Los abogados de Yuthiel Alderete, delegado de los vecinos asentados en la ampliación del barrio Parque La Vega, denunciaron que fue torturado en la Alcaidía. La denuncia está siendo tramitada en la Fiscalía de Derechos Humanos a cargo de Verónica Simesen de Bielke. Aún esperan la resolución de la apelación que realizaron al pedido de prisión preventiva del fiscal Horacio Córdoba. 

La Mesa de Derechos Humanos de Salta documentó el relato de Alderete y repudió esta violencia mediante un comunicado público. 

Alderete fue detenido el miércoles 14 de octubre y permaneció en aislamiento hasta este lunes, por un supuesto resultado positivo de un test para detectar la covid que se le practicó en la detención. La Mesa de Derechos Humanos señaló que el operativo de detención estuvo "teñido de irregularidades, con miembros de la fuerza vestidos de civil y vehículos sin identificación alguna".

Recién el lunes 2 de noviembre los abogados defensores, Adolfo Mariano Sánchez y Juan Carlos Rodríguez Alfesi, pudieron visitar a Alderete, y hablar con él por un teléfono. "Recién se atrevió a contarnos cosas que le hicieron que remontan a la época de la dictadura", sostuvo Sánchez ante Salta/12.  

La miembra de la Mesa de DDHH, Marcela Gutiérrez, fue con los letrados a la Alcaidía y pudo documentar el relato de Alderete. "Yuthiel contó que luego de una riña entre internos, fue sacado de su celda, por tres oficiales del GOPAR (Grupo de Operaciones Policiales de Alto Riesgo, a quienes reconoció por sus ropas)", precisaron en un comunicado. El delegado indicó que lo llevaron encapuchado y lo sometieron a torturas sumergiendo su cabeza en un piletón tres veces mientras los efectivos le pedían nombres de otros delegados y delegadas de la toma.  

Sánchez dijo que lo narrado por el delegado da cuenta de violencia institucional, física y psicológica, porque los policías le aseguraban que "esto no va a quedar así". La práctica conocida como"submarino", "fue una habitual forma de tortura durante la dictadura cívico-militar-eclesiástica que asoló nuestro país", manifestaron desde la Mesa.

El delegado señaló que estas agresiones se dieron cuando fue llevado al Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF). "Él pedía hablar con sus abogados y no se lo permitieron. Le pintaron los dedos y le hicieron firmar por qué quedaba detenido", explicó Sánchez. La tortura con el "submarino", según precisó Alderete a sus defensores, ocurrió en la madrugada del jueves 15 en la Alcaidía y dijo que "vio las insignias GOPAR".  

Para su defensor, "todo estuvo mal", porque al delegado le negaron el derecho a un abogado cuando fue detenido y esto es violatorio de la constitucion nacional y los códigos procesales. 

"No podemos permitir que este tipo de prácticas (de violencia institucional) que si bien sabemos que siguen ocurriendo en comisarías y cárceles del país, se naturalicen. La Mesa, va a acompañar la denuncia presentada por los abogados que son de una gravedad que ya no deberíamos estar reclamando dentro de un sistema democrático", afirmó Gutierrez ante Salta/12. Para la referenta, esto es un intento de aleccionar a otros delegados y gente de la toma para que teman ponerse al frente de una lucha social que tiene que ver con el reclamo ante el déficit habitacional. 

Sánchez indicó que Alderete no es cualquier detenido, sino "un dirigente social" que "está luchando por un pedazo de tierra para poder pagarlo" cuyo reclamo colectivo Interpela al Estado porque le reclama que garantice el derecho a la vivienda.

"Yuthiel no había podido contar esto antes porque él pudo comunicarse con sus abogados incluso con algún funcionario del poder judicial, con el juez de garantías Ignacio Colombo y con el fiscal Córdoba, solo a través de videollamadas. Todas las comunicaciones fueron por videollamada hasta que se cumplieron los 15 días de aislamiento por Covid-19  y siempre había alguien del servicio penitenciario cerca de él, incluso cuando tuvo la audiencia de imputación y el control de legalidad", sostuvo Sánchez. 

El delegado planteó a sus abogados que tenía miedo por su integridad física y por eso no contó sobre las torturas en el control de legalidad. "Son cosas espeluznantes. No contó antes para preservar su vida. Pedimos el resguardo de su identidad física y psíquica. Pedimos que lo revisen los médicos", añadió Sánchez.

El abogado señaló que ya desde los organismos de derechos humanos han dicho "nunca más" y que estás prácticas de tortura tienen que ser erradicadas, o "corre peligro toda la sociedad".

Sánchez también planteó que el delegado de la toma no tiene "ni una sola condena en su prontuario" para contrarrestar que en algunos medios hegemónicos se lo haya estigmatizado como si fuera un criminal. 

Gutierrez responsabilizó al gobierno de Gustavo Sáenz por la integridad física de la gente de la toma, ya que los delegados vienen manifestando que sufren persecusión policial. Por lo ocurrido con Alderete se convocó a una conferencia de prensa el viernes a las 10 en el asentamiento. 

La referenta dijo que el reclamo por la situación habitacional es genuino y esperan "voluntad política" para solucionar esta problemática.