La conflictividad sobre los territorios que disputan las comunidades originarias como propios con quienes aparecen como titulares registrales, volvió a exponerse en un intercambio que tuvieron los integrantes de la Comunidad Honat Le Les (Hijos de la Tierra), con Jorge Ortega Velarde, de la empresa Agropecuaria Suipacha.

Tras insistir en que los habitantes originarios, miembros del Pueblo Wichí, usurpan el territorio, que ya está reconocido como de uso ancestral, Ortega Velarde les pregunta “¿Usted ha visto lo que ha pasado en Guernica?”, refiriéndose a la represión desatada para desalojar a quienes ocupaban este sector de La Plata en la provincia de Buenos Aires. Para los integrantes de la Comunidad, fue una advertencia ante un posible desalojo del territorio que les es reconocido como de uso ancestral.

Según surge de ese intercambio, registrado en video por los miembros de Honhat Le Les, Ortega Velarde fue a la comunidad ese día para alambrar unas 400 hectáreas comprendidas dentro del territorio de uso ancestral de más de 3.400 hectáreas de la Comunidad, en la jurisdicción de Embarcación, uno de los municipios del departamento General San Martín. 

En el video el titular registral afirma que esas 400 hectáreas son suyas y por eso busca delimitarlas. Es entonces que los originarios lo cuestionaron, dado que antes les había dicho que todo el territorio que ellos reclaman es de él. Esa afirmación fue llevada a la práctica cuando la empresa que integra Ortega Velarde autorizó en reiteradas ocasiones la posibilidad de talar madera que se terminó extrayendo de cualquier parte del territorio, y no solo de las 400 hectáreas que quiere delimitar.

Denuncia

Tras el intercambio y en pos de defender el territorio en donde viven 20 familias de la Comunidad, el presidente del Consejo Directivo de Honat Le Les, Bruno Paz, denunció a la empresa Agropecuaria Suipacha “por el robo de madera del territorio que ocurrió en reiteradas oportunidades, solicitando una medida cautelar de no innovación de parte de la empresa Suipacha". También reclamó una "Reparación económica para la comunidad por las maderas sustraídas y daños ambientales ocasionados al territorio se encuentra con relevamiento según resolución 262 del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas), dentro de la ley 26.160, artículo 14 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), y que se tomen las medidas legales correspondientes del caso”.

En el intercambio que se pudo observar por distintos videos que tomó la comunidad, el titular registral vuelca sus preceptos (y también algunos prejuicios), sobre las políticas que apuntan a la emergencia territorial de pueblos indígenas. Para Ortega Velarde el INAI no decide, sino que lo hacen los “fiscales, jueces”, y el plano de la “Dirección de Inmuebles”. El mapa de uso ancestral del territorio amparado en la ley de Emergencia Territorial Indígena N° 26.160 “es una cosa política que nada tiene que ver. El INAI en una especie de… no es la Justicia, no es el juez. Acá la persona que opina es un fiscal, un juez y una cámara”, insistió. Acusó a la Comunidad de tener “mala voluntad”, porque “estamos pagando los impuestos para que ustedes vivan acá y a esto lo queremos libre”.

Aunque desde el sábado hasta ahora la Comunidad no volvió a informar si existió un nuevo “intercambio” o enfrentamiento con el titular registral, temen que vuelva a suceder. En el sector en disputa hay intervención de la Policía cuando Ortega Velarde paga adicionales para que los uniformados vayan a la zona a custodiar que los trabajos para alambrar puedan realizarse. La Comunidad se opuso en todo momento y, hasta ahora, pudo acordar a través del diálogo la paralización de los trabajos con los policías que hacen los adicionales.