Con las firmas de Paula Olivetto, Juan Manuel López, Maximiliano Ferraro, Mariana Zuvic y Mariana Stilman, el bloque de diputados de la Coalición Cívica-ARI --liderado por Elisa Carrió-- impugnó ante el Consejo de la Magistratura la candidatura del juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla para integrar la Cámara Federal porteña. Lo cuestionó por supuesta "parcialidad y actitud militante" en la investigación del espionaje ilegal realizado por la asociación ilítica paraestatal que involucró al falso abogado Marcelo D'Alessio y a Carlos Stornelli, el fiscal de la causa de las fotocopias de los cuadernos, un expediente caro a los intereses de Carrió. Entre otras cosas, la CC le achacó al juez su presunta participación en el supuesto Operativo Puf Puf, sin importarle que hace pocos días el juez Marcelo Martínez de Giorgi determinó que no hubo ninguna maniobra ni delito en ese caso, pese a lo que afirmaban Carrió y los medios de comunicación afines a Juntos por el Cambio.
En defensa propia
Toda la presentación de la CC-ARI contra Ramos Padilla es un intento por contraatacar tras la confirmación y ampliación del procesamiento del fiscal Stornelli, hombre clave en el armado de causas judiciales contra el kirchnerismo, en las que tuvo amplia participación Carrió. Ya lo habían ensayado en 2019, con la denuncia por obstrucción de justicia mediante el supuesto Operativo Puf Puf: las diputadas Mariana Zuvic y Paula Olivetto se presentaron en el juzgado de Claudio Bonadio, en nombre de Carrió, para asegurar que existía un complot contra la causa cuadernos y presentaron como prueba un sobre, supuestamente enviado en forma anónima a la propia Carrió, conteniendo escuchas telefónicas realizadas por la AFI a ex funcionarios presos en Ezeiza, con las que pretendían sostener que la causa por espionaje ilegal en Dolores era un armado sin respaldo real. La realidad es que esa causa revela que la banda liderada por D'Alessio espió y extorsionó a casi cien personas, en connivencia con la AFI macrista.
Tras la muerte del juez Bonadio, aquella denuncia de Zuvic y Olivetto quedó en manos del juez Martínez De Giorgi, quien terminó archivando el expediente Puf Puf: afirmó que en la investigación de Ramos Padilla no hubo conspiración alguna, que la causa por extorsión y espionaje ilegal fue confirmada por la Cámara Federal de Mar del Plata y que no afectó la causa de las fotocopias de los cuadernos.
De paso, en su resolución, el juez Martínez De Giorgi detalló las insólitas maniobras realizadas con las escuchas ilegales en Ezeiza. El primero que las usó fue Stornelli, que dijo haberlas recibido de manera anónima en un sobre que tiraron por abajo de la puerta de su fiscalía. Por lo tanto, se presentó con un acusación de complot que en verdad era una forma de defenderse por su vínculo con D'Alessio. Se sorteó la denuncia y cayó en el juzgado de Luis Rodríguez, con Jorge Di Lello como fiscal. Como Stornelli temía que su jugada no tendría futuro en ese juzgado, con las mismas escuchas se urdió la presentación de Zuvic y Olivetto que, finalmente, cayó donde esperaban: en manos de Bonadio.
La acusación
La CC-ARI sostuvo que el juez incurrió en "conductas graves e ilícitas" durante la instrucción del caso D'Alessio, y que lo hizo "con el objetivo de interferir en la causa de los cuadernos". Para los legisladores que responden a Carrió, Ramos Padilla también formó parte de una maniobra de fórum shopping para quedarse con esa causa. Además, lo acusan de haberse presentado "ante una comisión de libertad de expresión de la Cámara de Diputados, presidida por el diputado kirchnerista Leopoldo Moreau, sin que la citación haya sido formulada por el plenario sino de manera arbitraria, por su presidente”, y plantean que allí formuló "consideraciones sesgadas y ventiló abiertamente y ante numerosos medios de comunicación y público en general, parte de la supuesta prueba colectada en la causa; lo que a todas luces resulta un prejuzgamiento y una abierta violación al debido proceso e incluso, al Estado de Derecho”.
El argumento de los seguidores de Carrió es que hay un "vínculo entre ex funcionarios kirchneristas y el juez federal de Dolores a partir del cual se habría originado la causa D'Alessio en su juzgado" y que ahora la postulación de Ramos Padilla para integrar la Cámara Federal porteña sería una “devolución de gentilezas”, para que el magistrado "ascienda en su carrera judicial".
