Mientras los ex fiscales Patricio Serjal y Gustavo Ponce Asahad continúan detenidos acusados de cohecho, el ex empleado del Ministerio Público de la Acusación Nelson Ugolini seguirá con libertad restringida por 90 días, según se dispuso en la audiencia de revisión de medida cautelar por los delitos de Incumplimiento de los deberes de funcionario público y transmisión de datos reservados en carácter de coautor, y como partícipe primario del cohecho que se atribuye a quienes eran sus jefes. El fiscal Luis Schiappa Pietra solicitó la prórroga de las reglas de conducta que se impusieron en agosto, y la jueza Eleonora Verón lo aceptó.
Todo empezó con la declaración de Leonardo Peiti, el empresario del juego ilegal que contó cómo les pagaba a Ponce Asahad por protección, a partir de un acuerdo hecho con Serjal. Los fiscales Matías Edery y Luis Schiappa Pietra de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos les atribuyeron Ponce Asahad y a Ugolini la comisión de delitos contra la administración pública, con la participación de Serjal, para diseñar y ejecutar un plan cuyo objeto fue recibir dinero de Peiti, y a cambio se comprometían a transmitir información reservada, no investigar hechos que podrían construir delitos y/o interferir en las investigaciones en curso, retardar u omitir dictámenes propios de su competencia con objeto que no prosperen posibles imputaciones.
Según la investigación fiscal, desde al menos marzo de 2019, Serjal acordó con Peiti que quién se encargaría de mantener vínculo con él a los fines de cumplir con el pacto sería Ponce Asahad. En noviembre de 2019, quien era jefe de los fiscales se alojó en el Hotel Etoile de la Ciudad de Buenos Aires, donde se reunió con Peiti para indicarle el cumplimiento periódico de la cuota a abonar y el aumento de la misma. En cumplimiento de ese acuerdo, Ponce Asahad se encontró en distintas oportunidades a los fines de recibir el dinero acordado y transmitir información relevante para cumplir dicho acuerdo. Uno de esos encuentros ocurrió el 9 de julio pasado, al mediodía, cuando Peiti acordó que por la tarde entregaría 10 mil dólares. Más tarde, Ponce Asahad y el empresario del juego ilegal se reunieron en la sede del Círculo Argentino Árabe de Rosario para el intercambio.
En cumplimiento de los compromisos con Peiti, Serjal fue el 16 de julio al Organismo de Investigación, donde pudo observar un diagrama de la estructura que era objeto de investigación a una asociación ilícita integrada por varias personas entre las que se encontraba Peiti. Al otro día, los dos fiscales hoy presos volvieron y se impusieron ante la investigación. Serjal insistía en que su protegido era una víctima. Peiti había sido informado de la investigación que lo tenia como sospechoso, y le habían aconsejado que rompiera el teléfono.
Ugolini está acusado de haber transmitido información a Peiti sobre las causas en trámite en el MPA, en cumplimiento del acuerdo. En una oportunidad le informó sobre una causa que tenia como sospechosos a otras dos personas, que habían sido detenidas el 8 de enero de 2020 por portar armas de fuego sin la debida autorización legal. Lo hizo con imágenes de pantalla, por medio de la aplicación whatsapp. Poco después, el 18 de febrero, le remitió a Peiti un mensaje en el cual le informó las causas que podrían tenerlo como sospechoso o donde era investigado por juego clandestino. En tanto, en marzo, le remitió información sobre domicilios que serían allanados, en los cuales funcionarían salas de juego clandestino.
