El objetivo de Trump y de los republicanos es acabar implicando al Tribunal Supremo, corte que tiene una amplia mayoría conservadora (por seis jueces a tres) tras haber realizado el presidente en esta legislatura el nombramiento de tres jueces, la última de ellas, la ultraconservadora Amy Coney Barrett una semana antes de las elecciones. Y la brecha por la que Trump quiere entrar es por la frecuente carencia de concreción de las leyes y de la Constitución del país sobre el proceso electoral y sobre el proceso de elección del presidente una vez el recuento de votos ha concluido.
Para desplegar su estrategia legal, el magnate neoyorkino tendrá que jugar con las siguientes fechas claves hasta el 20 de enero, una ruta de 73 días en la que Biden espera ir fortificando su camino hacia la Casa Blanca.
8 de diciembre, nombramiento de los compromisarios
Hasta el 8 de diciembre el presidente tratará de poner todas las trabas posibles en los tribunales sobre cómo se desarrolló la jornada de votación o sobre el proceso de envío o recuento de votos. ¿Por qué el 8 de diciembre? Porque ese día los estados deben seleccionar a los compromisarios que enviarán al Colegio Electoral para que voten al nuevo presidente en una sesión que se celebrará el 14 de ese mes y que, de hecho, es el segundo frente en el que Trump podría actuar, tratando de alterar el voto de los compromisarios.
Los compromisarios votan ese día, pero la ratificación de ese resultado la realiza el Congreso de Washington el 6 de enero, lo que abriría otra posible ventana de tres semanas y media a nuevos recursos para seguir empantanando el proceso si Trump pierde la votación del 14 de diciembre; y la perdería con los resultados que ahora mismo están sobre la mesa, es decir, con Biden ganando en Pensilvania, Georgia, Nevada y Arizona. Por eso Trump lo primero que quiere atacar es el voto en las urnas.
Desde el martes pasado Estados Unidos vive pendiente de cómo va el recuento de voto minuto a minuto en espera del minuto final. Oficialmente, los estados están siempre muchos días y a menudo semanas contando. En EEUU se implantó la tradición de que el candidato que se veía irremisible perdedor llamaba al vencedor y aceptaba su derrota, casi siempre la misma noche electoral. Hillary Clinton se hizo la remolona, pero acabó llamando a Trump en 2016 a las 2.30 de la madrugada. Y nos pareció tarde. Pero la legalidad es la que es: el tope para certificar un resultado es de una semana en seis estados; entre el 10 y el 30 de noviembre para 26 estados y Washington DC; en algún momento de diciembre para otros 14 y hasta hay cuatro que no tienen ningún tope (no se preocupe, son Hawái, Nueva Hampshire, Tennessee y Rhode Island). Así que nunca se resuelve esto cuando están contados todos y cada uno de los votos. Sencillamente, las proyecciones de los partidos, de las casas de encuestas y los medios, y los primeros escrutinios orientan la cosa y en el transcurso de las siguientes horas uno se declara perdedor. Es entonces cuando el otro gana. Jamás se espera a contar todos los votos.
Trump está jugando esa baza para justificar sus recursos judiciales por fraude electoral con los objetivos de retrasar el proceso y enmarañarlo y, en última instancia, de acabar convenciendo a algún juez de que tumbe parte de la legislación electoral de estados como Pensilvania para que anule el voto por correo que llegó tras el martes electoral y que va abrumadoramente para Biden. Nada de esto sucedería si se contaran los votos la misma noche electoral y si hubiera un organismo encargado de anunciar los resultados definitivos.
De momento, todas las demandas interpuestas contra la emisión de votos o su recuento en Michigan, Wisconsin, Georgia y Nevada han sido tumbadas rápidamente. Sobre la que los republicanos pusieron en Pensilvania el sábado, el fiscal general de ese estado respondió al alto tribunal que no ha existido fraude alguno en la gestión del voto por correo. En cualquier caso, según el fiscal, se trata de pocos cientos de votos y Biden lleva una ventaja de 37.298 sufragios. El Supremo no se pronunció aún sobre esto pero incluso si anula esos votos no tendría ninguna relevancia en el resultado final y en la derrota de Trump en Pensilvania y, por lo tanto, para su reelección.
El Colegio Electoral y el compromisario "infiel"
Quien obtenga 270 votos en ese órgano en la votación del 14 de diciembre será presidente. Si Trump no logra remontar ningún estado en los actuales recuentos, la diferencia entre ambos candidatos será de 74 votos, imposible de recortar mediante cualquier artimaña. Sin embargo, si Trump, a través de recursos, logra ganar de algún modo Pensilvania y Georgia se quedaría a dos votos de Biden, y aquí se abre otra puerta para posibles jugadas del magnate neoyorkino. Por eso Trump pedirá el recuento de votos en Georgia, al que tiene derecho al haber tan escasa diferencia entre ambos (unas 10.000 papeletas) y por eso plantea una enorme batalla legal en Pensilvania. Su objetivo es hacerse con esos estados y sus compromisarios.
La clave está en el siguiente detalle: no todos los elegidos por sus estados en el Colegio Electoral están obligados a votar por su candidato. Esto abre la puerta a un tamayazo, con lo que Trump podría permitirse llegar a la votación del día 14 en el Colegio Electoral con técnicamente menos compromisarios que Biden.
