Desde La Paz.Bolivia es un río revuelto de acontecimientos a menos de 48 horas de la toma de posesión de Luis Arce y David Choquehuanca. Se trata de una situación fuera de lo común: un gobierno de facto en retirada desordenada con mezcla de huida y movimientos desesperados, y un gobierno electo bajo amenazas y con gran respaldo popular.
La última de esas amenazas, pasada al acto, fue el ataque con dinamita al local del Movimiento al Socialismo (MAS) donde se encontraba Arce, que ocurrió el jueves en la noche en la ciudad de La Paz. La detonación tuvo lugar luego de un nuevo intento de movilización por parte de sectores de derecha que denuncian que tuvo lugar un fraude electoral y piden que se suspenda la toma de posesión.
El intento de generar acciones fuertes en La Paz no dio resultado hasta el momento. La ciudad está en calma, con sus actividades normalizadas, sin cuarentena. Los focos de protesta se mantuvieron en las zonas fuertes de la derecha, en Santa Cruz y, en menor medida, Cochabamba, en lo que es la geografía actual del conflicto boliviano: con fuerza en oriente, menor capacidad en el centro, hasta poco o casi nada en el centro del poder político paceño.
Las protestas tampoco demostraron un gran apoyo popular en el principal bastión cruceño. Allí, donde comenzó el viernes un “paro cívico” anunciado por el Comité Cívico, se reportaron tensiones entre quienes llevan adelante los bloqueos y habitantes de algunos barrios debido a la falta de consenso. En Cochabamba, donde la derecha desplegó grupos armados, se reportaron enfrentamientos con transportistas.
Rómulo Calvo, presidente del Comité, quien pedía a Jeanine Añez que suspendiera la toma de posesión del próximo domingo, afirmó en la tarde del viernes que “lamentablemente las acciones más importantes que tenía que haberlas dado nuestra presidenta, como parar el cambio de mano, no lo ha hecho, está dejando un país convulsionado”.
Junto a las acciones callejeras sin la repercusión esperada por sus dirigentes, se han dado nuevos intentos de desconocer los resultados electorales del pasado 18 de octubre. El principal acontecimiento tuvo lugar el jueves con una carta enviada por la vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Rosario Baptista, al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, para solicitarle una “auditoría especializada e independiente”, debido a la “posible existencia de un bloque de data alterno, técnicamente reservado, con acceso privilegiado, restringido y secreto (…) que podría haber condicionado el resultado final”.
La carta enviada por Baptista se tradujo en que otros dirigentes de la derecha se sumaran a cuestionar el resultado del 18 de octubre, como Jorge Quiroga, quien había desistido de su candidatura presidencial poco antes de la contienda. Carlos Mesa, segundo en las elecciones -con 26 puntos menos que Arce-, pidió al TSE dar explicaciones acerca de la carta presentada por Baptista.
La Sala Plena del TSE, encabezada por su presidente Salvador Romero, volvió a ratificar los resultados de las elecciones en una conferencia de prensa. El jefe de la misión del Centro Carter, José Antonio de Gabriel, quien fue parte de la observación electoral, también respaldó el resultado: “cuando se pone en duda una elección que se ha conducido con tanta transparencia, es muy importante que de manera igualmente transparente se aporten datos concretos (…) no simplemente echar una sombra de duda”.
En ese contexto, el gobierno de facto emite diferentes mensajes. Por un lado, el ministro de la presidencia, Yerko Nuñez, también le solicitó una auditoría al TSE. Por otro lado, Añez, envió un mensaje de cierre de gestión, y en cuanto a Arturo Murillo, quien fue ministro de facto de Gobierno, se especula que podría intentar una fuga del país, suposición que toma fuerza con la notificación hecha por la justicia a migraciones sobre la prohibición de salida del país de Murillo y de Fernando López –ex ministro de facto de Defensa.
El plan de última hora de un sector de la derecha parece entonces estar en proceso de naufragar debido al poco consenso social, falta de unidad, y activación tardía de las acciones. Mientras tanto, en la mañana del viernes, Arce y Choquehuanca estuvieron en el Tiwanaku, donde se realizó una ofrenda a la Pachamama, y ambos recibieron el bastón de mando de los amautas “para gobernar en paz, prosperidad y unidad”, según afirmó el nuevo presidente de Bolivia que asumirá el domingo.
En el centro de La Paz ya han comenzado a reunirse en la Plaza Murillo los primeros movimientos sociales, indígenas, venidos de diferentes puntos del país. Se espera también la llegada de la Central Obrera Boliviana que se declaró en emergencia y vigila debido a las amenazas de sectores de la derecha golpista. La toma de posesión del nuevo gobierno estará acompañada en las calles por quienes protagonizaron meses de resistencia, primero para impedir el golpe, luego ante sus imposiciones, persecuciones y masacres, y finalmente para lograr que se realizaran las elecciones que le dieron la victoria al MAS.
La jornada del domingo será seguida de la llegada de Evo Morales a Villazón el día lunes, desde donde comenzará una caravana que se espera multitudinaria hasta llegar a Chimoré el día 11 de noviembre, con una gran carga simbólica ya que, desde ese sitio, exactamente un año antes, tuvo que dejar el país producto del golpe de Estado y la persecución desatada. Con la asunción de Arce y Choquehuanca, y el regreso de Morales, habrá comenzado una nueva etapa en Bolivia, compleja y bajo asedios anunciados de un sector de la derecha.