El personal de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) que no esté abocado a tareas de inteligencia empezará a usar su nombre real. La decisión de la interventora Cristina Caamaño marca un quiebre en una de las prácticas más arraigadas de los servicios de inteligencia, que siempre escondió las identidades de todos sus empleados detrás de un alias.
Durante décadas, quien entraba a la AFI recibía un nombre supuesto que lo acompañaba durante toda su carrera. Con ese nombre ficticio cobraba por una de las ventanillas de la AFI y firmaba los documentos que debiera producir. Esa tradición incluía a personal administrativo o de maestranza, que no tenía ninguna función de inteligencia propiamente dicha y contribuía a una lógica opaca del secreto que regía todas las relaciones dentro de la Agencia. En la práctica, el alias significaba una apuesta por la impunidad.
Una de las causas en trámite sobre la inteligencia ilegal en el macrismo, la del espionaje contra Cristina Fernández de Kirchner en el Instituto Patria, muestra cómo el alias servía para firmar documentos, que según la justicia son falsos y se redactaron para justificar la vigilancia sobre la entonces expresidenta bajo el argumento de una supuesta amenaza anarquista en el marco de la cumbre del G20. Por ejemplo, todos sabían dentro de la AFI quién era Alan Ruiz, pero él firmó textos justificando el espionaje con su alias, "Augusto Rovero".
Al llegar, Caamaño dispuso una reestructuración de la Agencia, que incluyó la desaparición de la figura del subdirector y la división de la exSIDE en tres grandes secretarías: la de Producción de Inteligencia Nacional, la de Planificación de Inteligencia Nacional y la de Administración y Apoyo. De esas tres secretarías, sólo conservarán los nombres supuestos quienes se desempeñen en Producción de Inteligencia Nacional y en la dirección de Seguridad y Custodia, que depende de Administración y Apoyo.
Según la resolución 1471 firmada por Caamaño, no podrán tener ningún nombre supuesto o identidad reservada tampoco el personal afectado directamente a la Dirección General, a la Dirección de Comunicación e Información Pública, a la Dirección de Asuntos Internos, a la Unidad de Auditoría Interna, al Gabinete de Asesores y a la Escuela Nacional de Inteligencia. De acuerdo con estimaciones de la intervención, son 500 personas las que dejarán de tener un alias, lo que representa aproximadamente una tercera parte del personal de la Agencia.
La decisión representa un cimbronazo dentro de la Agencia, especialmente para los sectores más vinculados a la tradición histórica de los servicios y retoma los lineamientos del decreto 1311 de 2015. Ese decreto quedó invalidado antes de que Mauricio Macri cumpliera los seis meses en el gobierno, cuando firmó el 656 de 2016, que sumió toda la actividad de la AFI dentro de la lógica del más absoluto secreto. Según la resolución de la interventora, ese decreto fue “utilizado con arbitrariedad para eludir las normativas vigentes en relación a la gestión del personal y ejecución transparente del presupuesto”.
El decreto 1311 contempla tres tipos de personal dentro de la Agencia: el de inteligencia, el de seguridad y el de apoyo. Para el personal de inteligencia rige el secreto. Mientras que el personal de seguridad tiene un régimen similar, pero puede ser exceptuado. Los que realizan apoyo a esas tareas tienen un régimen público. El personal del escalafón de inteligencia es aquel que se dedica a la recolección de información, a la gestión de información y a su posterior análisis.
La interventora está trabajando en un proyecto de ley que recoja las reformas que ha venido realizando en la Agencia desde su designación -- particularmente las que estuvieron vinculadas a la ruptura del vínculo entre los servicios y el Poder Judicial así como la reducción de los fondos reservados. Caamaño ya recibió un dictamen por parte de los expertos que integran el consejo consultivo de la AFI, que deberá servir como insumo a la propuesta que le presentará en las próximas semanas al Presidente Alberto Fernández. Durante su presentación ante la Bicameral de Inteligencia, Caamaño anunció que probablemente haya un nuevo proyecto de ley de inteligencia para antes de fin de año.