El primer curso sobre perspectiva de género con modalidad virtual, organizado por el Consejo de la Magistratura en el marco de la Ley Micaela comienza hoy con el cupo de 160 inscriptos cubierto. Está diseñado para quienes quieran participar de los concursos a cargos en el Poder Judicial y Ministerio Público, porque desde el 1 de diciembre será requisito excluyente la acreditación de esta capacitación dictada por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en forma conjunta con la Oficina de la Mujer del Poder Judicial de Salta.

"Nos regocija ver la inquietud y la necesidad de conocer sobre perspectiva de género", manifestó la presidenta del Consejo de la Magistratura, Sandra Bonari a Salta/12. Planteó que la formación en esta materia implica "una filosofía de vida", que conlleva actuar y vivir con perspectiva de género. Dijo que es necesario "conocer los estereotipos de género" para saber cuando una ley ha sido sancionada con una estructura patriarcal y machista. En ese caso, "no la podemos aplicar porque vamos a hacer más daño", sostuvo. Bonari anunció la apertura de nuevos cursos ante la demanda existente. 

Esta semana, las organizaciones feministas reclamaron al Poder Judicial a terminar con "la justicia patriarcal" e implementar la ley Micaela. Si bien es una demanda de años, cobró énfasis en estos días luego del femicidio de Paola Tacacho en Tucumán quien había  denunciado 13 veces al femicida por acoso y amenazas en la provincia vecina y cuyos familiares habían hecho además dos denuncias en Salta, sin que la justicia la protegiera. 

También el movimiento de mujeres y disidencias sexuales enfatizó en el pedido de formación específica en género ante el juzgamiento de Ángela Beatriz Saravia en Salta, una mujer que había realizado tres denuncias previas por violencia de género y estaba siendo juzgada por el homicidio de su marido a quien clavó un cuchillo en el marco de lo que adujeron sus abogados fue legítima defensa, finalmente resultó absuelta por el beneficio de la duda. 

Bonari es también jueza de la Corte de Justicia de Salta, responsable de la Oficina de la Mujer y supervisora de las Oficinas de Violencia Familiar y de Género del Poder Judicial.

"El Consejo de la Magistratura avanzó muchísimo en cuestión de violencia familiar y de género. El año pasado se aprobó incluir, en los concursos, cualquiera fuera el cargo y fuero que se concursara, un eje temático que incluyera violencia familiar, de género y perspectiva de género", sostuvo Bonari.

La jueza indicó que este año están implementando cursos virtuales "con perspectiva de género atento la obligatoriedad que establece la ley Micaela" por iniciativa de la oficina de la mujer del Poder Judicial y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. 

Bonari indicó que firmarán un convenio con la secretaria de Derechos Humanos Mariana Reyes, autoridad de aplicación de la ley Micaela del Poder Ejecutivo, para incluir la plataforma con formación en género que dictan desde allí en el Consejo de la Magistratura. 

Para la magistrada, deconstruir años de patriarcado requiere del compromiso de todos y todas. Deslizó dos propuestas y aseguró que trabajan en proyectos en el Poder Judicial, por un lado planteó que las causas de violencia de género deben tramitarse en un solo juzgado, "esto necesita una ley que transforme juzgados de violencias con múltiples competencias", y ejemplificó que sería según un modelo que ya se aplica en España. Señaló que muchas veces se incurre en la revictimización cuando las mujeres deben transitar por diferentes juzgados. 

Por otro lado sostuvo la necesidad de un "organismo intrapoderes" para la formulación de políticas públicas, donde se capacite a quienes por "su rol o funciones" están " en primera línea", en condiciones de detectar hechos de violencia como docentes y trabajadores de la salud y consideró que se puede incluir a las organizaciones de mujeres. 

Concursos

Bonari planteó que se encuentran ante la necesidad de tomar el concurso para juez o jueza de violencia familiar y de género, sería para juzgado tres del distrito Centro. Especificó que el concejero Fabian Vittar está a cargo de este concurso. "Estoy excusada por la amistad con uno de los concursantes", precisó. 

La magistrada indicó que en épocas de pandemia incrementó la violencia familiar, más que la de género respecto al año pasado. "Las víctimas están obligadas a convivir con quien las agrede", analizó. Precisó que hubo denuncias por violencia entre hermanos, padres e hijas y sobre todo por maltrato ejercido contra personas de la tercera de edad y niñas y niños. 

Los concursos fueron suspendidos durante la pandemia y ahora se están retomando con protocolos adecuados ante la pandemia por covid-19. "Ya hemos tomado dos subrogancias, para las Asesorías de Menores e Incapaces de Tartagal y esta semana para Metán. El lunes se manda la última terna al gobernador Gustavo Sáenz", indicó. 

Para ello se reacondicionó uno de los salones del edificio para permitir la asistencia de los miembros del Consejo observando las distancia social obligatoria, como así también el resguardo de los postulantes, extremando las medidas de seguridad e higiene. 

Los y las postulantes fueron citados con turnos alternados para evitar la aglomeración y disponer a la vez, de tiempo suficiente para higienizar y ventilar la sala entre cada entrevista que se realice.

Faltan alrededor de 16 concursos para la cobertura de cargos en la provincia, según indicó Bonari. Dijo que el Consejo trabaja en protocolos para casos excepcionales de entrevistas orales por zoom, para las personas que no puedan trasladarse a la Capital. "Es probable que se haga en los distritos judiciales donde se encuentra el postulante", detalló, sería con algún concejero como tutor en la localidad del interior y a la vez con videoconferencia.