A casi tres años de la desaparición del ARA San Juan, uno de los oficiales de la Armada procesado en la causa reveló que el gobierno nacional, encabezado por el ex presidente Mauricio Macri, ocultó a los familiares y a la opinión pública nacional e internacional que habían ubicado al submarino el 5 de diciembre de 2017. Desde esa fecha, veinte días después de la desaparición de la nave, se mantuvo la reserva hasta que el 16 de noviembre de 2018 se informó oficialmente sobre lo que presuntamente se sabía desde casi un año antes.

La revelación agravaría la situación de Macri, del ex ministro de Defensa Oscar Aguad y del entonces jefe de la Armada Marcelo Srur, dado que el fiscal ante la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, Norberto Bellver, ya adelantó el viernes 30 de octubre que pedirá que los tres sean citados como imputados a prestar declaración indagatoria en la causa que tramita en el juzgado federal de Caleta Olivia.

El testimonio que conmocionó a los familiares de los 44 tripulantes del submarino fue realizado ante el Tribunal Superior de Comodoro Rivadavia, integrado por los jueces Javier Leal de Ibarra, Aldo Suárez y Hebe Corchuelo de Huberman, por el contralmirante Enrique López Mazzeo, ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, uno de los seis procesados en la causa que lleva la jueza federal Marta Yáñez.

“Cuando vean toda la documentación, se van a dar cuenta de que nosotros, cuando tuvimos que firmar el mensaje más doloroso en toda mi carrera, que fue el cierre del caso SAR (el operativo internacional de búsqueda del ARA San Juan), teníamos detectada la posición del submarino y por eso habíamos coordinado con la Marina Británica, el 5 de diciembre (de 2017), el pedido de un vehículo autónomo, porque sabíamos que podía estar únicamente en dos cañadones, que era lo que no podíamos verificar con todos los medios internacionales requeridos”. El lugar era el mismo en el cual se encontró el submarino, pero --por razones que se deben investigar--, recién se lo dio por encontrado el 16 de noviembre de 2018.

Un día antes, en la Base Naval de Mar del Plata, el ex mandatario Mauricio Macri realizó el primer acto de homenaje presidencial a la tripulación y en algún momento de su mensaje pareció dar por inminente un hallazgo que, según lo dicho por López Mazzeo, ya se había hecho antes, pero que se había mantenido oculto.

De acuerdo con los dichos de López Mazzeo, veinte días después de la desaparición del submarino se tuvo conocimiento sobre la posición de un objeto con características similares. El dato fue aportado por el comandante del buque chileno Cabo de Hornos. Esta es la primera vez que se afirma que el dato era el correcto, que se trataba del ARA San Juan.

Dada la profundidad en la que se encontraba, la zona debía ser explorada por un vehículo submarino autónomo. López Mazzeo sostuvo que la Armada Británica ofreció sus servicios. Ese país estaba participando del operativo de búsqueda y rescate aportando el rompehielos HMS Protector.

La abogada Valeria Carreras, una de las querellantes en representación de muchos de los familiares de las víctimas, recordó a Página/12 que ese 5 de diciembre de 2017, al que aludió López Mazzeo, el entonces vocero de la Armada, el capitán Enrique Balbi, informó que inspeccionaban un objeto ubicado a 940 metros de profundidad, a partir de un dato aportado por el buque Cabo de Hornos, de la Armada de Chile. En ese momento, en las manifestaciones ante la prensa, se dijo que el barco chileno había precisado que el objeto señalado tenía un largo de unos 30 metros, mientras que el submarino tenía una eslora (largo) de 60 metros.

Sin embargo, cuando el barco Seabed Constructor, de la empresa Ocean Infinity, encontró el submarino, la nave había quedado reducida a 33 metros, por la destrucción sufrida durante la tragedia. Y fue hallado muy cerca del lugar señalado por el buque Cabo de Hornos.

Por otra parte, Carreras dijo que el 25 de noviembre de 2019, al prestar declaración indagatoria ante la jueza Marta Yáñez, el mismo López Mazzeo había señalado que “nunca” había presenciado “mayor ignominia hacia la Armada que la actitud cobarde y mentirosa” de quiénes eran sus superiores en ese momento. Sostuvo que “movidos por interéses personales provocaron la demora en el hallazgo del naufragio, ignorando y desprestigiando el trabajo profesional al que afanosamente se entregó el personal naval durante la búsqueda de sus camaradas”.

En la declaración textual, el hoy imputado López Mazzeo cuestionó “la forma inaudita en la que se extendió la agonía de los familiares y seres queridos, integrantes de la familia naval”. Carreras lamentó que, en esa instancia, no se haya profundizado la indagatoria para conocer a fondo quiénes fueron los responsables de esas demoras.

Claudio Rodríguez, hermano del submarinista Hernán Rodríguez, uno de los tripulantes del ARA San Juan, dijo al ser consultado por este diario que “es muy importante que se tomen en cuenta las declaraciones de López Mazzeo, porque lo más importante en la causa es determinar quiénes fueron los responsables de esta tragedia, tanto respecto de las responsabilidades por las condiciones en las que se encontraba el submarino al partir hacia la misión, como en todas las negligencias y ocultamientos que hubo en la búsqueda”. Resaltó que “tienen que ser investigados todos los responsables políticos y de la Armada”.

En la causa, además de López Mazzeo, están procesados el capitán de navío Claudio Villamide, ex comandante de la fuerza de Submarinos; el contraalmirante Luis Malchiodi, ex jefe de Mantenimiento y Arsenales; el capitán de navío Héctor Alonso, ex jefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; el capitán de fragata Hugo Miguel Correa, ex jefe del Departamento de Operaciones de la Fuerza de Submarinos; y el capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia, ex jefe del Departamento de Logística de la fuerza submarina. Se los acusa de “estrago culposo agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público y omisión de oficio”.