En menos de 24 horas hubo en nuestro país dos desalojos que la derecha local festejó al grito de “viva la propiedad privada”. Se trató sin dudas de una victoria para quienes perdieron las elecciones nacionales hace justo un año y una muestra de debilidad y de falta de compromiso con el electorado de quienes asumieron con la promesa de “empezar por los últimos”.

Ambas escenas ponen en discusión mucho más que el rol de la justicia que ordenó el desalojo de Dolores Etchevehere en Entre Ríos y de las familias de Guernica en la Provincia de Buenos Aires. El historial de los jueces y fiscales a cargo no deja muchas dudas sobre lo que se repite una y otra vez: el carácter patriarcal y racista del poder menos democrático de nuestra reñida democracia.

Lo que está en juego es la historia del acceso a la tierra y los dos usos que habilitan lo más básico de la vida humana: un techo digno y la producción de alimentos.

En Guernica ganó la especulación inmobiliaria y en Entre Ríos está por verse si es posible llevar adelante un proyecto agroecológico como el que propone el Proyecto Artigas, rodeado de productores de soja y miembros de la Sociedad Rural Argentina.

Con el tiempo sabremos qué será de los terrenos en los que más de 3000 personas soñaron con un barrio de puertas abiertas. Por el momento sólo se conoce la intención de uno de los dueños de extender canchas de rugby o de golf para anexar al country San Cirano.

¿Cuánto habría costado a la provincia de Buenos Aires comprar esas tierras? Seguro menos de lo que costó responder a la demanda de la policía bonaerense que, fuera de toda legalidad, se sublevó en armas y rodeó la residencia presidencial hace pocos meses. Así lo decía unos días después Nelly, jubilada y vecina de la toma en la primera asamblea feminista en Guernica: “es doloroso ver que gana el más fuerte, el que tiene un arma en la cintura. Nosotras no amenazamos a nadie, estamos pidiendo un pedacito de tierra para vivir”. Es doloroso, pero también peligroso si el mensaje que queda es ese. A pocos días del desalojo, el Ministro de Seguridad Sergio Berni exigía más recursos para reprimir. Y los tuvo. 4000 oficiales que dejaron de atender delitos graves en el resto de la provincia para desplegar un operativo-campaña publicitaria con un mensaje claro: la criminalización de la pobreza.

El despliegue de recursos del Estado para salvaguardar los privilegios de quienes pueden reclamar la propiedad por ser amigos del poder contrasta con el hambre que no afloja en las barriadas populares.

150 policías se llevaron a Dolores Etchevehere detenida, escena que jamás sucedió con su padre y su hermano, ambos procesados por usurpación de un terreno que pertenecía a la escuela agrotécnica que linda con la estancia Casa Nueva. Los Etchevehere necesitaban esas 80 hectáreas porque allí había un pozo de agua. El relato es unánime en los alrededores del campo: lo hicieron “a punta de escopeta”. Otra vez la ley del más fuerte por sobre cualquier otro criterio de justicia.

La extensión del agronegocio y la especulación inmobiliaria chocan de lleno con la posibilidad de construir una sociedad que cobije y dé de comer a todxs. Si la política es conflicto, éstas son las grietas que no podremos cerrar: las que surcan la tierra dejando de un lado a las familias de siempre, amparadas en sus sociedades anónimas y del otro, a millones de historias ya cansadas del anonimato.

La salud del patriarcado

Ni el conflicto en Guernica ni el caso Etchevehere pueden pensarse como asuntos privados a pesar de que sea la manera en la que se pretendió bajar, a un lado y a otro, la espuma sobre las repercusiones.

Dolores Etchevehere es una más de las miles de mujeres que en el seno de una familia tradicional y patriarcal es violentada y puesta a un lado para que sean los varones los administradores de la herencia. Como cuenta Lilian Ferro, investigadora y autora del libro “Género y propiedad rural”, las familias ricas se encargan de que las mujeres se casen con alguien que pueda garantizarle la pertenencia al mismo círculo social. O les pagan estudios y emprendimientos personales con el fin de mantenerlas alejadas de los negocios del hogar.

Ayer hubo una buena noticia proveniente de un poder del que poco se espera: el fiscal federal Federico Delgado libró un oficio a la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), para darle intervención en la denuncia de Dolores por violencia económica.

