En Tucumán, durante la décima audiencia del juicio contra el clan de los hermanos Rubén “la Chancha” y Adolfo Angel “el Mono” Ale, Susana Trimarco declaró una vez más que los integrantes del grupo acusado de asociación ilícita y lavado de activos “constituyen una mafia que se dedica al narcotráfico, trata de personas y muchos otros delitos que todo Tucumán lo sabe pero les tienen miedo”. Esa red “no hubiera podido funcionar sin la complicidad de los poderes políticos, judicial y policial, los tenían comprados a todos por eso mi hija no está hoy acá”, reiteró la madre de Marita Verón, desaparecida en abril de 2002, y presidenta de la Fundación María de los Angeles, que fue la denunciante inicial de la causa en la que la UIF (Unidad de Información Financiera) y la AFIP son querellantes. 

En tren de detallar sus acusaciones contra los Ale, Trimarco también volvió a cuestionar a Ernesto Baaclini, ex secretario de la Fiscalía VIII acusado de entorpecer la búsqueda de Marita y actual abogado defensor de Roberto Dilascio, uno de los imputados del clan Ale. Tras pedir el uso de la palabra a los integrantes del Tribunal Oral, Baaclini reiteró una hipótesis que había lanzado años atrás: que la joven Verón se había ido voluntariamente de su casa, algo que la justicia desacreditó en el fallo que condenó a diez personas por la desaparición de Marita. 

Durante su declaración, Trimarco reiteró una de las acusaciones que sostiene desde hace años contra los Ale, y señaló que los hermanos y los integrantes de su clan (catorce de los cuales están siendo juzgados también en la causa) “tienen vínculos con el poder político, judicial y policial que les permiten secuestrar mujeres para explotarlas sexualmente y vender drogas”. Desde que el caso de Marita Verón cobró trascendencia nacional, Trimarco reiteró infinidad de veces que detrás del secuestro y la explotación sexual de su hija por parte de redes de trata estaba el clan Ale.

Ante los jueces Alicia Noli, Gabriel Casas y Carlos Jiménez Montilla, Trimarco contó que en abril de 2002, dos días después de la desaparición de su hija, el hijo del juez Jiménez Montilla le sugirió que se pusiera en contacto con “la Chancha” Ale para pedirle ayuda. Era “propietario de la Remisería 5 Estrellas y tenían un convenio con el gobierno de la provincia, tenían muchos autos, armas y manejaban la ciudad”, dijo Trimarco, quien recordó que un día después fue a la remisería. “Llevé carteles con la foto de Marita para pegar en los autos”, contó, y añadió que allí la recibió quien entonces era la mujer de Ale, María Jesús Rivero, y que es otra de las imputadas como integrante del clan. Durante ese encuentro, dijo Trimarco, Rivero se comunicó con tres funcionarios provinciales “Julio Díaz (quien era secretario de Seguridad provincial en 2002), Lisandro y Juri Rivera, y me prometió que iba a ayudar a encontrar a mi hija”. Sin embargo, con el correr de las horas y la búsqueda infructuosa comenzó a desconfiar: “A mi hija la hacían aparecer en un lugar y a la hora siguiente en otro, nos daban pistas falsas para engañarnos a mi marido (Daniel Verón) y a mí, nos volvían locos”. Cuatro días después de la desaparición de Marita, agregó, “recibí una llamada anónima que decía que un remise 5 Estrellas de color rojo la había secuestrado de la calle y los comencé a denunciar”. Desde entonces, añadió, “recibo amenazas, me quemaron mi casa y me quisieron atropellar en dos oportunidades”. 

El debate oral en esta causa comenzó el 16 de diciembre del año pasado. Entre los imputados se encuentran, además de los Ale y Rivero (quien estuvo imputada en la causa por la desaparición de Marita Verón pero resultó absuelta, al igual que su hermano, Victor), otras trece personas, acusadas de distintas responsabilidades y roles en el clan. El juicio es considerado histórico, por llevar al banquillo a los integrantes de un clan cuyas actividades en la provincia de Tucumán fueron denunciadas y sospechadas durante cuatro décadas, y también porque juzga el lavado de activos, un cargo que recae sobre 14 de los 16 imputados. Las investigaciones comenzaron entre fines de 2012 y principios de 2013, poco después de que Trimarco ratificara en sede judicial sus denuncias contra “la mafia de los Ale”.