Con un acta acuerdo, vecinos del barrio La Cariñosa lograron suspender la orden de desalojo dictada a principios de octubre, y el 15 de febrero habrá una nueva audiencia judicial. "La defensa jurídica y social de los vecinos consiguió un avance cualitativo en el derecho de vivienda digna. Términos jurídicos suspendidos hasta el 15 de febrero de 2021 y el compromiso de Nación, provincia y municipio para garantizar el hábitat de las familias", celebró Nire Roldán, de la Concejalía Popular, sobre el resultado. Los habitantes del predio donde viven más de 500 familias se movilizaron ayer hasta los Tribunales Provinciales, con el objetivo de dejar en claro que se trata de un barrio popular (incluido en el registro nacional) donde viven hace más de 40 años. El acuerdo de suspensión entre las partes fue entregado a la jueza que el mes pasado dictó la sentencia de desalojo ante la presentación del empresario Armin Reutemann. Durante el cuarto intermedio de unos 120 días habrá un trabajo de diálogo con diferentes actores, para garantizar el hábitat.
El conflicto viene de larga data, pero tomó mayor trascendencia la semana pasada en coincidencia con el debate nacional en torno a los desalojos. Para separar aguas, Roldán aclaró que "esto no tiene nada que ver con Guernica ni lo que paso con el campo de Entre Ríos; estas son familias que hace 40 años que están instaladas. Buscamos una solución concertada".
El terreno en litigio es una extensa área en forma de triángulo que se encuentra delimitada por las calles Medina, Juan Pablo II y Avenida Uriburu, en la zona sudoeste de la ciudad.
Según se indicó, el terreno fue comprado en 2002 por el empresario Armin Reutemann, pero en el lugar ya había cientos de familias. "Lo único que queremos es un hogar", "No al desalojo”, “Basta de jueces corruptos”, escribieron en los carteles los vecinos del terreno ubicado en Avellaneda y Circunvalación, al sudoeste de Rosario, que ayer se movilizaron hasta Tribunales.
Para Roldán, que desde la Concejalía Popular defiende a vecinos y vecinas del lugar, lo que se logró después de dos horas de reunión es "un triunfo de la lucha jurídica y social". Según indicó, el acuerdo está comprendido en un "acta que se firmó en conjunto, donde nosotros dejamos claro que la ley nacional prohíbe este tipo de procedimientos jurídicos, en relación al desalojo, en el caso de los barrios populares como es La Cariñosa".
Según se indicó, el acuerdo fue entregado a la jueza Cecilia Camaño, ya que ante la cantidad de gente presente desde el juzgado adujeron que no se podían garantizar (en una audiencia) las medidas sanitarias, en relación a la pandemia. Para Roldán, el procedimiento de "convocar a vecinos y después decir que no tenían lugar para atenderlos es una falta de respeto. No tuvimos oportunidad de hablar con la jueza, pero le dejamos un informe y entregamos en secretaría el acta", detalló.
En tanto, indicó que en el informe que dejaron en el Juzgado de Circuito, se plantean cuestiones que sirven para apelar la sentencia del 5 de octubre "por lo que expresa la ley nacional sobre barrios populares y porque está la pandemia en vigencia. Entendemos que los vecinos tienen posesión del inmueble hace 40 años, y se sabía perfectamente que aquí había familias, que no era un barrio con usurpadores, sino que hay residentes que pelean por conseguir servicios de agua potable, energía y todos los servicios que requiere el barrio", expresó el referente de la Concejalía Popular.
Además de Roldán estuvieron el diputado Carlos Del Frade y su par Damaris Pachiotti, la concejala Luz Olazagoitía, representantes de la provincia, de la Dirección de Obras y Servicios Públicos; Servicio Público de la Vivienda, y representantes de Barrios Populares a nivel nacional. Además, Nire Roldán destacó el "respaldo de la ministra (de Desarrollo Territorial y Hábitat) de la Nación, María Eugenia Bielsa". Al mismo tiempo, lamentó que "la otra parte (por el empresario) arrancó diciendo que entendía que había 27 familias en el predio, cuando claramente son más de 500. Además, dejaron en claro que pretenden establecer un negocio inmobiliario, cuando antes está el derecho a la vivienda digna".
Javier Barreto, un vecino que nació y vivió sus 30 años actuales en La Cariñosa, cuestionó el fallo de la jueza Cecilia Camaño cuando habló con Rosario/12: “La magistrada desconoce nuestra realidad, jamás vino al barrio a ver cómo es. Desde afuera es fácil decir que somos ‘okupas’ o usurpadores cuando en realidad acá somos todos laburantes y personas que vivimos desde mucho antes de que se hiciera el negocio inmobiliario”.
