López, los estudios correspondientes a la calidad del agua que salía para la red de la ciudad capital habilitaron a tomar esa decisión. Por otro lado, dijo, corre la investigación por la contaminación ambiental que pueda haberse provocado en la zona de influencia, ubicada 15 kilómetros al sudoeste de la capital provincial. Desde el día de la inundación, la empresa permanece clausurada por orden de la Provincia.

Los cuestionamientos a los estudios técnicos sobre la contaminación que podría haber generado el desborde de Taym se fundan en la falta de dependencia de Aguas Cordobesas, al estar Roggio a cargo de ambas compañías, y en que el CIQA tiene, según figura en la web del organismo, como codirector a Javier Britch, actual secretario de Ambiente de la Provincia. Desde el gobierno minimizaron la situación: informaron que el funcionario está en uso de licencia de ese cargo universitario, y que se enviaron a realizar estudios a otras dependencias como el ente autárquico Ceprocor.

A la mañana siguiente de ocurrido el incidente en Taym, los abogados Quintana y Darío Ávila acompañaron a vecinos de la planta de desechos industriales con una presentación en la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos Contra el Medio Ambiente a cargo de Ramiro González, quien aceptó la denuncia. De esa forma, se buscó contar con el aporte técnico de actores federales. Quintana indicó que “las garantías no estaban dadas para confiar en la información de la empresa y de la Provincia, por eso se apeló a la Ufima, y además se realizaron muestras particulares que se incorporarán al constituirnos como querellantes”. En las últimas horas, los abogados convocaron técnicos independientes para realizar muestreos de suelo en diversos puntos que pudieron ser afectados por el escurrimiento derivado de Taym.

Acerca de los datos ventilados desde la fiscalía, el abogado sostuvo: “La presencia de agroquímicos era esperable, por ser una zona agrícola, ahora los residuos industriales, y otros como aceite de avión y hierro que se mencionan ya dan otro indicio”. De todas formas, “en una semana tendremos nuestros propios informes, y nos darán un panorama completo”. 

Lo que ya está a la vista

Quintana pone el foco en un tema que quedó en segundo plano y es el impacto ambiental en los vecinos más próximos a la planta, como los de Villa Parque Santa Ana, ocho kilómetros al oeste de Taym. “Hay población que se abastece de los pozos que están en esa zona, y hay gente que vive en los alrededores, ahí no hay dudas que tenemos un gran problema”. 

Por su parte, el tutor de la licenciatura en Gestión Ambiental de la Universidad Siglo XXI, Francisco César, planteó ante este diario que “en materia ambiental siempre debe suponerse el peor de los casos, y en éste en particular por los materiales que se tratan más aún”. “Son la empresa y el Estado los que deben brindar toda la información para demostrar lo contrario a la ciudadanía”. Situación que a una semana del incidente no fue resuelta. Por otra parte, este investigador plantea que “deberían muestrearse de forma urgente unos 50 kilómetros cuadrados en los alrededores de la planta, determinar con exactitud si hay y qué tipo de contaminación, y generarse un plan serio de remediación”. 

Francisco César apuntó que “además habrá que ver el orden de responsabilidades por el desborde de la planta, que tiene que tener un cálculo de ingeniería para contener lluvias mucho más fuertes que las que tuvimos la semana pasada”. Dado este escenario, Quintana espera que “de confirmarse la contaminación y afectación del ambiente o la salud de los vecinos, caiga sobre los responsables todo el peso de la ley de Residuos Peligrosos (24.051), que tiene penas de tres a diez años de prisión”. “Por lo pronto, y con lo que ya está a la vista, pedimos que por lo menos la provincia pida la renuncia del secretario de Ambiente Javier Britch”, remató el abogado.