Desde Santa Fe

La fiscal de la provincia, Cristina Ferraro, fracasó en su intento de frenar la investigación de su colega, el fiscal federal Walter Rodríguez, quien la denunció por supuesto “encubrimiento agravado” en la modalidad de “hacer desaparecer pruebas, rastros e instrumentos del ilícito” y le inició una acción penal. Es que Rodríguez puso bajo la lupa el rol de Ferraro en el hallazgo en la agencia de turismo del empresario Hugo Oldani, asesinado el 11 de febrero, de un millón de dólares y tres millones de pesos que no se sabe dónde están y lo consideró un “dato concreto y objetivo de una manifestación económica pasible de ser investigada”. Ante el destape, Ferraro le pidió al juez federal Marcelo Bailaque que se declare incompetente, le saque la causa a Rodríguez y la despache al Ministerio Público de la Acusación (MPA), pero el magistrado rechazó el planteo. “La investigación debe continuar en la Justicia Federal”, resolvió Bailaque, que hoy está a cargo del Juzgado Nº 2 de Santa Fe porque se jubiló su titular, Francisco Miño.

El incidente reveló dos mundos. El planteo de la defensa de Ferraro, que a juicio del fiscal “esconde” otra cosa. Y la pesquisa de Rodríguez, que intenta “reconstruir históricamente el esquema de negocios paralelos que funcionaba (en el local de Oldani) bajo el paraguas protector y aparente de una agencia de turismo”, pero se topó con una “necesidad de cumplimiento imposible”: “la caja de seguridad emplazada en el lugar no fue registrada por la autoridad competente”. La fiscal que debía resguardar la escena del crimen era Ferraro.

La investigación se inició por una denuncia del ministro de Seguridad Marcelo Sain. “El hallazgo y posterior sustracción de la escena del crimen de una millonaria suma” en pesos y dólares “no se condice con los montos que maneja un operador turístico”. Por lo tanto, existen “elementos serios y verosímiles para inferir” que allí “podría haber funcionado una ‘cueva financiera’, sin autorización del Banco Central, ni de la AFIP, para realizar operaciones de cambio y/o préstamos de dinero”, dijo Sain. Y encuadró los hechos en supuesta “intermediación financiera no autorizada", "lavado de activos" e "infracciones a las leyes tributaria y cambiaria", todos de “competencia federal”.

La defensa de Ferraro planteó que si Oldani no era investigado el 11 de febrero, cuando lo mataron, tampoco puede investigarse a Ferraro. Ese esquema sería así. "No existió, ni podrá comprobarse delito alguno respecto de Oldani que pueda atraer por conexidad la investigación del presunto encubrimiento” de la fiscal. “Por lo tanto, no podrá declararse la existencia” de una intermediación financiera “como delito precedente del supuesto encubrimiento atribuido a la doctora Ferraro”, escribió el penalista que la defiende, Néstor Oroño.

El fiscal Rodríguez le contestó a que él investiga a los vivos. El protocolo del Ministerio Público Fiscal ordena investigar cuando “se detecta una gran cantidad de dinero en efectivo, (como ocurrió en la escena del crimen de Hugo Oldani)” porque “podría constituir un supuesto de incremento patrimonial no justificado, indicativo de obligaciones de pago no satisfechas que supondrían la comisión de una infracción prevista por la ley 11.683 o, en su caso, la posible comisión del delito de evasión tributaria”, precisó.

“La investigación deberá orientarse a verificar si efectivamente la persona que detenta el dinero en efectivo (en este caso desaparecido sin que se haya cumplido una mínima diligencia para establecer su pertenencia) desarrolla alguna actividad comercial o económica lícita capaz de generar los fondos detectados, cuál es la situación y el comportamiento fiscal ante la AFIP, para luego establecer si efectivamente existen obligaciones tributarias evadidas y si éstas efectivamente alcanzan o no la condición objetiva de punibilidad establecida por el art. 1 de 24.769 y sus modificatorias”, agregó.

El fiscal Rodríguez pidió entonces a Bailaque que rechace el planteo de Ferraro. “La comprobada tenencia injustificada de grandes cantidades de dinero (1.100.000 dólares estadounidenses y 3.050.000 pesos) resulta ser un dato concreto y objetivo de la manifestación de capacidad económica pasible de ser investigada”, dijo. Y adelantó que ya pidió la “intervención” de la AFIP en la causa.

Bailaque coincidió con Rodríguez que el Juzgado a su cargo es “competente” en el caso. El fiscal –explicó el juez- promovió la “acción penal” para investigar “delitos contra el orden económico y financiero”, entre ellos “lavado de activos de origen ilícito” e “intermediación financiera”. Y “ante la importante cantidad de dinero hallada y desaparecida en la escena del crimen”, “dispuso distintas medidas de prueba para establecer” si al día del crimen, el 11 de febrero de 2020, “alguno de los responsables de la firma Turismo Oldani produjo actividades tendientes a procurar y hacerse de recursos financieros de terceros para prestarlos al público en general”. “Es decir, la investigación del delito precedente cuyo encubrimiento prima facie el fiscal le atribuye a la doctora Ferraro, se encuentra dirigida a establecer la intervención de terceras personas, distintas a Oldani”.

“Por lo expuesto, la investigación debe continuar en el ámbito de la Justicia Federal y rechazarse el pedido de la defensa de la doctora Ferraro”, dijo Bailaque. Y así lo resolvió.