El ex fiscal regional de Rosario Patricio Serjal quedará en prisión efectiva hasta al menos el 2 de febrero del año próximo. Esta es la resolución que adoptó ayer la jueza Eleonora Verón, tras el pedido del fiscal Luis Schiappa Pietra de la Agencia de Criminalidad Organizada. En rigor se le endilgan a Serjal los delitos de cohecho pasivo agravado en concurso ideal con el delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y transmisión de datos reservados en carácter de coautor y en grado consumado; así como la omisión de persecución en carácter de coautor y en grado consumado, y el de peculado de servicios en carácter de autor y consumado. Además los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada y Delitos Complejos dieron cuenta de nueva información sobre la red de extorsiones y juego clandestino a la que, según la acusación, protegía Serjal junto con el también destituido y detenido Gustavo Ponce Asahad. En ese sentido, mencionó que en los últimos tres meses hubo sobre esa red nuevas imputaciones y juicios abreviados en los cuales hasta ahora tres de sus miembros admitieron los delitos que se les atribuyeron.
Ayer la Justicia decidió que Serjal permanezca bajo prisión preventiva por 90 días más y los encargados de la causa apuntaron que tuvo un incremento patrimonial millonario desde que asumió como fiscal regional. “Identificamos un desfasaje financiero significativo”, plantearon desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) luego de la audiencia en la que se aprobó el pedido para mantener la medida cautelar dictada a principios de agosto. El análisis económico en curso por parte del organismo anticipa un aumento estimado de $2.500.000 a partir de abril de 2017.
Si bien durante la audiencia realizada por videoconferencia la defensa había solicitado la libertad o, en forma subsidiaria, una morigeración bajo la modalidad de arresto domiciliario, la jueza de primera instancia acordó con el pedido del fiscal Luis Schiappa Pietra y prolongó la prisión efectiva para el ex funcionario, detenido desde agosto pasado, por otros 90 días.
El fiscal Luis Schiappa Pietra aclaró que todavía no terminaron el trabajo de revisión de los gastos e ingresos de su antiguo jefe. Sin embargo, creen que los números mejoraron producto del cobro de coimas a cambio de protección a los delincuentes y dentro del escenario provisorio que describieron asoma la compra de un terreno.
"En definitiva lo que la jueza ha valorado en este caso es también un terreno que es propiedad de Serjal, quien tuvo un incremento patrimonial desde abril de 2017 hasta ahora, que es cuando asumió como fiscal regional. Y si bien mejoró sus ingresos, se nota un desfasaje financiero. En ese marco descubrimos que adquirió un terreno que mejoró su patrimonio y que es objeto de análisis porque no se había advertido al momento de la primera audiencia. Estos son elementos que estamos empezando a analizar, porque es un relevamiento patrimonial complejo y lo que estamos haciendo y lo explicamos en la audiencia, es dar cuenta de un fenómeno criminal mucho más grande que tenemos por delante", dijo Schiappa Pietra.
El representante del MPA aseguró que el objetivo de la pesquisa es “dar cuenta de un fenómeno criminal mucho más grande” en torno al funcionamiento de la organización cuyo liderazgo atribuyen a Maximiliano Díaz, alias Cachete, lo presentan como el autor de las amenazas contra el empresario Leonardo Peiti, quien declaró como arrepentido e incriminó tanto a Serjal como al ex fiscal Gustavo Ponce Asahad y al empleado judicial Nelson Ugolini. Este último es el único de los tres que permanece en libertad.
Finalmente, Schiappa Pietra consideró que las maniobras que pretenden probar se refieren a un circuito delictivo que se repite en toda la provincia. “Esto funcionó porque tenían el respaldo no solamente de las agencias policiales sino también del personal del MPA”, concluyó.
“Cuando en agosto imputamos a Serjal veníamos investigando a una organización vinculada a extorsiones que, a partir de la aparición de Peiti, nos abrió pistas vinculadas al juego ilegal. Hay que tener en cuenta que la recaudación del juego legal se estima en unos 1.100 millones de pesos mensuales y el dinero que mueve el juego ilegal se estima en base a esos montos. Por eso le explicamos a la jueza que estamos ante una investigación que se nos abre hacia un terreno con vinculaciones de distinto orden, teniendo en cuenta que se está demostrando la incumbencia de la participación policial en el soporte para esas organizaciones”, abundó el fiscal.
Al respecto se recuerda que días atrás fueron imputados cinco altos jefes policiales por sus vínculos con David Perona, un importante capitalista del juego ilegal con base en Rafaela.
Finalmente, Schiappa Pietra consideró que las maniobras que pretenden probar se refieren a un circuito delictivo que se repite en toda la provincia. “Esto funcionó porque tenían el respaldo no solamente de las agencias policiales sino también del personal del MPA”, concluyó.
