El Frente de Todos avanzó ayer en la comisión de Justicia del Senado con el debate sobre la modificación de la Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal, para intentar destrabar la designación del Procurador General. La discusión se abrió en base a dos proyectos impulsados por senadores de Juntos por el Cambio para acotar el mandato del jefe de los fiscales, y que opositores intentaron sin suerte retirar después de que el oficialismo hizo propias las iniciativas. 

Los tres especialistas que participaron del debate, citados por la bancada oficialista, se expresaron a favor de limitar el mandato del procurador que hasta ahora es vitalicio, aunque difirieron sobre la necesidad de mantener o no la mayoría agravada de dos tercios del Senado para avalar su nombramiento. 

Entre los senadores oficialistas prima la idea de que si se fija un mandato acotado no sería necesaria la mayoría agravada, pero afirman que primero esperarán las recomendaciones que surjan del consejo asesor que conformó el presidente Alberto Fernández para reformar distintas instancias del Poder Judicial. Por su parte, el candidato propuesto por el gobierno para la Procuración General, el juez federal Daniel Rafecas, insiste en que bajará su postulación si se modifica las mayorías para la aprobación de su pliego. La comisión pasó a un cuarto intermedio hasta el próximo lunes, donde expondrán los especialistas convocados por la oposición.

El debate a través de una videoconferencia, donde los especialistas expusieron y respondieron preguntas de los senadores transcurrió sin sobresaltos. Aunque la oficialista María de los Angeles Sacnun aprovechó su intervención para cruzar a la líder opositora Elisa Carrió, a quien cuestionó por intentar “imponer” a los senadores cuando realizar un acuerdo (para la designación de Rafecas) y la vinculó como “consumidora de la información ilegal” de la AFI macrista que “algunos fiscales” y “un parte del Poder Judicial” utilizaron para el armado de causas. 

El radical Martín Lousteau –autor de uno de los proyectos–, chicaneó a Maximiliano Rusconi: “¿Como ya tenemos un caso, que es el del candidato propuesto por el Presidente, si a usted lo propusieran y se elevara su pliego, tendría también un reparo a la mayoría con la que fuera elegido?”. El presidente de la comisión, Oscar Parrilli, intervino: “debemos sacarle la incomodidad al doctor Rusconi. Lo liberamos de una respuesta tan hipotética, porque hoy hay un pliego…”. Pero fue el propio abogado quien afirmó que no contestaría la pregunta por “respeto” a la opinión del propio candidato a la procuración.

El primero en disertar fue Alberto Binder, presidente del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales y docente de la UBA. “Todos los países de América latina que han pasado a sistemas acusatorios en los últimos veinte años abandonaron toda idea del carácter vitalicio del procurador, que es incompatible con la naturaleza institucional del Ministerio Público, que no es un órgano estrictamente judicial”, consideró el jurista. “En los casos donde no existe plazo, termina consolidándose una transferencia muy nociva hacia los entornos técnico-burocráticos que rodean a esos procuradores, generando graves distorsiones en todo el sistema político por diferencias en los enfoques político-criminales del plan de gobierno”, evaluó.

Binder insistió en que “ponerle un plazo al procurador sería dar un salto de calidad enorme”. Opinó que si se aplica el límite de seis años “es mejor conservar los dos tercios” como mayoría requerida en el Senado, pero si son cuatro años “se puede relajar la mayoría”. “Es bueno que el primer procurador del sistema acusatorio tenga un muy fuerte respaldo del Senado”, sostuvo.

A su turno, el ex fiscal general de la Procuración, Maximiliano Rusconi, también remarcó la importancia del procurador en la implementación del sistema acusatorio y afirmó que “necesitamos imaginar un Ministerio Público ágil, protagónico, vinculado con la realidad. No se puede construir una política criminal sin estar vinculado con la realidad”. Sobre la periodicidad el mandato sostuvo que “no le parece mal” establecer un límite, y también se mostró de acuerdo en permitir una reelección. Al tiempo que sugirió a oficialismo y oposición poner “menos adrenalina en remover al procurador y más adrenalina en controlar a ese procurador” en la Comisión Bicameral del Ministerio Público. “No hay que tenerle miedo a un Ministerio Público cercano al Poder Ejecutivo, que sea permeable a la realidad y que esté controlado”, afirmó.

“¿Quién va a pretender que una persona que maneja una estructura con tanto poder, como es el diseño del Ministerio Público Fiscal en un esquema acusatorio, pueda tener un cargo vitalicio? Es insostenible”, afirmó Daniel Erbetta, integrante de la Suprema Corte de Justicia de Santa Fe y el último en exponer. Erbetta solicitó la implementación “lo más rápida posible” del sistema acusatorio en todo el país, en lugar de hacer énfasis en la remoción o el límite del mandato del jefe de los fiscales. “Si tenemos el límite de la periodicidad, el problema de las mayorías se relativiza”, dijo. “No hay nada peor que tener un procurador interino. Hay que tener un procurador legitimado, y no podemos convertir una excepción en la regla”, concluyó.