Con un decreto, el 1184, el gobernador Omar Perotti dio de baja a uno de los planes más apreciados por la gestión anterior: El Plan Abre. El decreto se firmó por un planteo de la comuna de Gobernador Crespo que reclamaba la implementación del plan integral para mejoras sociales, edilicias y de seguridad de los barrios más necesitados de la provincia; y tal cual lo planteaba la ley 13.896 votada el año pasado, cuando aún era gobernador Miguel Lifschitz. El actual gobernador y su gabinete entendieron que esa ley es inaplicable. En su reemplazo empezó a funcionar el Plan Incluir que ya intervino con distintas áreas del Estado en barrios con carencias sociales y económicas. Ahora, el gobierno tendrá un fondo de más de 3 mil millones de pesos para cumplir con esas intervenciones que serán distribuidos a criterio del Ejecutivo y no mediante una ley como proponía el Frente Progresista.

Como era de esperar, la oposición no tardó en reaccionar. “El PJ nunca entendió la esencia del #PlanAbre. Era un programa para abordar desde todos niveles del Estado situaciones sociales críticas mejorando la convivencia. Educación, salud, obras, seguridad y mucha participación. Lo van a cambiar por algunas obras, repartidas discrecionalmente”, twitteó el ex diputado provincial y ex ministro de Gobierno del Frente Progresista, Rubén Galassi.

El Plan Incluir tendrá ahora la finalidad de “mejorar la calidad de vida de las personas y grupos familiares en los barrios mediante la generación de obras de infraestructura estratégica, vinculadas a la mejora del hábitat, el equipamiento barrial, el saneamiento y el acceso a energía y agua seguras; fortalecer las redes sociales del barrio promoviendo el encuentro, la participación y la convivencia en el espacio público, para prevenir la violencia interpersonal; impulsar la participación social y ciudadana en espacios barriales, donde autoridades locales y provinciales interactúen con los vecinos, a fin de priorizar en conjunto los problemas a resolver y abordar a las familias desde una perspectiva integral asegurando el acceso a derechos fundamentales”.

La actual administración ya viene aplicando el Plan Incluir desde hace algunas semanas con la intervención de distintas áreas del Estado en barrios con carencias sociales y económicas. En el mensaje de Presupuesto 2021 ya cobra fuerza en sus enunciados y en la asignación de partidas.

El decreto firmado en estos días fija una partida presupuestaria de 3.138 millones de pesos para dicho plan. También crea en el ámbito del Ministerio de Gestión Pública y bajo la coordinación de su titular, el Consejo Provincial de Coordinación de Políticas Sociales; el que estará integrado por los titulares de las carteras de Infraestructura, Servicios Públicos y Hábitat, Seguridad, Desarrollo Social e Igualdad y Género. Este consejo coordinará la formulación y articulación de programas, planes y proyectos entre los distintos niveles de gobierno, organizaciones de la sociedad civil y otros actores estratégicos del desarrollo territorial; implementará intervenciones urbanas integrales, por intermedio de todos los organismos y jurisdicciones de la administración pública, procurando una eficiente administración y asignación de los recursos disponibles; relevará, con el aporte de las instituciones barriales y organizaciones de la sociedad civil, las demandas y problemáticas sociales existentes a los fines de efectuar diagnósticos focalizados e identificar a la población en estado de riesgo y vulnerabilidad social y propondrá políticas y estrategias de abordaje de las distintas problemáticas sociales.

En los considerandos del decreto habla de que "el trato desigual estaría en excluir a las comunas del acceso a la financiación de diferentes proyectos a través del Programa de Intervención Integral de Barrios, lo que resulta discriminatorio y perjudicial para los habitantes de poblaciones que se organizan como comunas y sin base en el principio de solidaridad financiera, que se verían impedidos, sin fundamentos que lo justifiquen, de acceder a obras de infraestructura que optimicen la accesibilidad barrial, la urbanización, la disponibilidad de equipamiento social y su calidad habitacional; de lograr mejoras en obras de saneamiento, agua potable, cloacas, tratamiento de residuos y construcción de unidades habitacionales, entre otros no menos importantes beneficios".

Pero además entiende que la Ley Nº 13896 "no supera la prueba de constitucionalidad que toda norma necesita para su concreta aplicación; por lo que corresponde al Poder Ejecutivo tomar las medidas necesarias para preservar la vigencia de la legalidad".