El Proyecto Artigas no se trata simplemente de una discusión entre dos hermanos: en su génesis hay un fuerte cuestionamiento al modelo agroproductivo vinculado a los agrotóxicos que se lleva a cabo en la provincia de Entre Ríos --y en todo el país-- y que trae y traerá a futuro gravísimos problemas para los suelos y las poblaciones. Bruno Rodríguez y Mercedes Pombo tienen 20 años y son referentes de la agrupación Jóvenes por el Clima. La organización en la que militan por cuestiones socioambientales estuvo desde el comienzo ideando el Proyecto Artigas que, si bien  tuvo un revés cuando el Poder Judicial dictó un fallo que dispuso el desalojo de Dolores Etchevehere y sus compañeros de Casa Nueva, ellos afirman que “hemos plantado la primera semilla” y que “la lucha sigue”. “Lo que sucedió con la Justicia este jueves lo podemos leer en clave del fenómeno estructural vinculado al modelo agroproductivo que decididamente necesitamos cambiar cómo sociedad”, aseguran en diálogo con Página/12 los jóvenes ambientalistas que estuvieron en Entre Ríos.

“Como colectivo socioambiental nos unimos a la iniciativa para profundizar una experiencia de modelo de producción alimentaria agroecológica, protagonizada por trabajadores de la tierra que se pretendía desarrollar en un territorio histórico para las agendas ambientales que luchan contra el agronegocio: la provincia de Entre Ríos, capital nacional de la depredación ambiental”, expresa Rodríguez. “El proyecto venía a disputar las lógicas de un modelo productivo centrado en la utilización del paquete tecnológico que venden multinacionales para producir nuestros alimentos y envenena a los territorios en donde se producen los cultivos y perjudica la salud de las personas”, agrega.

Para el diario La Nación el Proyecto Artigas “inquietaba a estancieros” y aseguraban que “productores de Entre Ríos y Buenos Aires advertían que todo eso desestimula la producción”. Los jóvenes por el Clima, en cambio, aseguran que “es fundamental que la juventud piense y trabaje por la transición hacia otro modelo agroalimentario. Es una cuestión que trasciende cualquier definición ideológica y tiene que ver con una necesidad objetiva de nuestro tiempo”. Pombo detalla que “la crisis climática acentúa el problema de la desertificación de los suelos y, al mismo tiempo, el modelo agroalimentario que prima en Argentina basado en el uso del glifosato, la falta de rotación de los cultivos y la siembra directa, agudiza el proceso de erosión”. “Están comprometiendo la salud de las generaciones presentes y la seguridad alimentaria de las poblaciones futuras”, denuncia.

Rodríguez y Pombo estuvieron en Casa Nueva junto a Dolores y los trabajadores rurales durante los primeros días de la puesta en marcha del proyecto: “estar ahí fue una experiencia inolvidable porque pudimos ver territorialmente cómo trabajadores de la tierra estaban dispuestos a modificar sustancialmente las lógicas que primaban en esos terrenos. En esas tierras encontramos muchísimos envases de desechos tóxicos, de glifosato y de otros pesticidas que aplican a los alimentos y que envenenan a trabajadores y consumidores”, cuenta Rodríguez. “La experiencia de Proyecto Artigas nos permitió ver que el paradigma de transición a otro modelo productivo se tiene que realizar a partir de la intervención presencial en los territorios”, destaca.

Los jóvenes subrayan la importancia de vincular los movimientos ambientalistas con las luchas de los trabajadores de la tierra y de trabajadores excluidos. “Es una relación que trabajamos previo al proyecto porque son sujetos políticos fundamentales en la lucha contra la crisis climática y ambiental: son los que menos aportan a la crisis y los que más la sufren”, asegura Pombo. La referente de Jóvenes por el Clima no olvida que en la lucha por transicionar hacia otro modelo, “hay una gran cantidad de intereses y sectores de poder que forman parte del entramado que sostiene el actual modelo”, y asegura que “es un modelo que incluso va en perjuicio de ellos mismos: según el INTA el 36 por ciento del país ya atravesó un proceso de erosión y desertificación de los suelos y eso compromete también al sector agrario”, detalla.

En esta línea, Pombo alerta que “la transición cierra para todos los sectores de la sociedad, pero hay una minoría --aproximadamente 1200 familias-- unida por intereses económicos que define el modelo agroalimentario por ser poseedora del 40 por ciento de las tierras. Hay que comprender que este modelo no responde a los intereses del pueblo”. Rodríguez agrega que, "mientras la propiedad de la tierra está concentrada en un puñado de familias, en nuestras casas consumimos un 60 por ciento de alimentos que proviene del trabajo de pequeños y medianos productores que tan solo tienen el 13 por ciento de la tierra”. “Este es el problema estructural. Todo está armado para responder a ciertos sectores fácticos de poder y por eso nuestro futuro y presente están signados para mal. Necesitamos como sociedad un ejemplo de que ese modelo puede ser refutado con una experiencia empírica concreta y eso es lo que queremos hacer con el Proyecto Artigas”, señala. 

Con respecto a las perspectivas a futuro, Rodríguez subraya que “ni por asomo vamos a claudicar en el esfuerzo de colocar sobre la agenda pública la verdadera problematización del fenómeno de la concentración de la tierra en Argentina. Más allá de los resultados de este conflicto en particular, lo que nos tiene que quedar como legado es la necesidad de pensar en la inviabilidad, en todos sus aspectos, que tiene el sistema agroalimentario en nuestro país”.

Pombo también remarca que para ella “no es casualidad que no se haya hablado del proyecto en sí y de sus objetivos". "Se trata de un proyecto agroecológico que busca la seguridad alimentaria en una provincia que prima la concentración de la tierra y las experiencias que no tienen que ver con satisfacer las necesidades de la población, sino con la acumulación de riqueza”, dice. Luego agrega que “el proyecto Artigas pretende producir alimentos sanos, sin agrotóxicos, que no damnifiquen a las poblaciones y que no contaminen el suelo. La casi nula difusión de sus objetivos tiene que ver con una batalla simbólica y no es casual el enorme esfuerzo que hubo por encasillar lo que estaba pasando en una dicotomía entre el campo 'trabajador' y la 'usurpación'”. 

El proyecto contemplaba el uso de 200 hectáreas en donde iban a trabajar más de 24 familias: "generaba trabajo", indica Rodríguez, y concluye que “nos parece fundamental desarticular esa cultura que demoniza y hace responsable de sus propias miserias a la pobreza y empezar a poner el eje en cómo se configuran estos problemas por la concentración de la riqueza y la falta de políticas distributivas serias”. 

Informe: Melisa Molina.