El caso del Correo Argentino, la empresa del Grupo Macri que tiene una deuda millonaria con el Estado desde hace 19 años, se convirtió en nuevo blanco de una metodología utilizada por el macrismo a través de la cual se abren causas y acusaciones contra quienes están a cargo de investigar esos grandes expedientes que lo comprometen. Esta vez la Cámara Federal, con las firmas de Martín Irurzun y Mariano Llorens, ordenó reactivar una denuncia que había hecho la empresa Socma --que controla al Correo-- para cuestionar la designación de la interventora Flor Inés Farber en la firma después de que quedaron a la vista un sinfín de irregularidades en el concurso de acreedores. Los camaristas no sólo dispusieron reabrir el caso que había cerrado el juez Sebastián Casanello por “inexistencia de delito”, sino que lo hicieron en función del pedido de la familia Macri que apunta específicamente contra la fiscal comercial Gabriela Boquín, el procurador del Tesoro, Carlos Zaninni, y el titular de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen. Avalan algunas medidas insólitas, como analizar los llamados de todos ellos, estudiar sus computadoras y analizar sus e-mails. Esto sucede, además, en momentos en que puede avanzar la quiebra de la firma postal.

Boquín es la fiscal que frenó en 2017 el intento por licuar la deuda del Correo que se plasmaría a través de un acuerdo que consideró "ruinoso" y "abusivo" entre la empresa y los representantes estatales enviados por el gobierno de Mauricio Macri, que estaba de ambos lados del mostrador. Por ese entonces la deuda era ya de 4 mil millones de pesos. La fiscal, además, denunció maniobras de vaciamiento por más de 35 millones de pesos. 

Tanto Nissen como Zaninni llegaron a sus cargos actuales con el gobierno de Alberto Fernández, todavía no hace un año. El primero, por su función, cuestionó balances del Correo y al segundo le toca participar del expediente y defender los intereses estatales, por lo que al igual que Boquín pidió la intervención. La familia Macri los acusa de haber desatado una persecución política y judicial, en la que involucra también a la interventora y a la ex procuradora Alejandra Gils Carbó, en un expediente que debió haber abierto el "cramdown" o salvataje ya en 2004, pero recién lo tramita ahora. El gran fantasma para los Macri es la declaración de quiebra, y es lo que explica que el ex presidente haya dedicado declaraciones de sus últimas entrevistas a cuestionar a la fiscal que desnudó las maniobras. 

Socma, que pertenece a hermanos e hijos de Mauricio Macri (a éstos últimos les cedió las acciones en un proceso denunciado por Mariano Macri), hizo la denuncia en los tribunales de Comodoro Py cuando Farber fue designada como interventora, un paso que fue consecuencia de la sucesión de anomalías denunciadas por Boquín. La presentación estaba focalizada en ese nombramiento, y decía que el sorteo no había sido informado a las partes, pero también apuntaba a salpicar a la fiscalía ya que planteaba una supuesta connivencia entre investigadores, organismos del Estado y el poder político. Casanello cerró la causa por no encontrar delito e invocó argumentos del fiscal Carlos Rívolo, que decía que las disconformidades con el expediente comercial se deben plantear ahí, donde hay instancias revisoras, y agregaba que no veía objeción al sorteo de la interventora, informado públicamente en la causa. 

Los camaristas Irurzun y Llorens ordenaron reabrir el caso con el argumento de que la decisión de Casanello había sido prematura. Lo hicieron en base a una presentación de la familia Macri que confirma que el lawfare sigue vigente, o por lo menos algunos jueces parecen dispuestos a aplicar sus principios. El principal interés de esta denuncia es poner obstáculos y cuestionar el expediente concursal del Correo, pero --además-- darle una connotación política a la cuestión. Las revelaciones de la fiscal Boquín, sin embargo, ocurrieron durante el gobierno del propio Macri. 

La Cámara dice que "se impone realizar las diligencias necesarias a fin de establecer o descartar si el abuso de autoridad, la falsedad ideológica de documento público y la alteración de sistema informático denunciados encuentran algún respaldo" y para eso dice que son procedentes las medidas propuestas por Socma/Macri: registros de llamadas entre Boquín, Zaninni, Nissen y Gils Carbó desde la época en que la fiscal denunció el acuerdo, peritar sus correos electrónicos, "registrar" las computadoras particulares y documentación ligada al caso Correo, citar como testigos al ex ministro de Justicia Germán Garvano, al ex senador del PJ Miguel Angel Pichetto y al diptuado Pablo Tonelli (este último denunciado por la fiscal Boquín por el vaciamiento junto con otros ex funcionarios como José Torello). Le dan vía libre a que se revisen el expediente concursal y el penal, donde fueron indagagados el ex ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y otros, pero su situación procesal sigue en el limbo.  

Todo parece destinado a dilatar a favor de la familia Macri y a presionar a Boquín, que ahora debe expedirse sobre la intervención (apelada por el Correo) y que nunca dejó de profundizar en la investigación de irregularidades. Mientras tanto, el "salvataje" entra en una de las últimas fases y la quiebra aparece en el horizonte.