Los abogados de la AMIA y la DAIA pidieron 20 años de prisión para el ex armador de autos truchos Carlos Telleldín, porque proveyó la camioneta que se usó en el atentado contra la mutual judía. Los letrados hicieron un cambio de calificación bajando la categoría del delito: ya no fue como partícipe necesario, cómplice de homicidios agravados, sino por “haber contribuido a causar una explosión que debió representarse que iba a provocar muertes”. Por esa razón, no pidieron reclusión perpetua, sino los 20 años de prisión. La querella de AMIA-DAIA afirmó que Telleldín “preparó, acondicionó y proveyó, con plena voluntad, el arma homicida”.

El juicio presidido por los magistrados del Tribunal Oral Federal 3, que integran Javier Rios, Andrés Basso y Fernando Canero, entró en su etapa final a partir de este miércoles y es posible que haya fallo antes de fin de año. El escenario es el habitual de los juicios actuales: en los monitores de computadoras se podía ver, por Youtube, a los jueces, los abogados, los fiscales, la defensa y al propio Telleldín, sentado delante de una biblioteca de textos legales (abajo, a la derecha, en la siguiente imagen). Es obvio que quiso exhibir que ahora, tras recibirse en el penal de Devoto, es un conocido abogado de la Patagonia.

Después del alegato de AMIA-DAIA, el miércoles próximo tendrán la palabra los familiares de las víctimas, representados por Horacio Etcheverry, mientras que el miércoles 18 alegará la fiscalía, que encabeza en este juicio Roberto Salum, pero que integran también Santiago Eyerhabide y Santiago Roldán. Luego será el turno de la defensa de Telleldín, a cargo de una defensora oficial, Verónica Carzolio. Finalmente, vendrán las réplicas y dúplicas. El TOF 3 tiene la costumbre de no limitar las exposiciones de manera que es una incógnita cuanto durará todo el proceso, pero existe la posibilidad de que se termine antes de fin de año.

En el alegato formulado, de manera remota, por Miguel Bronfman y Gabriel Camiser, el acento estuvo puesto en que Telleldín mintió y que esa es la prueba de su culpabilidad. Por ejemplo --dijeron los abogados--, El Enano, como le decían a Telleldín, no dijo qué camioneta exactamente fue la que explotó en la AMIA, dado que el vehículo que vendió el 10 de julio tenía la carrocería del vehículo perteneciente al disc-jockey Pedro Sarapura y la que apareció entre los escombros no era esa misma carrocería. Telleldín deja tácito que la Trafic que armó fue la que tenía la carrocería del disc-jockey, pero que en los ocho días transcurridos entre que la vendió y supuestament explotó en AMIA pudieron haber cambiado la parte de arriba. Tampoco dio explicaciones categóricas sobre la persona a la que le entregó el vehículo el domingo 10 de julio de 1994, ocho días antes del atentado. Su argumento es que se la dio a una persona que se presentó como Ramón Martínez, con domicilio en la calle San José, pero que el DNI resultó falso.

Todos estos elementos ya estaban en la causa en el año 2000, cuando Telleldín fue absuelto. Los abogados de AMIA-DAIA agregaron que en este juicio declaró una hijastra del ahora abogado Telleldín y contó que le entregó una birome a su padrastro para firmar el boleto. Señaló que le parecía que el acento del supuesto comprador pudo ser árabe. En su momento, Telleldín declaró que tenía acento extranjero, centroamericano.

En el alegato de este miércoles, Bronfman y Camiser reconocieron una cierta orfandad probatoria, aunque se la adjudicaron --con toda razón-- a la deplorable investigación que hizo el Estado argentino. Pero la admisión consistió en que resulta difícil probar que Telleldín fue cómplice, partícipe necesario, si no existen evidencias sobre los que “armaron la camioneta, la manejaron hasta el estacionamiento de la Facultad de Medicina, proveyeron los explosivos”, es decir la llamada conexión local. Esto es efectivamente así en el sentido de que es difícil probar que una persona fue cómplice de un grupo, pero no se sabe nada de ese supuesto grupo.

Aún así, los letrados insistieron en que “Telleldín no tuvo mala fortuna”, o sea que no armó una camioneta con partes robadas y de casualidad se la vendió o entregó a terroristas. “No es un personaje menor”, sostuvieron. Los sostenes de semejante acusación fueron, esencialmente, las mentiras.

El cambio de calificación --en lugar de homicidio agravado AMIA-DAIA acusaron por estrago doloso por dolo eventual-- fue un dato que llamó la atención. Por ese delito, estrago doloso por dolo eventual, fue acusado Omar Chaban en el caso Cromañón y la sostuvo el cineasta Enrique Piñeyro respecto del desastre del avión de LAPA, por ejemplo. También los familiares de las víctimas de la tragedia de Once intentaron esa figura. O sea, para la población en general, para los que no conocen de derecho, el delito parece más bien relacionado con accidentes --en este caso una explosión-- que tienen una culpa gravísima. Para los abogados de la conducción de la comunidad judía, en cambio, “Telleldín consideró que el resultado de la explosión era posible, lo hizo propio, lo aceptó”. Bronfman y Camiser dejaron en claro que la calificación “es culpa del Estado por la mala investigación, que fue pobre, pobrísima”.

La realidad es que después de 26 años existen pocas evidencias sobre la forma en la que cometió el atentado. El fiscal Alberto Nisman, que estuvo a cargo de la causa durante ocho años, sostuvo que hubo un suicida que condujo la camioneta, pero nunca se pudo probar ni su identidad ni cómo entró al país. Tampoco hay elementos sobre los explosivos ni el lugar donde estuvo la camioneta, desde que salió de las manos de Telleldín hasta que se estacionó frente a la Facultad de Medicina, seguramente con el explosivo cargado, 48 horas antes del ataque. Todo esto es lo que explica que, después de un cuarto de siglo, el atentado sigue impune.