El gesto de la única mujer entre los cuatro hermanos herederos es doblemente punzante. Por un lado, porque rompe el pacto de silencio que siempre protegió a los varones del clan. Lo personal es político y lo familiar no es privado, aunque pataleen madre y hermanos e intenten lo de siempre: tratarla de loca. Por el otro, porque su denuncia no está dirigida sólo a su familia. Lo que cuestiona es el impacto social que tiene la forma en la que se manejan sus hermanos, siempre acostumbrados a ganar, a no dar explicaciones, a que la justicia falle a su favor, sea cual sea la causa, las pruebas y el daño generado. Cuando junto al Proyecto Artigas habla de reparación, lo que se lee es una denuncia a todo el entramado que habilita el agronegocio, la contaminación de la tierra y hace girar la máquina de producir descartados, como diría Dolores, usando palabras del Papa Francisco.

Son casos resonantes porque atraviesan la historia argentina y nos remiten al momento en el que, parafraseando a Vargas Llosa, “se jodió” nuestro país. La especulación inmobiliaria y la extensión del agronegocio están tan vinculados a la última dictadura militar como los miembros de las sociedades anónimas que reclaman Guernica y la estancia Casa Nueva.

Una investigación de EdiPO (Equipo de Investigación Política) cuenta detalles sobre el vínculo de Bellaco SA, uno de los “dueños” del predio, con el dictador Videla. Era asesor y amigo personal. La compra del terreno fue en el año 1983, bajo el gobierno de facto.

“Cuando éramos chicos pasábamos los veranos en esta estancia. Todo el tiempo venían visitas. Nosotros teníamos que quedarnos quietitos y portarnos bien frente a los gobernadores, los jueces, los fiscales que venían a cerrar tratos. De los personajes que más frecuentaban la casa, recuerdo a Von Wernich (sacerdote argentino de la Iglesia católica, capellán de la Policía de la Provincia de Buenos Aires durante la dictadura militar). Su hermana fue siempre la mejor amiga de mamá”, cuenta Dolores.

Sobre los muebles de la casa antigua todavía hay adornos que prueban el vínculo de los Etchevehere con las fuerzas de seguridad durante la dictadura. No sería extraño que en los próximos días encontremos una foto que junte al supuesto dueño de Guernica, al padre del ex ministro de agroindustria y al represor Jorge Rafel Videla, con quien ambos tenían probados vínculos.

La cercanía con personajes ligados al terrorismo de Estado continúa hasta hoy en la familia Etchevehere. Uno de los hermanos, Sebastián, está casado con Isabel Rodríguez Varela, hija del ministro de Justicia de Videla y hermana de Mariana Rodríguez Varela, más conocida como “la loca del bebito”, lobbista antiaborto. Familia, tradición y propiedad.

Romper el anonimato que pretenden familias y sociedades es dar en los talones de las estructuras patriarcales.

Guernica country club

Para llegar al predio de Guernica hay que pasar antes por la entrada de más de una decena de barrios privados. La intendenta Blanca Cantero dijo que ella tenía que defender a los 18 countries del partido que gobierna, según cuenta Maria Rosario Fernandez, de la Gremial de Abobados que acomapañó a algunxs vecinxs.

Cuando empezó el conflicto en Guernica, desde el gobierno de la provincia se encargaron de difundir datos sobre la evasión fiscal de estos barrios privados. Se calcula que al menos un 25% (más de 200) está mal registrado y paga impuestos como si se tratara de tierras baldías.

Según informó ARBA, las arcas provinciales perdieron al menos 1500 millones por esta “avivada VIP”. No hemos visto todavía ningún despliegue de fuerzas ni demandas judiciales que hagan pensar que la justicia es ecuánime. Tampoco se les dice usurpadores, ladrones ni corruptos a los desarrolladores inmobiliarios siempre amparados, al igual que los Etchevehere, en sociedades anónimas que facilitan las cuentas borrosas. En cambio, en Guernica hubo 500 personas que dieron sus datos confiando en que se trataba de un censo y a cambio fueron imputadas por toma de tierras.

Después de eso hubo dos censos más: uno que realizó el dispositivo interministerial y otro en el que participaron organizaciones de Derechos Humanos como el CELS y SERPAJ. Éste último arrojó que había, a pocos días del desalojo, 1400 núcleos familiares instalados en el predio de 100 hectáreas.

Los entredichos sobre las negociaciones son aún difíciles de comprender. Había una propuesta de reubicación que respetaba la consigna “tierra por tierra”. El gobierno provincial aduce que respetó la división de poderes y que la Justicia actuó en los plazos previstos. Sin embargo, no fue la falta de herramientas si una decisión política. Se eligió no presentar un decreto o un recurso ante la Corte provincial. También podría haberse pedido juicio político para el juez Rizzo que sigue en su cargo después de sonreír para una foto mientras a su alrededor había quienes esquivaban balas de goma y lloraban al ver cómo destrozaban lo poco que tenían en las casillas que armaron en los últimos tres meses. “¿Acaso no tengo derecho a sacarme una selfie”? dijo horas después del desalojo en un programa de radio, apelando a sus garantías constitucionales.

