Pasaron más de siete meses desde aquel 19 de marzo en que Salta, un día antes que lo haga Nación, entraba a fase de aislamiento luego de detectarse el primer caso de coronavirus. Después de 233 días, más de 17 mil casos y 856 muertes, ayer el COE  levantó casi todas las restricciones, y las pocas que quedan vigentes suenan a meras formalidades de una testimonial etapa de Distanciamiento Social.

¿Eso quiere decir que ya se terminó todo? “De ninguna manera”, advierten desde el COE, ¿Sigue habiendo casos? Muchos menos, pero sí, ¿Está todo controlado? No todo, pero sí bastante, por la menor demanda de camas en el sistema de salud ¿Puede haber un rebrote? Capaz sí, capaz no, crucemos los dedos.

A diferencia de hace dos semanas que se enumeraba como excepción lo permitido, ahora se volvió más sencillo repasar las actividades que aún continuarán vedadas: clases presenciales. Fin de la lista.

La presión de padres, madres y tutores se hace escuchar cada vez más, con amenazas de recurrir a la Justicia, reclamos en los medios y notas enviadas al propio gobernador Gustavo Sáenz. La asesora de menores Mirta Lapad pidió al gobierno precisiones sobre las acciones inmediatas para lo que queda del año y un plan de reinicio de clases para el próximo.

El Ministerio de Educación se vio repentinamente en la necesidad de sacar el piloto automático que había puesto hasta el 2021, e impulsado por el propio COE deberá improvisar una hoja de ruta para el retorno a las aulas, que ya había descartado totalmente por lo menos hasta marzo, con el visto bueno de los gremios.

Este sacudón de la modorra para Matías Cánepa y equipo, representa no solo evaluar la aplicación del distanciamiento social dentro de cada establecimiento, sino el estado de la infraestructura, que normalmente presenta un grado de deterioro, y que en este año de escuelas y colegios cerrados con mantenimiento nulo, sería lógico que esté aún peor. No resultará extraño que la readecuación para la vuelta a clases sea uno de los argumentos que utilice el oficialismo, para justificar el nuevo endeudamiento de 1500 millones de pesos que ingresó esta semana en la Legislatura.

En tanto, los docentes autoconvocados metieron el primer reclamo callejero en pandemia, con pedido de paritarias incluido, que, ya el gobernador adelantó, la Provincia no se encuentra en condiciones de dar este año.

Igualmente, la posibilidad de hacer un paro presencial en el eventual, limitado y añorado retorno a las clases no parece ser una medida que vaya a contar con el apoyo popular, lo que restringe el margen de presión de los autoconvocados por lo menos este 2020.

Sin fondo a la derecha

Hablando de añoranzas, ¿Qué habrá sido de ese ejemplo de facho moderado que representaba Alfredo Olmedo? La banda de salieris que ocupó el lugar que dejó vacío el hombre de amarillo que pedía castración a los violadores, corrió el arco kilómetros a la derecha.

Atrincherados en la Cámara de Diputados salteña, Gustavo Orozco, Omar Exeni e Ignacio Jarsún se subieron a una noticia nacional y reclamaron pistolas Taser para todas y todos los policías, lo que motivó adhesiones y rechazos, pero esquivó el debate acerca de la tendencia al gatillo fácil que presenta un sector importante de esa fuerza.

La fiscal Verónica Simesen de Bielke, que tiene como tarea investigar casos de excesos policiales, y lejos está de ser una militante del Partido Obrero, desestimó en base a su experiencia que las Taser solo vayan a utilizarse contra delincuentes, e invitó a los diputados para mostrarles las causas que pasan por sus manos a diario.

“Todo o nada”, pensó ahí nomás Jarsún, al que no le hicieron mella los argumentos de la fiscal, y dos semanas después alentaba en sus redes sociales los linchamientos populares como método alternativo de justicia. Ante una denuncia penal y cuestionamientos de sus pares legisladores, debió retroceder en sus dichos y pedir disculpas “si se había expresado mal”.

Igualmente el oriundo de Rosario de Lerma masculló un “Retroceder nunca, rendirse jamás” y se despachó con un pedido de volver a implementar la pena de muerte, desterrada formalmente en Argentina en 1984, aunque la última ejecución “legal” por delitos comunes data de 1916.

Paradójicamente, para este admirador de Jair Bolsonaro, uno de los lugares donde está vigente su reclamada pena capital y se usa con mucha frecuencia es en la comunista China. Y allí es habitual que funcionarios públicos chinos desfilen al cadalso acusados de corrupción. 

