La Cámara de Diputados de Salta apuntó en la sesión de ayer al deficiente sistema de pago de los beneficios nacionales. Con el diseño actual se generan aglomeramientos en las puertas de los bancos, inclusive de adultos mayores que deben cobrar su jubilación.

Por ello aprobaron un proyecto de declaración en el que señalan que “verían con agrado que el Poder Ejecutivo Nacional por intermedio del organismo competente y en el marco de la emergencia provocada por la pandemia COVID-19 disponga que el pago de Jubilaciones, Pensiones, IFE, AUH, AUE, PNC, así también como todo otro beneficio, sea realizado en todas las entidades bancarias públicas y privadas de la República Argentina”.

Con esto se busca que al ampliar las bocas de cobro, la distribución de los beneficiarios reduzca los tiempos de espera y las malas condiciones en las que deben esperar en la vereda, además de disminuir el riesgo epidemiológico vigente por el coronavirus, tal como explicó la diputada Socorro Villamayor (STF).

“Uno de los problemas que tenemos es que cuando hablamos con ANSeS le adjudican la responsabilidad a los bancos, y estos a su vez tiran la pelota al ANSeS, lo cual hace que sea muy compleja su solución”, señaló Villamayor.

Además, detalló que en una reunión con autoridades del organismo nacional les informaron que el universo de beneficiarios que deben cubrir pasó de los 195 mil jubilados y pensionados a 1.014.232 beneficiarios en total ,entre los que se encuentran 360 mil que cobran IFE, 68 mil con pensiones no contributivas y 91 mil Asignaciones Universales por Hijo, lo que desbordó la logística que actualmente se divide en unas ocho entidades bancarias.

Igualmente, la diputada señaló que el problema de la mala atención se da también en general con todos los clientes, pero se magnifica los días del mes en los que se pagan los beneficios sociales.

A su turno, Ramón Villa (FdT) expresó su reclamo por, directamente, la falta de entidades bancarias en el interior, especialmente en el departamento Rivadavia, por lo que pidió que vuelvan a instalar el correo y se canalice el pago por ahí.

Un indignado Héctor Chibán (UCR) señaló que “estamos haciendo piripipi”, al considerar que con el proyecto no solucionan nada, y adjudicó responsabilidades al Estado provincial por no imponerle condiciones a los bancos, y por la falta de imaginación para buscar alternativas: “llevemos los camiones de caudales y vamos a pagar al estadio Martearena”.

“Con esta nota no vamos a conseguir nada ¿se imaginan al Presidente con las preocupaciones que tiene recibiendo una nota pidiendo que nos arregle las aglomeraciones en las calles? ¿ustedes creen que nos va a dar pelota?”, se preguntó el radical.

En tanto, Santiago Godoy dijo que se debía apuntar a las entidades bancarias con la nota y en todo caso enviar copias a los distintos poderes estatales, “pero el flechazo político debe ir a los bancos”, por lo que propuso modificar el proyecto.

Dicha sugerencia fue desestimada por Villamayor, al señalar que remitiéndola solo a los bancos se limitaría únicamente a la mala atención, en cambio, la idea de la iniciativa es buscar otro tipo de soluciones, como modificar el cronograma de pagos, ampliar la cantidad de bancos o plantear una atención en doble turno.

En Salta rige la ley 7800, de Protección de Derechos de Usuarios y Consumidores, que fija en 30 minutos como tiempo máximo de espera en instituciones públicas y privadas que tengan atención al público.

En tanto, esa normativa toma lo establecido en la Ley Nacional N° 24.240, de Defensa del Consumidor, al definir como “práctica abusiva” y contraria al “trato digno” de usuarios y consumidores cuando la espera es en condiciones de incomodidad que obliga a soportar las inclemencias climáticas, la falta de sanitarios de acceso libre y gratuito a disposición de los concurrentes y el tiempo de espera superior a los sesenta minutos para ser atendido, aún cuando se provea de asientos, existan instalaciones sanitarias y el orden de atención sea según talón numerado.

Todas estas circunstancias son las que se viven en la mayoría de los bancos que realizan los pagos a los beneficiarios, y al existir regulación legal al respecto, la secretaría de Defensa del Consumidor de la provincia estaría en condiciones de actuar al respecto con sanciones.

Colegios de odontólogos

Ayer también se aprobó la nueva regulación del Colegio de Odontólogos de la provincia de Salta que venía funcionando con pautas dictadas por el Decreto Ley N° 391/63, que lo creó como un apéndice del Colegio de Médicos.

Con la nueva reglamentación, explicó la diputada Laura Cartuccia (STF), autora de la iniciativa, se busca modernizar las normas que reglamenta a esa institución tanto por el transcurso del tiempo que pasó sin modificarse como por el avance de las ciencias vinculadas a la salud.

Violencia laboral y de género

La Cámara de Diputados también resolvió la creación del “Protocolo para la Prevención e Intervención en situaciones de Violencia Laboral con perspectiva de género en el ámbito de la Cámara de Diputados”, en base a un proyecto presentado por Silvia Varg (STF).

Dicha iniciativa crea un Comité de Seguimiento de Violencia Laboral y de Género integrado por al menos tres empleados de la Cámara y que tendrán por misión “recibir denuncias, generar un ámbito de contención y confianza, y brindar a la persona denunciante acompañamiento, asesoramiento, asistencia psicológica”.

El único voto en contra fue del diputado Andrés Suriani, que fundamentó su postura expresando “solidaridad con los empleados hombres”, porque a su entender quedarán sindicados como maltratadores y serán perseguidos por esa comisión.