El gobierno nacional comunicó en el Boletín Oficial la Decisión Administrativa 1995/20 que habilita a las universidades nacionales a volver a las clases presenciales. La decisión  para  cualquier retorno queda en manos de los gobiernos provinciales y los rectores de cada universidad de acuerdo a la situación epidemiológica. 

En ese contexto, Graciela Morales, la vicerrectora de la Universidad Nacional de Salta (UNSa) informó a Salta/12 que la decisión de una posible reapertura se definirá en lunes de forma conjunta con los decanos de las seis facultades, los directores de las tres sedes en la provincia y autoridades del Comité Operativo de Emergencia (COE).

En la disposición nacional se deja asentado que cualquier retorno a la presencialidad se debe realizar bajo las normativas del Protocolo marco y lineamientos generales para la vuelta a las actividades académicas presenciales en las universidades e institutos universitarios, aprobado el 8 de agosto. 

En esa oportunidad Morales sostuvo a Salta/12 que el Protocolo creaba "muchas expectativas, pero tenemos que ver la situación geográfica de cada universidad y como va evolucionando la pandemia”. En ese sentido, sostuvo que en Salta “no es tan sencilla la aplicación”. 

Precisamente la provincia entrará desde el lunes, por segunda vez, en la fase de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO). Sin embargo, en las actividades ampliadas y exceptuadas nada se dice de un regreso presencial a cualquier tipo de dictado de clases. Es más, desde el Ministerio de Educación de Salta recién se está evaluando la posibilidad de trabajar en actividades presenciales en las escuelas de verano de los departamentos La Poma, San Carlos y Los Andes.

Esto porque aún continúan los contagios y las medidas de prevención como el distanciamiento social o los cuidados en relación a la higiene.

En el caso de adoptar la vuelta a la presencialidad, la UNSa deberá establecer protocolos a través de las autoridades sanitarias locales. Además, tendrá que garantizar la organización de turnos, si correspondiere, y los modos de trabajo que garanticen las medidas de distanciamiento e higiene necesarias para disminuir el riesgo de contagio de Covid-19. 

Por consiguiente se sumaría a las nuevas actividades exceptuadas y el desplazamiento de los estudiantes, docentes y no docentes sólo será para cumplir dicha actividad. Para ello, también se habilitará el uso del servicio público de transporte de pasajeros urbano, interurbano e interjurisdiccional, según corresponda y a este solo efecto. 

Si las personas a cumplir con la actividad se encuentran en otras localidades deberán tramitar el “Certificado Único Habilitante para Circulación - Emergencia COVID-19”, que la Secretaría de Innovación Pública de la Jefatura de Gabinete de Ministros pondrá a disposición en un campo específico denominado “Universitario” y que está habilitado en el siguiente link. 

Escenario dispar 

Desde que la virtualidad se fue haciendo costumbre, en todo el territorio salteño se manifestó una desigualdad extrema en relación a la conectividad. La UNSa no quedó exenta de ello y hay aún estudiantes que no pudieron acceder a las clases virtuales que se dictan desde agosto. 

La readecuación del calendario académico de 2020 implicó dos cuatrimestres cortos. El primero, de agosto hasta noviembre y el segundo, de noviembre a marzo de 2021. La modificación va tanto para las materias anuales como cuatrimestrales. 

Para acortar un poco esa brecha se dispusieron becas de conectividad desde el Rectorado, las Facultades -como Exactas y Humanidades- y la instalación de puntos de conexión impulsado por los propios estudiantes, como es el caso de la Agrupación VOCES de Humanidades. 

No obstante, las medidas no pudieron abarcar a todos porque se sumó la característica geográfica de la provincia en donde además de falta de conectivdad, había difícil acceso a los poblados o no se contaba siquiera con telefonía celular.

A ello se agregó, el reclamo por parte de la Asociación de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Salta (ADIUNSa) que en reiteradas oportunidades solicitaron capacitaciones en relación al manejo de las nuevas tecnologías, un acompañamiento económico para costear la conectividad o disponer de dispositivos acordes para el dictado de las clases. Aún sin respuestas. 

El gremio realizó distintas encuestas en donde se constató que más del 43% no cuenta con una computadora óptima para el dictado de clases y que más del 61% manifestó que invirtió para mejorar la conectividad. 

Son 36 mil estudiantes y 3 mil trabajadores de la universidad pública en la provincia. Y desde que se habilitó la posibilidad de rendir materias de forma virtual para la finalización de las carreras, la UNSa tuvo 229 nuevos profesionales. 

Adiunsa dice no a la presencialidad 

El gremio docente expresó, apenas se conoció la decisión administrativa, que no avala el retorno "inconsulto" a clases presenciales. Los docentes vienen reclamando desde hace seis semanas una paritaria salarial que tiene 3 meses de demora. 

Su secretario general, Diego Maita, contó que el jueves se produjo una reunión paritaria de la Comisión de Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo (CyMAT) de la docencia universitaria y preuniversitaria convocada por la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). La misma se dio por los acuerdos ya firmados por las federaciones de docentes universitarios y el Gobierno Nacional, de la cual CONADU Histórica participa, pero no firmó.

Maita reprochó que en ningún momento durante el encuentro se comentó sobre la inminente decisión de retorno, que se hizo efectiva al día siguiente. Aseguró que la información fue "guardada" y que la propia CONADU, donde Adiunsa forma parte, no sabía de la novedad. 

El gremio sostuvo que antes de pensar cualquier retorno se debe discutir una serie de instancias que garanticen el cumplimiento de todos los protocolos necesarios para cualquier tipo de presencialidad. El secretario general afirmó que para ello se debe incluir la participación de las representaciones gremiales, sea de estudiantes, personal de apoyo universitario y la propia Adiunsa. 

Cuestionó que desde que empezó la pandemia, las autoridades formaron un COE para la Universidad y la entidad gremial no fue incorporada, pese a las notas formales que lo solicitaban. "Nunca nos dejaron opinar", apuntó Maita, agregando que ello los coloca en un lugar "sin voz ni voto".

El reclamo salarial viene a cuenta de que se ofreció un aumento salarial del 7% hasta diciembre que fue rechazado por CONADU Histórica porque "nos deja con una pérdida salarial del 15%", destacó el secretario general.

Resulta que la cláusula gatillo aprobada en el acuerdo anterior no se llevó a cabo y sólo recibieron un aumento del 16% en cuotas hasta junio. Ahora la oferta sería un 7% que sumaría un 23% de incremento durante el año. Sin embargo, se calcula una inflación interanual para diciembre de casi el 38%, de ahí la pérdida de casi 15 puntos.