En medio de la disputa que envuelve a los predios que Nación le transfirió a la Ciudad durante la gestión de Mauricio Macri, el Gobierno porteño frenó el proyecto para la construcción de las nuevas sedes del Ministerio de Hacienda y de la Administración General de Ingresos Públicos (AGIP) en la ex cárcel de Caseros. Según argumentaron, Nación los dejó "sin posibilidad de financiarse". La versión del otro lado fue que Ciudad no puede acceder a los créditos porque "está floja de papeles y no tiene la escritura del predio". En este contexto, y en lo que parece un acuerdo para salvar el proyecto, los integrantes de la Junta Comunal 4 de Vamos Juntos acordaron declarar de Interés para la Comuna un proyecto del Frente de Todos para cambiar el destino que se le quería dar al inmueble y construir un Centro de Desarrollo Productivo y Tecnológico, y un Espacio para la Memoria.

La ex cárcel de Caseros está ubicada en Caseros al 2400, en la Comuna 4 que integra los barrios de Parque Patricios, Nueva Pompeya, La Boca y Barracas. Parte del predio, que incluía el edificio de la vieja cárcel construida en 1877, y la nueva, inaugurada en 1979 por el dictador Jorge Rafael Videla, fue demolido. En un sector se construyó el edificio que alberga desde 2019 el Archivo General de la Nación, en el resto del terreno, que lleva abandonado más de quince años, el Gobierno porteño proyectaba dos edificios para trasladar en 2022 el Ministerio de Hacienda y las oficinas centrales de la AGIP.

Sin embargo, esas tierras forman parte de las aproximadamente 36 hectáreas que fueron cedidas entre diciembre del 2015 y diciembre del 2019 de Nación a Ciudad por medio de convenios que desde febrero de este año están bajo revisión de la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) por orden del Poder Ejecutivo nacional. Y si bien nada indicaba que estuviera en los planes de los comuneros del oficialismo cambiar el destino de los edificios, este contexto, al que se suma según dijeron que el Gobierno nacional dio "de baja acuerdos y avales para el financiamiento", parece haberlos llevado a plegarse a la iniciativa de la comunera Verónica Tenaglia del FdT que impulsa la creación del Centro de Desarrollo Productivo y Tecnológico.

La declaración de interés comunal fue aprobada de forma unánime por Ignacio Alvarez, presidente de la Junta Comunal, Tenaglia, Natalia Noguera y Roberto Bujan, del Frente de Todos, y por los comuneros de Juntos por el Cambio, Víctor Cáceres, Cristian Mealla y Margarita Sánchez. En la resolución los comuneros sostienen que acompañan el proyecto para" la transformación de la ex Cárcel de Caseros en una Agencia de Ciencia y Tecnología Porteña, Centro de Servicios y un Espacio para la Memoria, entendiéndolo como una oportunidad histórica para la generación de un ecosistema productivo, social y cultural en la Comuna 4".

Y agregan que apelan a "la construcción de la integración del conocimiento en los distintos sectores productivos, al aumento de la calidad de vida de los vecinos y vecinas, a la creación de más y mejores oportunidades de trabajo de calidad para los habitantes de la Comuna, así como también el fomento de la inversión público-privada como dinamizadores de la economía, siendo la Ex Cárcel de Caseros un lugar propicio para lograr estos objetivos".

En concreto, el proyecto de Tenaglia plantea la creación de una "Agencia Porteña de Ciencia y Tecnología que planifique estratégicamente el desarrollo tecnológico en función de generar trabajo de calidad, proteger a los trabajadores, y que promueva el acceso a la ciencia y tecnología, facilitando en particular el desarrollo de las pymes y emprendimientos". Además, un Centro de servicios que facilite la creación de start ups, es decir, empresas nuevas que comercialicen productos y/o servicios a través del uso intensivo de las tecnologías, que funcionará como incubadora de empresas y PyMes emergentes para el desarrollo de proyectos relacionados a la economía del conocimiento. Por último, un Espacio para la "construcción colectiva de la memoria a partir de las voces de todos los actores que estuvieron involucrados con la ex cárcel, es decir, vecinos, presos políticos, víctimas de violencia institucional, autoridades, organizaciones de derechos humanos, entre otros".

Tenaglia dijo a Página/12 que "la Comuna 4 es de las más castigadas por el desempleo y tiene el salario promedio más bajo, por eso es importante disponer de los recursos de la Comuna para ponerlos al servicio de la economía del conocimiento, de la ciencia y la tecnología, para la generación de trabajo que reactive al barrio". Y remarcó que van a seguir" impulsando el proyecto", para lo cual tienen solicitadas reuniones con todos los bloques de la Legislatura.