La fiscala penal de Derechos Humanos, Verónica Simesen de Bielke, requirió la elevación a juicio de la causa que tiene como imputado al comisario Walter Mamaní, acusado de los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad (dos hechos), falsedad ideológica (dos hechos) y vejaciones agravadas con fines de venganza en perjuicio del joven Luciano Diez en Apolinario Saravia. La funcionaria también pidió que sean juzgados otros cuatro policías. La jueza Patricia Rahmer deberá resolver el requerimiento.
Diez denunció que el pasado 28 de junio sufrió un primer hecho de violencia policial en que Mamaní, quien se encontraba con otros efectivos, le efectuó disparos mientras transitaba en su vehículo. El joven planteó que luego lo siguieron hasta su domicilio, lo detuvieron e intentaron armarle una causa penal. El comisario sostuvo en los medios de comunicación locales, al día siguiente, que Diez iba a alta velocidad y que había intentado pasarle el auto por encima, todo fue desmentido cuando la madre del muchacho, Iris Waidelich, solicitó las grabaciones de las cámaras de seguridad del Centro Integrador Comunitario que se encontraba al frente de donde ocurrió el incidente. En los videos se vio que Diez transitaba despacio y que el policía efectuó disparos sin ninguna razón que las justifique. En la misma semana, luego de que liberaran al joven y radicara una denuncia, el comisario intentó detenerlo nuevamente.
El pedido de elevación a juicio se planteó también para cuatro policías de la subcomisaría de El Dorado de Apolinario Saravia. Uno de ellos es el cabo Juan Giménez, imputado por los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real, con coacción, en calidad de autor.
La sargenta Julia Antolina Díaz y el sargento Sergio Argañaraz también están con requerimiento a juicio, fueron acusados de los delitos de abuso de armas agravado, privación ilegítima de la libertad, falsedad ideológica, vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real y en calidad de autores.
En tanto el agente Franco Matías Vizgarra actualmente está imputado por los delitos de privación ilegítima de la libertad y vejaciones agravadas con fines de venganza, todo en concurso real, en calidad de autor. Pero la fiscala consideró que al no haberse podido verificar que el acusado estuviera en el momento en el que ocurrieron las detonaciones contra el vehículo de Diez, corresponde dictar el sobreseimiento por el delito de abuso de armas agravado y lo mismo respecto a la "falsedad ideológica" puesto que no hay informes que lo vinculen.
Para la fiscala Simesen de Bielke se encuentra acreditado que aproximadamente a las 4 de la mañana del pasado 28 de junio, mientras el denunciante Diez circulaba lentamente con su vehículo por avenida 9 de Julio, en inmediaciones de Parque Norte – Sala Nido de Apolinario Saravia, apareció en sentido contrario el móvil policial Nº 1745, en el que se desplazaban los acusados, quienes sin motivo alguno, realizaron al menos cuatro disparos con la intención de amedrentarlo.
Después los efectivos se dirigieron al domicilio del denunciante, donde le dijeron que quedaba detenido por evadir un control policial y darse a la fuga, por lo que los acusados privaron al damnificado ilegalmente de su libertad, ya que no había motivos que autorizaran al personal policial para aprehenderlo. Para avalar la restricción ilegal, los acusados armaron una causa penal, en la que el comisario Mamaní formuló una denuncia en contra de Diez por el delito de atentado a la autoridad.
Además, durante el traslado de Diez y luego de que lo ingresaran a la dependencia policial, la fiscala sostuvo que los acusados lo sometieron a malos tratos físicos y psíquicos.
El pedido de elevación a juicio deberá ser resuelto por la jueza Rahmer quien actuará en reemplazo del juez Héctor Sebastián Guzmán que fue recusado por el Ministerio Público Fiscal.
Mamaní continúa detenido en la División Caballería de la capital salteña.
A raíz de este caso, se cerró la dependencia de la fiscalía de Apolinario Saravia. El jueves 6 de agosto Simesen de Bielke imputó al auxiliar fiscal Sergio Dantur por incumplimiento a los deberes de funcionario público y encubrimiento agravado al haberse detectado contactos entre el funcionario y Mamaní para informarle acerca de la causa en su contra. Por disposición del procurador general de la Provincia, Abel Cornejo se abrió un sumario contra el funcionario, instruido por la fiscal María Celeste García Pisacic.
