El juez penal Juan Francisco Pisa, quien intervino en una de las denuncias de la docente asesinada el viernes pasado y supuestamente no adoptó las medidas para proteger a la víctima, ya había presentado antes del femicidio la renuncia a su cargo ante el gobernador de Tucumán, Juan Manzur.
La ministra de Gobierno y Justicia provincial, Carolina Vargas Aignasse, confirmó hoy que "la dimisión del magistrado de instrucción 1 ingresó el 15 de octubre pasado al Poder Ejecutivo", que ahora debe resolver si la acepta.
La presentación del juez Pisa fue realizada antes del femicidio de la docente de inglés Paola Estefanía Tacacho, crimen por cual magistrado judicial fue denunciado y recibió dos pedidos de destitución y debe afrontar una auditoría ordenada por la Corte Suprema de Justicia de Tucumán.
Los cuestionamientos contra el juez apuntan a un fallo del 2017, cuando sobreseyó a Mauricio Parada Parejas, asesino de Tacacho, quien en ese momento estaba siendo juzgado por romper en dos ocasiones la orden judicial de prohibición de acercamiento a la mujer. Los investigadores determinaron que la docente había denunciado en 13 ocasiones a Parejas por la constante violencia y hostigamiento que sufría de su parte.
La renuncia condicionada de Pisa, que le permitirá acceder a jubilarse como magistrado del Poder Judicial con el beneficio del 82% móvil, deberá ser aceptada por el gobernador Manzur.
En tanto, legisladores que integran el frente opositor “Vamos Tucumán” elevaron un pedido formal al gobernador para que se “abstenga de dar curso a cualquier aceptación de renuncia u otro trámite que tenga como consecuencia la jubilación del magistrado cuestionado”.
Los legisladores consideran que el juez busca “evitar el juicio político en su contra”, que ya fue solicitado por legisladores y organizaciones sociales.
Además, las fundaciones Mujeres x Mujeres y María de los Ángeles Verón presentaron esta mañana ante la Legislatura de Tucumán un pedido de juicio político contra el juez, que se suma al del legislador José María Canelada (UCR) y el de la organización Mumalá.
“Solicitamos formación de jurado de enjuiciamiento contra el juez de instrucción en lo penal Juan Francisco Pisa por negligencia en el ejercicio de sus funciones e incumplimiento injustificado de deberes inherentes a su cargo”, señala el documento presentado por ambas fundaciones. Paralelamente, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Claudia Sbdar, ordenó una auditoría urgente para analizar las denuncias de la joven profesora.
Fuentes de la investigación aseguraron que la docente había realizado 13 denuncias en el fuero Penal, una en el fuero Civil y tuvo una denegación de atención de su caso en la Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia.
Seis de esas presentaciones fueron archivadas, siete quedaron sin resolución y una habría llegado a pedido de elevación a juicio, pero el juez Pisa decidió sobreseer al acusado y archivar la causa.
La profesora de inglés fue asesinada a cuchilladas en la calle el pasado viernes por Parada Parejas, un exalumno de un instituto terciario que la hostigaba desde hacía al menos tres años.
Tras el ataque, cometido en Monteagudo al 500, en pleno centro de la ciudad de Tucumán, el agresor se suicidó con el mismo cuchillo al ser rodeado por un grupo de vecinos que le impidió escapar.
Medios de prensa tucumanos consignan que organizaciones sociales, abogados y profesionales con distintos abordajes de la violencia de género reclamaron urgente una ley para sancionar el acoso, una conducta que no está tipificada como delito en el Código Penal del país.
