Casi todos los acusados por secuestros y torturas, apropiaciones de bebés, asesinatos y desapariciones de personas confinadas a los centros clandestinos de detención que funcionaron en las Brigadas policiales de Quilmes, Banfield y Lanús durante la última dictadura cívico militar se negaron a declarar este martes en el juicio oral y público que se sigue por esos delitos en La Plata. Los que hablaron negaron cualquier tipo de responsabilidad en esos crímenes. Y algunos, como represor retirado del Ejército Emilio Herrero Anzorena, negaron incluso el robo de bebés.

El Tribunal Oral Federal número 1 de La Plata destinó la audiencia del lunes, la segunda desde que comenzó el debate desarrollado por la vía remota y transmitida por La Retaguardia debido a las condiciones de distanciamiento social que impone la pandemia de coronavirus desde marzo pasado, a tomar declaración indagatoria a los 18 acusados por los crímenes de lesa humanidad que sucedieron en los centros clandestinos conocidos como Pozo de Banfield, Pozo de Quilmes y El Infierno. El martes de la semana próxima comenzará la rueda de testimonios: los de las sobrevivientes Adriana Calvo, Nilda Eloy y María Cristina Gioglio, que fallecieron antes de que se concretara este juicio, serán incorporados a través de la emisión de los videos de declaraciones anteriores.

Los que hablaron

El primer acusado en hablar este martes fue el genocida multicondenado Miguel Osvaldo Etchecolatz. Se mostró sentado en una silla de ruedas, con una campera sobre los hombros, desde una sala acondicionada en la cárcel de Ezeiza para que imputados de lesa humanidad puedan participar de los juicios en su contra. Quien fue Director General de Investigaciones de la Policía bonaerense se negó a hablar sobre los crímenes que se le imputan, pero denostó el proceso de justicia que ya lo condenó en casi una decena de ocasiones. "Hay un deseo de venganza, hay necesidad de condenar. Lo tengo como prueba con las 8 condenas. Procéseme, ya no me lastima”, alcanzó a decir. Luego insistió en que su rol en el secuestro, en las torturas, las desapariciones, el robo de bebés y los asesinatos de centenas de jóvenes durante la última dictadura cívico militar fue en el marco de “una guerra”. Lo de siempre.

Los represores retirados del Ejército Jorge Di Pasquale y Herrero Anzorena también hicieron uso de su derecho a hablar. Ambos cumplen condenas previas, el primero por su participación en los crímenes de La Cacha y de La Escuelita, dos centros clandestinos de la provincia de Buenos Aires; el segundo, por su participación en La Cacha. Ambos se desempeñaron en el Destacamento de Inteligencia 101. Esta mañana, Di Pasquale se prestó a responder preguntas y toreó al Tribunal y a las partes cuando no hubo consultas para hacerle --”es lamentable, están inventando”--. Sin embargo, cuando una de las querellas le planteó una, se negó a responderla. “No tengo nada que ver, no conozco y nunca estuve en los lugares que ustedes marcan”, se defendió.

Herrero Anzorena también fue provocador. “¿Se les pregunta a las víctimas, a las que llaman perseguidos políticos, por qué las organizaciones a las que pertenecían contaban con Ejércitos?”, preguntó. El presidente del tribunal le recordó que su indagatoria era para que él dijera lo que quisiera, no para que haga preguntas a las partes. Por último, pidió que se “tomen pruebas a las familias” de los nietos y nietas que Abuelas de Plaza de Mayo y gran parte de la sociedad argentina aún busca.

Los que callaron

El resto de los acusados en el debate se negó a declarar. Algunos, como los ex militares Carlos Romero Pavón, o Carlos del Señor Hidalgo Garzón, con condena por los hechos de La Cacha, se expresaron desmemoriados. “No puedo hablar, necesito volver a la cama”, balbuceó Hidalgo Garzón. Otros, como el ex ministro bonaerense Jaime Smart, con condenas a perpetua, simplemente se negaron por “recomendación” de sus abogades.

El represor ex militar Ricardo Fernández, condenado en La Cacha, y Eduardo De Lío, que transita este debate en prisión preventiva, no declararon porque resta definir su situación. La defensa de ambos solicitó, que por incapacidad, se los aparte del juicio. Algo así intentó, semanas atrás, el ex policía bonaerense Miguel Angel Ferreyro, para quien éste es el primer debate que transita como acusado. Luego de negarse a declarar, su defensor solicitó que se lo “libere” de tener que presenciar la audiencia. La querella a cargo de la abogada de la Liga Argentina por los Derechos Humanos Guadalupe Godoy se negó: “Dijo que estaba perdido, pero cuando se leyeron las víctimas por las que se lo acusa se lo escuchó decir que ‘esa no es mi lista’, así que muy perdido no está. Se tiene que quedar”, exigió. Otras partes apoyaron su pedido.