En la historia de Estados Unidos ha sucedido en ocasiones que un compromisario vote por el candidato opuesto, pero siempre como señal de protesta y jamás en escenarios donde se podía alterar el resultado final de la voluntad popular. Según Fairvote.org, organización que vela por la desaparición del Colegio Electoral, esto se ha producido en 85 ocasiones, de las que tres fueron abstenciones.
Un total de 17 estados no tienen ninguna ley que obligue a su compromisario a votar por el candidato de su partido, así que si Trump acabara logrando Pensilvania y Georgia podría tratar de convencer a un compromisario demócrata (o los que hicieran falta) de que vote por él y sería presidente puesto que con un empate a 269 votos, la elección del mismo pasaría a la Cámara de los Representantes, no en la modalidad de un voto por escaño sino de un voto por cada estado y hay más estados republicanos que demócratas. Trump sería presidente.
Además, dos estados donde sí existen estas leyes que vinculan al compromisario con resultado electoral, tienen, paradójicamente, gobernadores demócratas, pero parlamentos republicanos. Uno de ellos es Michigan. El otro, precisamente, Pensilvania. Y nada dice la Constitución sobre que el gobierno de un estado esté obligado a escoger a sus compromisarios según el resultado del voto en las elecciones generales. Los ciudadanos de Pensilvania han votado por Biden pero el parlamento del estado, republicano, podría elegir a dos compromisarios de ese partido y no incumplirían la Constitución.
6 de enero, el Senado ratifica al Colegio Electoral
Si, finalmente, los recuentos acaban con Biden ganando en los estados que quedan pendientes y ningún recurso o maniobra de Trump prospera, ese 14 de diciembre el demócrata sería preelegido presidente por el Colegio Electoral, un resultado que el Congreso debe validar y oficializar el 6 de enero para que tome posesión el 20 de ese mes, según la fecha inamovible establecida por la constitución. La última artimaña que le quedaría a Trump es que, si finalmente el Senado sigue en poder republicano, tratar de alterar mediante la acción de esa cámara el resultado de la votación del Colegio Electoral, con el apoyo de alguna intervención del Tribunal Supremo, de marcado cariz conservador.
Entretanto, en todas esas semanas, el presidente saliente sólo puede hacer una gestión ordinaria del país que, en la práctica, debería estar ya en manos de los equipos de transición entre el saliente y el futuro mandatario. Trump podría negarse a que hubiera equipos de transición. No hay nada legal que lo obligue a ello. En cualquier caso, Joe Biden ya los tiene en marcha.
Los nombres del primer equipo "Biden-Harris"
Joe Biden, con todo, convencido de la victoria en las urnas, se ha puesto a caminar. El pasado miércoles lanzó su web del equipo de transición de la "administración Biden-Harris" y ya son conocidos los nombres de quienes forman ese plantel. Y hasta en el entorno de Donald Trump han empezado a opinar sobre este proceso de transición, muestra de que, en el fondo, se empieza a aceptar como muy real la posible derrota del actual presidente. El viernes, de hecho, el director del Consejo Económico Nacional de la administración Trump, Larry Kudlow, llamó a la tranquilidad y aseguró a la CNBC que "habrá una transferencia de poderes pacífica, como siempre se hace".
En la cúspide del equipo de Biden está Ted Kaufman, nombrado a primeros de año por el candidato demócrata para tal fin. Kaufman, según The Independent, escribió leyes sobre transiciones presidenciales como senador y como asesor de Biden. Según el medio Politico, el objetivo de Kaufman es que para el Día de la Inauguración, es decir, para el 20 de enero, haya trabajando en ese equipo unas 350 personas.
Yohannes Abraham, asesor en asuntos jurídicos durante la administración Obama, será el director para las operaciones diarias; Jeffrey Zients, economista de la administración Obama, estará en el consejo asesor de Biden; como asesores estarán el candidato demócrata en las pasadas primarias, Pete Buttigieg, y la también candidata y senadora en Washington, Elizabeth Warren.
En otros apartados, Biden ha nombrado para asuntos medioambientales a Cecilia Martínez, directora de la ONG Centro por la Tierra, la Energía y la Democracia y quien en 2020 ha sido elegida por la revista Time como una de las personas más influyentes del año; Susan Rice, embajadora de Estados Unidos ante la ONU entre 2009 y 2013; o Teresa Romero, presidenta del sindicato Unidad de los Trabajadores de Granjas.
Para demostrar la voluntad de unir al país de Joe Biden, ha nombrado en ese equipo de asesores a dos conocidos republicanos: Bob McDonald, antiguo secretario sobre asuntos de los soldados veteranos, y, sobre todo, Cindy McCain, la viuda de John McCain, el fallecido senador republicano y candidato de ese partido a la presidencia en las elecciones que ganó Obama en 2008.
Cindy McCain ha hecho en Arizona campaña por Biden y hasta estuvo en la convención demócrata que lanzó la candidatura del vicepresidente de Obama. Preguntada el pasado viernes en la ABC por su implicación con Biden, la viuda de McCain no pudo ser más rotunda: "Mi marido querría que se haga lo mejor para Estados Unidos y lo mejor para Estados Unidos ahora mismo no es votar por nuestro partido sino apoyar a Joe Biden".
Como ya señaló Biden en su discurso de la noche del viernes que Harris y él ya están trabajando con un equipo en las que serán las dos prioridades de su administración "desde el primer día: un plan para controlar la pandemia y otro para la recuperación económica porque hay 20 millones de parados".
*De diario Público de España, especial para Página/12.
