“Si la justicia llega después de mucho tiempo, ya no es justicia”, fue una de las últimas frases que dijo Ana Gritti, la abogada que se puso al hombro la causa por la voladura de la Fábrica Militar de Río Tercero, el atentado perpetrado el 3 y el 24 de noviembre de 1995 durante la presidencia de Carlos Saúl Menem, que provocó cuantiosos daños, decenas de heridos y siete muertos, entre ellos su esposo Hoder Dalmasso. A poco de cumplirse 25 años de esas explosiones intencionales, por las cuales fueron condenados cuatro ex jefes militares de aquel gobierno, centenares de víctimas aún esperan el pago de las indemnizaciones por daños morales, psicológicos y materiales producidos en aquellas jornadas, establecidas a través de la ley 27.179, sancionada en 2015. Un grupo de organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, partidos políticos y colectivos de artistas buscan volver a poner en el foco este delito que tuvo implicancias locales e internacionales porque se produjo en el marco de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. "Río Tercero todavía espera justicia definitiva y reparación histórica", dijo Diego Pereyra, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). 

Dalmasso era profesor de química en la escuela ENET 1, ubicada muy cerca de la fábrica. Ese día evacuó a los alumnos y fue el último en abandonar la escuela. A los pocos instantes lo abatió un infarto. Al igual que todos los vecinos y vecinas de la ciudad, su esposa y sus dos hijas pequeñas pensaron que fue un accidente. “Sin embargo pronto empecé a sospechar, había varios elementos, pero era una idea demasiado monstruosa”, dijo Gritti. Fallecida en 2011, la mujer se hizo experta en explosivos, junto a los abogados Ricardo Monner Sans y Horacio Viqueira. Supo que el trotyl no se enciende con el fuego y no explota sin un detonador. Así se dio cuenta que en 1998, durante un peritaje, agregaron aluminio a un barril de ese elemento al que arrojarían un cigarrillo, así explotaba. Insistió y logró que la prueba fuera postergada. En 2003 se hizo el nuevo peritaje que probó que a Río Tercero lo volaron bajo el gobierno de ese senador anciano, cuya hija hoy se prueba el traje de candidata. 

Por eso, el Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba, integrado por Carolina Prado, Noel Costa y Jaime Díaz Gavier, iniciará el juicio oral que tendrá al expresidente Carlos Menem como único imputado con las audiencias que comenzarán el 24 de febrero de 2021. Este proceso será complementario del que ya se concretó por la misma causa penal en 2014 y que culminó con las condenas a cuatro militares que cumplían roles directivos en la estatal Fabricaciones Militares: Edberto González de la Vega, Carlos Franke, Jorge Antonio Cornejo Torino y Marcelo Gatto. Menem no había sido incluido en ese juicio porque la Justicia Federal cordobesa le había dictado antes una falta de mérito. En 2018 la Cámara Nacional de Casación Penal ordenó revisar esa decisión y devolver el expediente a Córdoba. En noviembre de ese año, el juez federal de Río Cuarto Carlos Ochoa volvió a procesar y a elevar a juicio a Menem, pero en este caso en soledad. 

La defensa del ex presidente volvió a apelar y el avance del proceso se dilató hasta que quedó finalmente en firme la acusación como presunto "autor mediato" de estrago doloso agravado. Fuentes ligadas a la causa señalaron al diario La Voz que no hay recurso judicial posible ya para interponer y evitar el juicio, salvo que se argumenten razones de salud. Menem tiene 90 años de edad y es senador nacional por La Rioja. 

Crimen con nombre

“Coca” Gritti era una mujer de temperamento, de lúcida retórica y aguerrida al defender sus idea. Fue abogada durante 36 años, se desempeñó como presidenta de la Federación de Colegios de Abogados y del Colegio de Abogados de Río Tercero, y escribió el libro “Río Tercero, un crimen sin nombre…publicado”. Su legado fue recogido por sus hijas, ahora de la mano del abogado Aukha Barbero, quien recordó que a fines de 2014 los cuatro militares condenados recibieron penas de entre diez y trece años por la voladura. Esas condenas tuvieron como argumento judicial que las explosiones fueron intencionales y provocadas para ocultar las maniobras de ventas ilegales de armas de esos años. 

Hace dos años, la familia de Ana Gritti advirtió a través de sus abogados su preocupación de que el fallo de la Cámara de Casación que liberó de culpa y cargo al ex presidente en la causa por el contrabando de armas impactara en forma negativa en el proceso que seguía pendiente en Córdoba. Quería curarse en salud luego de 23 años de maniobras. Casación resolvió absolverlo porque se tardó mucho para enjuiciarlo.

"La voladura de la Fábrica Militar no fue un hecho local ni aislado. Se trató de un atentado pergeñado y ejecutado por las más altas autoridades del Poder Ejecutivo de la Nación, encabezado por el entonces presidente Carlos Saúl Menem en asociación ilícita con jerarcas militares. Este delito intentó ocultar el faltante de municiones a causa del contrabando de armamento a Ecuador y Croacia -países que se encontraban atravesando conflictos bélicos con Perú y la ex Yugoslavia, respectivamente- y por el que el ex presidente fuera condenado a 7 años de prisión y 14 de inhabilitación para desempeñar cargos públicos", dijeron las organizaciones que impulsan la recolección de adhesiones en Internet por esta causa, que junto a la APDH son CTA, ATE, Mesa de Unidad Sindical de Río Tercero, Rió Tercero un cauce Común, Contagiando Carnaval, Las Nietas de las Brujas, Nosotras Mujeres Necesarias, Fundación Juntos a la Par, La Luciérnaga y Municipalidad de Río Tercero. Ya firmaron Wado de Pedro, Juan Cabandié, Gabriela Estévez, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, Madres de Plaza de Mayo LF, el Frente de Todos, la UCR, e Izquierda Socialista, entre otros.

"Gracias a la lucha insobornable de la doctora Ana Gritti, única querellante de la causa, sabemos que lo acaecido aquel 3 de noviembre de 1995 fue un atentado. Pese a las dilaciones y artilugios propios de quienes intentan sembrar impunidad, en diciembre de 2014 el Tribunal Federal II de Córdoba finalmente dictó sentencia condenando a un pequeño grupo de militares por la voladura de los polvorines. Sin embargo, hasta tanto la justicia no alcance a los máximos responsables, seguiremos solicitando firmemente justicia definitiva", expresaron en alusión al ex presidente Menem. 

"A 25 años de aquel atentado, evocamos con dolor la ausencia de las personas fallecidas y mantenemos viva su memoria. Acompañamos el reclamo de cientos de personas que esperan el pago de las indemnizaciones por daños morales, psicológicos y materiales producidos en aquella jornada y que fueran establecidas a través de la ley 27.179, sancionada el 16 de septiembre de 2015 por el Congreso de la Nación", dijeron sobre la iniciativa que espera la firma del presidente Alberto Fernández. También manifestaron su adhesión a la solicitud de Reparación Histórica que reclama la creación de la Universidad Nacional de Río Tercero y la reactivación del complejo fabril de F.M.R.T. (Fábrica Militar de Río Tercero) "como fuente de desarrollo y progreso de un modelo productivo nacional". Y concluyeron: "No nos ha podido derrotar el olvido porque sentimos la necesidad de Memoria, Verdad y Justicia como imperativo democrático para la construcción de un futuro digno para el pueblo argentino".