En 2013 la AFIP realizó un operativo en una finca cercana a Dragones, sobre la ruta nacional 81 en el departamento General San Martín, ya casi al límite con Rivadavia. Se descubrió a 157 trabajadores no declarados, entre los que había menores de edad, que eran sometidos a condiciones infrahumanas de trabajo y vivienda en una finca dedicada al desmonte de campos, según la información oficial de aquel momento.
Se pudo conocer después que la finca estaba a nombre de Juan José Karlen. Solo una vez que la AFIP hizo el operativo, la Provincia se percató del desmonte ilegal de 11 mil hectáreas. Fue entonces que se señaló como responsables a Juan José y Daniel Darío Karlen. Pese a la clausura, los desmontes siguieron y Juan José fue condenado por ser el único titular de las parcelas donde se llevaba adelante la actividad, mientras que Daniel Darío fue absuelto. Pero por el desmonte se inició un proceso en la Justicia Civil de Tartagal (ciudad cabecera del departamento San Martín) y en 2018 la jueza Claudia Yance homologó un acuerdo para que ambos (a los que se los declaró responsables solidarios por el desmonte ilegal) restauren en 30 años el monte destruido en menos de un año.
Surge del fallo que las irregularidades tuvieron lugar en las matrículas N° 30746 y 30747, que se ubican cerca de Dragones.
El apellido Karlen volvió a escucharse el sábado último cuando dos policías notificaron a Sergio Tejerina, de la comunidad wichi Pozo Pajarito, que debía desalojar en 24 horas una isla de monte rodeada de grandes superficies con monocultivos.
La notificación intima al desalojo sobre parte de la matrícula 26.724, de propiedad de Daniel Darío y Juan José Karlen (h). Y se advirtió a los originarios que de incumplir, estarían incursos en un delito. “Tito Karlo (por Karlen), él tiene que acordar, como decía nuestra madre, que debe dejar este pedazo para que podamos vivir. Años que ella ha trabajado con ellos y ella no tiene usurpación a ellos, sino ellos usurpan y este hombre se tiene que acordar que ha hecho trabajar mucha gente y que él no ha pagado”, denunció por su parte Tejerina en un video donde se puede ver a su madre relatando parte de los hechos en wichí.
Pozo Pajarito se desprendió de otra comunidad que se encuentra dentro del territorio de uso ancestral trazado en su momento por la Fundación Asociana. Pero el problema de las comunidades de la zona es que ninguna tendría, hasta ahora, la carpeta técnica con el mapa de relevamiento que otorga el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). Como sucede con otras comunidades, sea por internas o por crecimiento de la población, las familias se van desmembrando, formando nuevas comunidades y buscando un lugar propio en el territorio recorrido para cazar y recolectar. Esto es lo que pasó con Pozo Pajarito, que se instaló en una matrícula diferente a la de aquella en donde se realizaron los desmontes ilegales.
El Ministerio Público Fiscal (MPF), informó a Salta/12 que la fiscala penal de Embarcación (también del departamento San Martín), Gabriela Souto, remitió la intimación para advertir a Tejerina que se ubicó en un lugar que está por fuera del acuerdo alcanzado oportunamente por el MPF con Karlen. Según Souto, la comunidad de Tejerina se desprende de otra que firmó los acuerdos con Karlen y que usan el territorio de las matrículas donde se encontró el desmonte ilegal y las condiciones de esclavitud laboral. Pero la fiscala no especificó a cuál acuerdo se refería, dado que la matrícula donde reside Pozo Pajarito está alejada de la finca de Dragones. Incluso no habría continuidad entre estas tres matrículas. A ello se suma que en el acuerdo del uso de la tierra homologado en la Justicia Civil de Tartagal puede asentarse en principio solo una parte del territorio de uso ancestral. Además, el fallo habla de “uso tradicional de recursos del bosque”.
Confusión o no, Souto aseguró que la comunidad no será desalojada. Anunció que se designará un equipo de mediación para llegar a una solución al conflicto y que los habitantes originarios se instalen en los “espacios permitidos dentro del mismo predio”. También dio intervención al Instituto Provincial de Pueblos Indígenas de Salta (IPPIS), y a la Secretaría de Asuntos Indígenas de la provincia, para que se encarguen de brindar contención a la comunidad.
Cementerios sembrados
“Nuestro cementerio está en el medio. Está sembrado por encima”, explica el cacique José Luna, de El Mistol, de General Ballivián (municipio del departamento San Martín), mientras filma a su par de la comunidad El Chorrito, del paraje Corralito (en la zona de Cuchuy, a 30 kilómetros de Balivián), Ángel Garay.
Ambos fueron hasta un campo sembrado en la zona donde se asentó la comunidad de Pozo Pajarito, para mostrar que parte de sus cementerios están allí, tapados por los monocultivos. A su entender, la existencia del cementerio en la misma finca sería prueba de que se trata de un territorio de uso ancestral.
La zona de General Ballivián, en donde históricamente hubo un ir y venir constante de grupos de pueblos indígenas, es la que más ha sido desmontada por la extensión de la frontera agropecuaria. En algunos casos, la intervención de la Justicia o de algunos funcionarios de la provincia terminó en un acorralamiento de las comunidades a las que solo les dieron 300 hectáreas de monte en un lugar que perdió su complejo ecosistema a raíz del modelo productivo impuesto.
