El gobernador Gustavo Saénz firmó junto a la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, un convenio para la implementación en la provincia del programa de Apoyo y Acompañamiento a Personas en Situación de Riesgo por Violencia por Motivos de Género (Acompañar). 

El principal objetivo es brindar asistencia ecónomica a las mujeres e identidades del colectivo LGBTI+ que se encuentran en riesgo por situaciones de violencia de género. La ayuda es equivalente a un salario mínimo, vital y móvil por un período de seis meses. Y a ello se suma el acompañamiento integral y el acceso a dispositivos de fortalecimiento psicosocial. 

Acompañar forma parte del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género 2020-2022. La asistencia se orienta a presentar un nuevo paradigma que comprenda un abordaje integral de las violencias. De esta forma, se busca crear condiciones materiales para que las personas y grupos más afectados por las violencias de género puedan desarrollar un proyecto de vida autónomo y además reducir la feminización de la pobreza.

En Salta será ejecutado por la Subsecretaría de Formación y Promoción de los Derechos Humanos, dependiente del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos, Trabajo y Justicia de Salta. El organismo se constituirá como Unidad de Ingreso, Acompañamiento y Seguimiento.

La Secretaría de género que no fue

Cuando se inició la gestión de Sáenz se diseñó una Secretaría en Preveción y Lucha contra la Violencia de Género dentro de la estructura del Ministerio de Seguridad. El hecho de que se creara una Secretaría era en principio auspicioso, porque hasta el momento no se había logrado que los gobiernos provinciales den ese rango a las demandas de género. Pero en este caso la inclusión en al área de Seguridad fue rechazada por organizaciones de mujeres. 

Sin embargo, la secretaría nunca funcionó. La cartera de Seguridad informó a Salta/12 que fue porque "carecía de competencia", por lo que fue trasladada al Ministerio de Desarrollo Social, ya disminuida a Agencia de las Mujeres, Género y Diversidad. 

Pero la Agencia tampoco se quedó en Desarrollo Social. La secretaria de Derechos Humanos, Mariana Reyes, dijo a Salta/12 que fue trasladada por decreto al Ministerio de Gobierno y que dependía directamente de la Subsecretaría de Igualdad de Oportunidades. Actualmente, el trabajo está abocado a la capacitación en Ley Micaela, la Iniciativa Spotlight, el Plan provincial de Derechos Humanos y el programa de Intervención a Hombres (Priho).

En el gobierno de Juan Manuel Urtubey el lugar de la agenda de género estaba previsto en la Subsecretaria de Políticas de Género, con la gestión de Sáenz, esta subsecretaría desapareció. Todo esto en un contexto en el que ambas cámaras legislativas prorrogaron, en octubre pasado, dos años más la Ley de Emergencia Pública en Materia Social por Violencia de Género en todo el territorio salteño.

Una política provincial escasa

Desde las organizaciones sociales y feministas de Salta afirman que las políticas públicas provinciales en materia de género son escasas, que existe una ausencia en la formación en perspectiva de género y que el presupuesto destinado a atender la problemática es poco. 

La Casa de Atención y Acompañamiento Comunitario (CAAC) emprendió, a raíz de la pandemia, redes de prevención y asistencia a mujeres. Son más de 50 mujeres, en su mayoría jóvenes, que trabajan como promotoras en prevención de violencia de género en las localidades de Capital, Salvador Mazza, Aguaray y Orán. "Son zonas donde hay mucha violencia machista contras las mujeres y diversidades", expresó su integrante Natalia Altamirano. 

La asistencia consiste en contactarse con las personas, sea virtual o físicamente, y brindar el asesoramiento y derivación de casos a las dependencias estatales. Este contacto se da sin problemas, pero el primer acercamiento con el Estado ya dificulta el proceso. Resulta que las comisarías demoran o no quieren tomar las denuncias de las mujeres. 

Altamarino dijo que la mayoría de las veces los efectivos policiales caen en la revictimización de la persona por carecer de formación en perspectiva de género. 

La situación no es ajena en ningún rincón de la provincia puesto que desde la Colectiva Feminista Panambí, de la ciudad de Orán, se denunció públicamente esta semana que "hacer una denuncia por violencia de género se convierte en una tortura". Mariana, una de sus integrantes, dijo a Salta/12 que las comisarías no quieren tomar las denuncias de forma inmediata sino que obligan a las mujeres a dirigirse primero al hospital, sea cualquiera el nivel del caso para recién poder radicar la denuncia. 

"Tenemos que peregrinar por todo el departamento", cuestionó. Describió que para ser atendidas en el hospital deben esperar una hora, luego dos horas más en la comisaría, y encima el episodio de violencia tiene que ser relatado en todas esas instancias. 

En el caso de que las mujeres logren radicar la denuncia policial, ambas organizaciones afirmaron que la articulación con los organismos estatales que están abocados a la temática es floja. En Orán funciona la Coordinación Mujer, Género y Diversidad. Mariana dijo que allí se cuenta con acompañamiento legal y psicológico, pero funciona sólo con tres personas y ante la demanda de casos, la intervención estatal se vuelve menor.

En la Capital de Salta la coordinación se da con el Polo Integral de las Mujeres, creado en 2018, porque además de la asistencia legal y psicólogica, tiene una pequeña partida económica. Pero Altamirano dijo que "pocas veces pudimos articular con el Polo" y "las veces que pudimos, pocos fueron los casos solucionados".

La periodista feminista Susana Peralta, que asiste a mujeres en situación en violencia de género, sostuvo que el tratamiento psicológico es un problema porque "el Polo no tiene más que un primer abordaje donde hay tres profesionales". Además, dijo que hay días que la respuesta del organismo "es muy pobre". En el caso de la Oficina de Violencia Familiar (OVIF), que depende del Distrito Judicial de Salta afirmó que es "un poco mejor".

Peralta dijo que la atención a la problemática era más efectiva en la gestión anterior, por lo menos "mal o bien las cosas salían", señaló. "Con esta gestión me parece muy lento y pobre todo", puntualizó.

Para Altamirano, "la violencia en Salta no ha frenado y las políticas públicas siguen siendo insuficientes". Sostuvo que existen dos deficiencias en la gestión provincial. La primera es que no hay un presupuesto mayor para abordar la problemática. Y la segunda, es que existe una carencia en la formación en perspectiva de género en cada estamento estatal. Por eso, señaló que "es fundamental que se pueda capacitar en la Ley Micaela".