Más de ocho años después de la histórica sentencia que reconoció la existencia de un plan sistemático de apropiación de bebés durante la dictadura, la situación del exintegrante de la última Junta Militar Rubén Oscar Franco sigue dando vueltas entre el Palacio de Tribunales y Comodoro Py. En su último acuerdo del jueves, la Corte Suprema reenvió el tema a la Cámara de Casación Federal con un tirón de orejas a la Sala III de este tribunal por la demora. Las dilaciones para revisar las sentencias de lesa humanidad fueron parte de las críticas que plantearon organismos de derechos humanos y el Gobierno cuando Carlos Rosenkrantz convocó a una reunión de la llamada “comisión interpoderes”, que debe monitorear el avance de los juicios por violaciones a los derechos humanos.

Franco integró, en representación de la Armada, la cuarta Junta Militar, que asumió después de la derrota en Malvinas y entregó el poder a un gobierno democrático. Antes, había sido jefe del Estado Mayor del Comando de Operaciones Navales y secretario de Información Pública entre 1978 y 1979, lo que le reservó una felicitación del propio Jorge Rafael Videla por el gusto de haberlo tenido como un leal empleado. Después de un largo juicio, en 2012, el Tribunal Oral Federal (TOF) 6 de Ciudad de Buenos Aires lo absolvió por mayoría en el juicio por el plan sistemático de apropiación de niños y niñas durante el terrorismo de Estado. La jueza María Roqueta votó por su condena, pero quedó en minoría.

La cuarta Junta estuvo marcada por la llamada ley de autoamnistía y por el documento final, que decía que debían considerarse como muertos a los desaparecidos. Franco firmó el documento final, aunque él dice haber estado en desacuerdo con la llamada ley de pacificación nacional o autoamnistía. Los defensores de Franco también sostuvieron que, durante el período en que él integró la Junta, no hubo casos de apropiaciones de niños. 

A diferencia de sus colegas, la jueza Roqueta entendió que Franco --con el rol clave que ocupó en la última dictadura-- hizo posible que el accionar ilegal perpetrado por sus antecesores se ejecutara y no fuera descubierto. “Se aseguró que esas criaturas que habían sido previamente sustraídas, restituidas, retenidas y ocultadas no llegaran a manos de sus familias biológicas, quienes jamás fueron informadas acerca de su paradero”, escribió entonces la jueza.

En 2014, la Sala III de Casación Federal --conformada por Eduardo Riggi, Liliana Catucci y Mariano Borinsky-- revirtió el fallo inicial del TOF 6 y condenó a Franco a 25 años de prisión por 31 casos de sustracción de menores. La resolución de Casación fue celebrada por Abuelas de Plaza de Mayo. Como la condena fue en Casación, otra sala de ese mismo tribunal debe revisarla, y debería ser algo prácticamente automático. De hecho, en una de las últimas reuniones que los organismos de derechos humanos mantuvieron con la Corte se planteó el tema de Franco y la necesidad de que esas revisiones no esperaran en la Corte para volver a Casación. Nada de eso pasó. La Corte recién ahora, con la firma de sus cinco integrantes, lo remitió al máximo tribunal penal para que una sala diferente a la Sala III lo revise.

Eso sí, la remisión fue con un claro reproche hacia los casadores. “Frente al excesivo tiempo transcurrido desde la concesión del recurso extraordinario deducido por la defensa de Franco hasta el efectivo ingreso en el Tribunal, sin que se hayan demostrado o verificado circunstancias excepcionales que justificaran esa evidente demora, corresponde exhortar a la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal para que, en lo sucesivo, extreme los recaudos necesarios tendientes a evitar la reiteración de situaciones como la aquí observada", escribieron los supremos.

La situación no admite demasiadas dilaciones. Franco tiene 93 años. No tiene firme ni la sentencia del plan sistemático ni la que en 2017 dictó el TOF 5 en la megacausa Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA). En esa oportunidad, recibió una pena a 20 años, que está para ser revisada por la Sala II de Casación Federal.

Según cálculos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, en la Corte hay alrededor de 65 causas para ser revisadas. Fuentes del máximo tribunal sostienen que hay más de 400 recursos que deben ser examinados por los supremos. Rosenkrantz se comprometió en la reunión de la comisión interpoderes a trabajar para evitar la demora en las causas de lesa humanidad que esperan revisión en la Corte. 

Ésta es la segunda causa con importante demora que, después de ese encuentro, los supremos mandan de regreso a Casación en lo que se entiende como un mensaje destinado a repartir las culpas por las demoras. Sucedió, como contó este diario, con la sentencia a los jefes de áreas, porque en 2009 el TOF 5 había dictado absoluciones, que después, en 2012, anuló la Cámara de Casación, pero no pasó por otra sala revisora. En ese tribunal, ya estaban conformando la sala para volver examinar el caso, que será presidida por el camarista Javier Carbajo.