Por lo que plantear ese tipo de debate con el único sustento de una encuesta hasta puede resultarle un boomerang a los propios autores de la idea. Siempre deberían tener presente que Maximilien Robespierre, fervoroso impulsor de la guillotina durante la revolución francesa, terminó guillotinado.

En realidad, si este debate pudo tomar cierto vuelo mediático y bajar a la opinión pública es porque, tras una serie de casos, quedaron en evidencia fallas en la Justicia, por lo que, en todo caso, la solución pasaría por revisar la calidad normativa y la capacidad de los encargados de aplicar las leyes.

Allí se encontraría la verdadera discusión para evitar, por ejemplo, que Paola Tacacho fuera asesinada luego de 13 denuncias en 5 años, sin que la Justicia haya hecho nada para protegerla. La vigencia de la pena de muerte no hubiese impedido el final de la profesora salteña, como si lo puede hacer el sistema judicial vigente, de haberse aplicado correctamente.

Es altamente probable que la pena de muerte tampoco hubiese evitado el trágico final de la niña tucumana, que dio origen al pedido de Jarsún, ya que no existen evidencias concretas ni estadísticas de que la pena capital sirva para disuadir crímenes, sino todo lo contrario, tal como lo señala una investigación de Amnistia internacional y un estudio de la ONG DPIC, que concluyó que durante el período 1990-2016 en Estados Unidos, la tasa de homicidios en los 18 estados sin pena de muerte fue menor a la registrada en los 32 que sí tienen.

Un dato no menor es que las sentencias de la pena de muerte estarían en manos de los mismos jueces que hoy son cuestionados por su falibilidad, y que la decisión final en la mayoría de los casos llegaría a instancias de la Corte Suprema, lo que demandaría años hasta que eventualmente pudiera ejecutarse, generando verdaderos muertos vivos que igualmente engrosarían la abarrotada población carcelaria, otro de los argumentos esgrimidos por los activistas de la pena capital.

Y otra duda es si el sistema judicial es lo suficientemente sólido como para garantizar a una persona sin los suficientes recursos una defensa acorde a la pena irreversible que puede llegar a sufrir, o si, por el contrario, se convertirá en un castigo que afectará solo a ciertos a estratos sociales.

Igualmente, ayer fue Jaime Durand Barba, hoy es Nacho Jarsún, y mañana será algún otro el que retome la idea e instale esta discusión para la tribuna, que afortunadamente, hasta ahora nunca contó con la fuerza ni el apoyo popular para instalarse en el Congreso Nacional.

Tomá pa vos EEUU

En Estados Unidos recién terminan de contar los votos después de varios días, con denuncias de fraude incluido y una posible judicialización de la elección que genera un horizonte de incertidumbre que si hubiese sucedido en, por ejemplo, Bolivia o Venezuela, hoy el mismo Estados Unidos estaría planteando una invasión para defender la democracia.

Si todavía no calificamos de país bananero a EEUU es porque son los dueños de los misiles y los dólares, dos armas de destrucción masivas que podrían hacer mucho daño ya sea porque mandan las bombas o restringen los billetes. Mejor no tentar al diablo.

Pero mientras todo esto pasa en Norteamérica, aquí en Salta están a punto de encarar una nueva reforma electoral como para ponerle un poco más de emoción a esto de votar cada dos años, cuatro veces en esos años que toca, para dos elecciones diferentes (nacional y provincial), con dos sistemas de votación distintos (electrónico y papel) y que, así y todo, antes de medianoche ya se sabe quién ganó y quién perdió. Gol y sacá del medio, Tío Sam.

En el Senado salteño terminaron la ronda de consulta para saber qué quieren los partidos políticos y qué ideas se le ocurrieron en estos meses de escasa actividad que hay entre elección y elección. Alguno de los senadores habrá tomado nota y ya estará haciendo un bosquejo con las conclusiones para que después el Ejecutivo tilde o tache a gusto y piacere lo que se terminará aprobando.

Hasta tanto eso suceda, probablemente esta semana entre a la Legislatura el proyecto para suspender las Primarias en la próxima elección, lo que resucitará el año que viene las viejas y calientes internas partidarias para elegir los candidatos.

El electo presidente Joe Biden nunca sabrá lo que es un domingo de elecciones con olor a choripán, de estructura movilizada, de boletas que desaparecen mágicamente del cuarto oscuro o de impugnaciones de votos a viva voz en el mismo momento del recuento.

Allá ellos con su desabrido sistema electoral no obligatorio que acepta hasta votos por correo y con su bi partidismo que los divide entre republicanos y demócratas. Si tienen suerte, ya les aparecerá un Massa, un Urtubey o un Lavagna que propondrá la vía del medio y les querrá cerrar esa dañina grieta que divide a la sociedad y que no les permite convertirse en una potencia económica mundial…