El jueves pasado las 15 familias de la comunidad Yokwespehen (despojados en castellano), decidieron reingresar al territorio del que habían sido desalojadas en la madrugada del 16 de octubre pasado. La decisión se tomó tras la presentación de un hábeas corpus preventivo para evitar una nueva acción ordenada desde la Justicia, presentado por el abogado Hernán Mascietti. Según indicaron fuentes judiciales, desde la Fiscalía se indicó que dicha figura no es la vía idónea ante la existencia de una causa penal.

Casi 20 días estuvieron asentados en el kilómetro 20 de la ruta 86 (en el departamento San Martín), los y las integrantes de la comunidad, con sus pertenencias a la intemperie. En ese lapso, se juntaron denuncias por un accionar intimidatorio y hasta por violencia de género contra los titulares registrales de las tierras.

Las familias de la comunidad decidieron reingresar, acompañadas por distintas organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos, tras la falta de una respuesta concreta a los 10 días de negociación que habían solicitado desde el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), y la Secretaría de Asuntos Indígenas de la provincia.

“Se exige a Julián Fernández Duarte (director jurídico del INAI), que agilice el relevamiento territorial”, dijo Seila Pérez, una de las referentes comunitarias del departamento San Martín, a Salta 12.

Mascietti además solicitó la nulidad de lo actuado por el juez de Garantías N° 1 de Tartagal, Nelson Aramayo, y el fiscal penal N° 2, Rafael Medina, y por lo tanto la acusación que pesa sobre los referentes de la comunidad. Por ahora los recursos se encuentran en manos de la Justicia.

Crónica de un desalojo

En el hábeas corpus, Mascietti inicia sus fundamentos exponiendo que el desalojo fue “palmariamente arbitrario”, en tanto, no hubo traductores, o un defensor que pudiera entenderse con ellos.

A las 5 del 16 de octubre pasado, ancianos de la comunidad alertaron presencia de policías que “ingresaban violentamente rodeando a la comunidad mientras que los demás integrantes dormían”. Cerca de 20 uniformados rodearon “a un joven de la comunidad obligándole mediante amenazas, a firmar una ‘notificación’ de desalojo”.

Más de 200 agentes policiales llegaron en autos, motos y a caballo para concretar el desalojo ordenado por Aramayo. En el hábeas corpus se detalla que “continuaban ejerciendo violencia en el trato hacia miembros de la comunidad, a las mujeres las obligaron a salir de la cama, recoger sus pertenencias y retirarse del lugar sin importar sus niños, a los varones desarmar las viviendas con total impunidad, violando derechos constitucionales, tratados internacionales sobre derechos del niño y derechos civiles contra niños y ancianos, al ver estos atropellos una de las abuelas decide tomar a los niños y salir al monte para protegerse hasta llegar a otra comunidad ubicada a 4 kilómetros, atravesando un estado de shock traumático, les niñes presentaron síntomas de vómitos, siendo que la policía femenina presenció ese evento y no fue a asistirles , ni un intento de llamar a una ambulancia”.

A fin de evitar mayor violencia y poner en riesgo su vida, es que las demás familias decidieron retirarse de manera voluntaria y pacífica del territorio. “El personal policial, continuaba de forma violenta, desarmando y rompiendo las viviendas prefabricadas que miembros de la comunidad construyeron con mucho esfuerzo con materiales del monte. Tenían una vida organizada, con economía propia autosustentable: Paneles solares destruidos, muebles, elementos de trabajo, alimentos, abrigo, y las casas en su totalidad”, también destrozadas.

Fue entonces que el INAI intervino junto a la provincia para solicitar el compás de espera de 10 días.

Cuando decidieron ir a cortar la ruta en el kilómetro 5 para denunciar lo acontecido junto a otras comunidades, a los integrantes de Yokwespehen les llegó una notificación indicando que “habiéndose realizado el desalojo por disposición del Juzgado d Garantías de 1ª Nominación y por solicitud de Fiscalía Penal N°2 a cargo del Dr. Rafael Medina en perjuicio de Panayotidis Jorge. Intimo a Ud a retirar las pertenencias que quedaron en la vera de la ruta 86, inmediación al lugar del desalojo, no haciéndose responsables de dichos elementos”. La nota es firmada entonces por el oficial auxiliar Rolando Ramos de la Comisaria N°42.

Mascietti denunció que la asistencia que llegó desde organismos de la provincia fueron “3 bolsones de mercadería para 15 familias con cuarenta niñes y 3 colchones descartables”, cuando “son más de 100 personas los pobladores de esta comunidad”.

Los útiles escolares, irrecuperables

A los días la comunidad fue alertada de que sus territorios “estaban bajo fuego provocado por el terrateniente que se dedica al agronegocio de soja transgénica”. Algunos integrantes de otras comunidades decidieron ir hasta el kilómetro 20 para apagar el fuego debido a que las pertenencias de las familias “quedaron tiradas a la intemperie en la vera de la ruta, corría peligro de quemarse por fuego provocado por parte de esta persona que ocupa territorios indígenas reconocidos”. 

Quedaba por resguardar sus pertenencias y los útiles de “les niñes desamparados, porque hasta ese momento no se pensó en la integridad física de las familias ni de les niñes, la policía tiró los útiles de la escuela que les niñes de edad escolar utiliza para realizar sus actividades como las cartillas y cuadernos, las dos veces que llovió se dañaron y no se puede recuperar”, añadió el abogado en el hábeas corpus.

Mientras acompañaron a la comunidad en la vera de la ruta (con temperaturas que superan en algunas ocasiones los 45 °C), las organizaciones vieron “circular camiones cargados de rollos de madera y otros transportes pesados”. Es así que fueron “testigos de que, en contexto de pandemia se sigue deforestando los montes con mayor intensidad sin control alguno”.

La última situación que advirtieron como una amenaza fue el “recorrido” que hicieron miembros cercanos al titular registral que con un arma en la cintura intimaron a las mujeres (estaban solas en ese momento, dado que los hombres se habían adentrado en el monte), a desarmar un pequeño tinglado que se había acondicionado para resguardarse del sol y la lluvia. 

“Las madres y ancianas de la comunidad se encuentran en un estado preocupante y emocional por el amedrentamiento persiste de estos varones que portan arman en la cintura, demostrando su poder. En ese instante las personas de las organización que llegamos a la comunidad encontramos a las madres llorando por lo que les tocó pasar”. Ante ello, ya tomó intervención la Fundación Volviendo a Casa para radicar la denuncia por violencia de género, que ahora deberá resolver la Justicia de Tartagal.