En respuesta a una solicitud de medidas cautelares realizada por el Servicio de Paz y Justicia (Serpaj) y la Gremial de Abogados y Abogadas en favor de los ocupantes del predio de Guernica, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) envió a la cancillería argentina un pedido de informes sobre el procedimiento realizado el 29 de octubre que "podría colocar en situación de riesgo a las personas que ocupaban el terreno indicado". 

Así consta en el texto enviado desde Washington por la secretaria ejecutiva interina de la CIDH, María Claudia Pulido, al canciller Felipe Solá, porque los organismos de derechos humanos habían acudido a esa instancia por la "situación grave y urgente que requiere de manera inmediata la protección internacional en concordancia con la Convención Americana sobre Derechos Humanos con el fin de evitar daños irreparables a las nueve personas delegades de los ocupantes", entre ellas Brian Leonardo Damián Poeta.

La CIDH pidió información sobre la situación de estas personas que serían beneficiarias de la eventual emisión de las medidas cautelares, en especial en relación al riesgo de exposición a la covid-19, y a garantizar su acceso a alimentación, servicios básicos y atención médica. También requirió saber cuál sería la situación en el terreno desalojado y las medidas adoptadas para hacer frente a alegados enfrentamientos que estarían teniendo lugar. La solicitud explicitó que el gobierno debe responder en siete días.