Dolores Etchevehere utilizó su derecho a no hablar y se abstuvo ante la Justicia entrerriana en la causa que se le inició por el delito de usurpación impulsada por sus hermanos varones, luego de haber tomado y cedido la estancia familiar "Casa Nueva", en la localidad entrerriana de Santa Elena. La acusada no declaró por entender que es un proceso jurídico lleno de irregularidades y arbitrariedades: "El delito que le imputan es un absurdo total", comentó Facundo Taboada, uno de los abogados de Dolores, quien también está citado a declarar por la misma causa el próximo lunes. 

La citación la realizaron los fiscales Constanza Bessa y Oscar Sobko y se llevó a cabo este viernes a la mañana. Según la investigación fiscal, Dolores y Taboada tomaron las instalaciones familiares mediante amenazas y engaño, por lo que podría enfrentar una pena que va de seis meses a tres años de prisión por el delito de usurpación. En el caso de Dolores, existe un agravante que tiene que ver con el delito de desobediencia judicial por el cual la arrestaron por negarse a desalojar la estancia y desacatar la orden de la jueza al momento del desalojo. 

Causa armada

La decisión de Dolores Etchevehere había sido adelantada por el propio Taboada más temprano en declaraciones a la radio De la Plaza de Paraná, quien también comunicó que hará lo mismo en la audiencia del próximo lunes. "Es una causa armada, como armaron durante toda la historia los estancieros forzando a los caseros y a la gente que más necesita. La armaron con tres declaraciones falsas de dos caseros y un co-administrador del campo que es del riñón de los Etchevehere, con eso le estuvieron dando instrucciones al fiscal todo el tiempo para que hiciera lo que ellos querían que era instalar en los medios un relato falso que plantea que Las Margaritas SA no tiene relación con la sucesión cuando todo Entre Ríos sabe perfectamente que la fundó el abuelo de Dolores y de hecho es un bien propio”, manifestó y agregó: "Activaremos lo mecanismos legales correspondientes para después perseguir a los que están usando cargos en beneficios de particulares en lugar de buscar la verdad y la Justicia”.

La Investigación Penal Preparatoria (IPP) continuará investigando para avanzar en la recolección de pruebas que puede llevar la causa a juicio oral. Paralelamente, se llevan otras causas vinculadas al conflicto familiar: una por presunta estafa por el vaciamiento de El Diario de Paraná, en perjuicio de otros socios, acreedores, trabajadores y el Estado, por la que el juez Carlos Ríos citó a declaración indagatoria al ex ministro, sus hermanos y su madre y una por violencia económica que se lleva adelante en Comodoro Py mientras Luis Miguel era ministro del gobierno de Mauricio Macri. La lleva a cabo Federico Delgado, quien consideró que la violencia de género es un factor principal en el caso y dio intervención a la Unidad Fiscal en Violencia contra las mujeres (UFEM), para que colabore en la investigación.