Con un pedido de pena de tres años por el delito de incumplimiento de deberes de funcionaria pública, la ex jueza penal María Luisa Pérez Vara llega a juicio escrito por su cuestionado accionar tras el crimen del empresario Luis Medina y su novia, Cristina Pérez Castelli. El hecho con tinte mafioso ocurrió la madrugada del 29 de diciembre de 2013 en el acceso Sur y Ayolas. Ese día, Pérez Vara estaba de turno como jueza del anterior sistema penal, pero no se presentó en la escena del hecho, en vísperas del fin de semana de Año Nuevo. Ni siquiera atendió el teléfono del turno cuando funcionarios policiales y de fiscalía insistían con su presencia para tomar las primeras medidas. Ahora, el juzgado de Sentencia 4 tiene en sus manos el pedido de condena de la fiscal Ana Rabín.

El faltazo de la ex magistrada generó conmoción tanto en el ámbito judicial como en el político, por aquellos días. Era el último día hábil del turno de la jueza, cuando alrededor de las 6 de la madrugada fueron acribillados Medina y su pareja, mientras circulaban a bordo de un Citroën DS 3. Pérez Vara estaba a cargo del juzgado de Instrucción Nº 5 y nunca atendió el teléfono del turno.

Sucede que no era cualquier víctima, se trataba de un hombre que estaba bajo la lupa como sospechoso de negocios ligados al narcotráfico. Ante la empergencia, la jueza Raquel Cosgaya actuó en las primeras mediadas y luego la causa pasó a manos de la jueza Alejandra Rodenas. Todo en solo dos días. Mientras que la investigación por la muerte del empresario que tenía locales nocturnos (como Esperanto, que llegó a inaugurarse, pero no pudo funcionar más que una noche en Rosario) siguió en un expediente que no tiene avances aún sobre los presuntos autores; las omisiones de Pérez Vara avanzaron en una causa paralela. También se abrió una investigación porque la computadora personal de la víctima fue abierta y comenzó a ser peritada sin una orden judicial directa.

Así, en la pesquisa por el accionar de la jueza se realizaron pericias al teléfono del turno, que la ubicaron en una localidad de la costa atlántica argentina. Sin embargo, cuando se le preguntó sobre la falta de respuesta a los innumerables llamados, la magistrada alegó haber tenido problemas de salud.

Con esos datos, desde la procuración de la Corte Suprema de Justicia se inició una investigación administrativa, que cerró meses después con la aplicación de un multa de 2.950 pesos a la magistrada. En ese contexto, ella presentó la renuncia.

En la vía de la investigación penal, por el delito de incumplimiento de deberes de funcionario público, la fiscal Rabín tramitó la acusación que recayó en el juzgado Correccional que estaba a cargo del juez Héctor Núñez Cartelle, donde la jueza fue indagada, pero se negó a declarar. Frente al procesamiento, la defensa de la magistrada apuntó a que la cuestión había quedado cerrada con el pago de la multa, pero la Cámara Penal consideró que la sanción económica no extingue la acción penal.

izó esa línea y enumeró al trabajo, la inflación, la recuperación del salario, la generación de nuevas fuentes de trabajo, como puntos que formaron parte de la propuesta del presidente Macri "y que todavía no ha llegado a muchísimos sectores de la población".