Paisaje repetido

Alrededor de la estancia Casa Nueva brilla la soja transgénica. Es el paisaje extendido de toda la provincia de Entre Ríos, corazón del agronegocio. Detrás de ese cuadro que sólo es bucólico a la distancia se esconden dos récords que no avergüenzan a una de las familias más ricas de la provincia, históricamente ligadas al poder político y judicial.

El primero es un récord mundial: en esta provincia se encuentra uno de los pueblos con más glifosato por metro cuadrado en todo el planeta, Urdinarrain. Esa concentración de veneno esparcido en todo el suelo provincial explica que el 50% de les niñes con cáncer que se atienden en el Hospital Garrahan provenga de Entre Ríos.

El segundo es un récord local: en la ciudad de Concordia se concentra la tasa de pobreza más alta del país. Según datos del mes pasado, el 52,2% de las personas son pobres, 10 puntos por encima de lo que sucede en el Gran Buenos Aires. Sí, en una de las provincias más ricas en recursos naturaleshay pueblos enteros que pasan hambre.

Por eso el grito de defensa de la propiedad privada que lanzaron los Etchevehere y los representantes de la derecha local más desembozada, como Patricia Bullrich y el ex senador vitalicio Miguel Pichetto, no puede leerse sólo como el derecho a poseer tierras. Lo que reclaman, silenciosamente, es el derecho a definir, sin límite alguno, cómo multiplicar sus ganancias. Cuando dicen propiedad privada lo que defienden es el uso de agrotóxicos, el monocultivo, defienden también la posibilidad de “pagarle dos mangos a la peonada”, como cuentan en el pueblo quienes mejor conocen a los Etchevehere.

Reclaman el derecho a mantener oculto todo lo que pasa en sus hectáreas del mismo modo que rechazan cualquier proyecto que priorice el interés común. La explotación laboral que denunciaron los hermanos Cornejo a quienes durante años se les pagó miserias y se los obligó a vivir en condiciones inhumanas, la mugre y las instalaciones obsoletas del tambo de la estancia, el daño que le generaron a les estudiantes de la zona por el robo de tierras a la escuelita. Esa es la propiedad privada que defienden, aunque cuando se encienden las cámaras y aparecen lxs periodistas busquen generar empatía en quienes piensan que están en juego sus propiedades, su(s) casita(s), su motito o el auto que compraron en cuotas.

Propuestas para otra tierra: la deuda de fondo

Quienes fueron desalojados de Guernica cantaban “vamos a volver” en la manifestación que hicieron después del desalojo. En estos meses se contaron infinidad de historias que pusieron de relieve quiénes son las más perjudicadas por la falta de acceso a la tierra. Son mujeres trabajadoras, muchas de ellas desocupadas, con hijes a cargo. Son jubiladas que gastan lo que cobran en medicamentos. Son mujeres trans que escapan de situaciones de violencia.

Los feminismos pusieron en discusión que pedir tierra para vivir (y para producir) es mucho más que la ampliación de una casa para evitar el hacinamiento o la garantía de un techo para cubrirse de la lluvia.

La otra cara de la feminización de la pobreza es la masculinización de la riqueza. Son los pactos de caballeros que negocian en mesas privadas lo que se hace sobre nuestros suelos, y también sobre nuestros cuerpos lo que hay que modificar para romper el círculo que genera desigualdad y paisajes partidos.

Los dos desalojos de la semana empujan un debate urgente: ¿de quién es la tierra y que se hace con ella? Poner un freno a la especulación inmobiliaria es una decisión política y la única manera de dar lugar a la vivienda digna. Del mismo modo, la producción de alimentos sanos y accesibles para todo el mundo sólo es posible si se frena la extensión del agronegocio y el uso de agrotóxicos.

Ante la defensa corporativa de las sociedades anónimas, surgen propuestas concretas: de las alianzas entre movimientos sociales, organizaciones feministas y movimiento ecologista nacen proyectos como la ley de acceso a la tierra, la urbanización de barrios populares, la ley de humedales e incluso propuestas de reforma agraria. Son agendas que no pueden desterrarse porque las encarnan cuerpos concretos ligados de uno y mil modos a la tierra que defienden. Son, como diría Gabo Ferro, como la maleza. Algunos pretenden arrancarlas y no por malas, sino “por lo que saben del campo”.