Representantes de los vecinos del asentamiento ubicado detrás del Mercado de Concentración de Fisherton sobre el que pesa la intención de desalojar a partir del pedido de un privado, se reunieron ayer con autoridades provinciales y municipales. Según los abogados Celina Tidoni y Norberto Olivares, de la misma se fueron con el anuncio de que del "representante del gobierno provincial se comprometió a presentar un pedido en la Fiscalía para suspender el desalojo, habida cuenta de que existe una mesa de diálogo entre las vecinas y autoridades de los gobiernos. Asimismo, hubo un compromiso por parte de los funcionarios presentes a responder las demandas de las vecinas en una audiencia a realizarse el 16 de noviembre".

Luego de la movilización que realizaron el jueves habitantes del asentamiento de Magaldi y Benteveo, acompañados por organismos de derechos humanos, sindicatos y organizaciones políticas, sociales y estudiantiles, una delegación fue recibida por Ignacio Rico, Subsecretario de Hábitat de la provincia; Fernando Leva, director del Distrito Noroeste de la Municipalidad de Rosario; Juan Manuel Scarabaggio, Director General Jurídico de Servicio Público de la vivienda y el hábitat, y Gabriel Aguirre, director de planeamiento de la Municipalidad.

Según informaron los abogados y organizaciones que acompañan a los vecinos, en la reunión éstos reiteraron el pedido de una respuesta efectiva para su demanda de tierra.

Asimismo, reclamaron que se termine el proceso de imputaciones y las amenazas de desalojo del asentamiento. Denunciaron que en el mismo momento en que se realizaba la audiencia, el fiscal notificó a varias familias que deberán presentarse la semana que viene para ser anoticiados de la realización de una audiencia imputativa.

Quienes viven en el asentamiento denuncian "la falta de pruebas sobre la propiedad de la tierra en discusión, ya que el supuesto dueño mismo declaró, en el escrito presentado ante el fiscal, que no tiene título de propiedad", argumentaron.

"En definitiva: una persona pide al fiscal un desalojo de más de 100 familias de una tierra que no puede comprobar su propiedad, y que los vecinos saben que fue un basurero durante décadas, limpiado y recuperado por ellos", indicaron.

"Al día de hoy, las familias de Magaldi aún no tienen una resolución para su problema de falta de vivienda y de tierra y el fiscal avanza en su intención de sacarlos por la fuerza. Todos y todas sabemos lo que eso significa", alertaron en un comunicado.