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Cinco oficiales superiores policiales, entre ellos un ex jefe de Unidad Regional de Rosario y un ex subjefe de la policía santafesina, quedaron en prisión preventiva por tres meses por haber cobrado coimas para brindar protección a una banda dedicada al juego clandestino, con epicentro en Rafaela. Tres de los policías acusados se desempeñaron como jefes de la Unidad Regional del departamento Castellanos, donde según el fiscal actuante fueron parte de la asociación ilícita liderara por el capitalista de juego ilegal David Perona. Entre los policías acusados está el ex jefe de la Unidad Regional II, Juan Pablo Bengochea, el ex subjefe de la policía de la provincia, comisario general José Jorge Pérez, y los comisarios Fabián Forni y Javier Gorosito. El único de los imputados que no está retirado es el rosarino Flavio Aranda. Pérez, Forni y Bengochea fueron jefes de la Unidad Regional V Rafaela. Por su parte Gorosito fue jefe de la Agrupación de Unidades de Orden Público, mientras que Aranda integró la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional V.
En una audiencia de mas de doce horas el fiscal de Delitos Complejos, Martín Castellano, sumó ayer a los cinco oficiales a la estructura en la que ya había imputado a doce civiles, con quienes tenían tolerancia tarifada y continuada para el desarrollo del juego ilícito. Por este "favor" los jefe policiales recibían cobros sumas entre 120 a 280 mil pesos con frecuencia variable, entre semanal y mensual, en lugares mencionados frente al juez actuante, durante 2017 y 2019. Habida cuenta que la justicia ubica la investigación entre estos mismos años, sorprendió que no se estableciera la responsabilidad de quién era el máximo jefe policial de la unidad regional en ese año, que no es otro que el comisario retirado Adrián Rodríguez. El ex jefe policial fue detenido en octubre de 2017 en una investigación por la causa conocida como Horas Ospe, que derivó en una causa que incluyó al propio ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro, quien fue escuchado judicialmente por los fiscales María Laura Martí y Roberto Apullán por una sospecha de arreglo de un ascenso policial. Pero finalmente Rodríguez fue despegado de cualquier reproche penal en ambas causas.
Ahora las detenciones las resolvió el juez Javier Bottero en una audiencia que se llevó a cabo de forma remota en los tribunales de Rafaela, que comenzó minutos después de las 15 del viernes y finalizó pasadas las 3 de la madrugada del sábado. El fiscal Castellano, a cargo de Delitos Complejos de la Unidad Fiscal Rafaela, ya imputó a otras 12 personas y cuatro de ellas están bajo régimen de prisión preventiva.
Castellano les atribuyó a los cinco policías la coautoría del delito de asociación ilícita en calidad de organizadores. Además, a los imputados Bengochea, Forni y Aranda les endilgó ser partícipes necesarios del delito de organización, administración, operación y explotación de sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente.
“Los cuatro policías retirados y el policía en actividad junto a otros dos civiles que ya habían sido imputados anteriormente –de iniciales DAIP y MGU–, acordaron constituir y formar parte de una asociación de carácter delictivo de manera estable, con suficiente organización y roles definidos”, explicó Castellano en la audiencia.
El funcionario sostuvo que “la asociación ilícita estaba destinada al ejercicio regular y habitual de organización, administración y explotación de juegos de azar que no contaban con la debida autorización emitida por las autoridades competentes en la materia”. “Los civiles investigados entregaban parte de las ganancias obtenidas de la actividad ilegal a los policías en los períodos en que cada uno de ellos formó parte de la asociación ilícita, conforme a un acuerdo existente para el reparto de las ganancias”, describió.
El fiscal argumentó que “la entrega del dinero era a raíz de la protección policial que brindaban para que las actividades delictivas de la organización criminal sean factibles y desarrolladas con los menores contratiempos posibles”.
Castellano especificó que “el accionar ilícito de los imputados consistió en brindar información para que los civiles conserven a resguardo las ‘salas’ de juego”. También subrayó que “impartieron instrucciones para optimizar el rendimiento de la explotación ilegal; volcaron su influencia para obstruir o inhibir cualquier tipo de control, actuación o procedimiento policial y facilitaron las condiciones necesarias para que las ‘salas’ pudieran habilitarse, mantenerse en el tiempo o bien cerrarse temporalmente, incluyendo el suministro de información sobre investigaciones fiscales en curso”.
Castellano añadió que “los pagos eran de entre 120 y 280 mil pesos y se hacían de forma semanal, quincenal o mensual de acuerdo a la modalidad establecida por el jefe policial de turno”. También precisó que “algunas entregas de dinero se hicieron en el edificio de la Jefatura de Policía de Rafaela, pero otras las hacían personalmente los civiles imputados en la vía pública”. En tal sentido, refirió a los lugares en los que se concretaron y enumeró “la intersección de la avenida Mitre y calle José Ingenieros; inmediaciones de calle Primera Junta a la altura de una de las tribunales laterales del estadio del Club Atlético Rafaela; y la avenida Roque Sáenz Peña frente al monte de eucaliptus”.
En la misma línea el fiscal advirtió que “a partir de enero de 2017, a los hechos delictivos que constituían el objeto de la asociación ilícita desde su inicio, se añadió el ejercicio habitual y continuo de la actividad de organización, administración y explotación de juegos de azar sin autorización”. El funcionario judicial explicó que “estaba dirigida a un público indefinido y variado que concurría de manera fluida y asidua a los establecimientos puestos a disposición a tales fines o bien ingresaba a páginas online para disputar los juegos de azar”.
“El entramado de negocios ilegales indicados fue desplegado en cuatro inmuebles en la ciudad de Rafaela, dos en Sunchales y uno en la localidad de Ramona”, afirmó y agregó que “mediante la puesta a disposición de locales físicos de acceso libre en los cuales los asistentes disputaban juegos de azar mediante la utilización de máquinas y equipamientos electrónicos o bien a través de la modalidad denominada ‘juego o casino on-line’”.
El fiscal del MPA también concluyó que “a estos fines, los miembros de la organización vendían ‘créditos’ para que los adquirentes ingresen a sitios web que se les indicaba en condiciones de disponer de recursos para apostar en el marco de partidas online de juegos de azar, asumiendo la misma, en consecuencia, la condición de intermediaria en el flujo de dinero entre los portales web de apuestas y los jugadores”.
