Desde Lima

Cayó el presidente Martín Vizcarra. Menos de dos meses después de haberse librado de un primer intento de destitución, Vizcarra fue destituido esta noche por el Congreso, que lo ha acusado de “incapacidad moral permanente”, una figura constitucional ambigua que deja un amplio margen de interpretación. Es acusado de haber recibido sobornos años atrás cuando era gobernador. Una acusación basada en unos testimonios todavía en proceso de investigación, pero que para un Congreso enfrentado al jefe de Estado ha sido suficiente para sacarlo del cargo. La derrota de Vizcarra fue amplia. Hubo 105 votos, de los 130 miembros del Congreso unicameral, a favor de la destitución del presidente, superando con holgura los 87 que se necesitaban. Solamente 19 votaron por salvar al mandatario y hubo cuatro abstenciones.

Ha sido un resultado inesperado. Había incertidumbre si se alcanzarían los 87 votos, pero nadie esperaba un resultado tan amplio. Partidos que habían anunciado su voto contra la destitución del mandatario, terminaron haciéndolo a favor. La salida del jefe de Estado se da en medio de la grave crisis sanitaria y económica por la pandemia del coronavirus, y cuando a Vizcarra le quedaban solo ocho meses de gestión y las elecciones ya han sido convocadas para abril. Al momento del cierre de esta edición, el presidente Vizcarra no se había pronunciado.

Vizcarra, que asumió en marzo de 2018 luego que su antecesor, Pedro Pablo Kuczynski renunció por cargos de corrupción, levantó durante su breve gestión las banderas de la lucha contra la corrupción. Ahora ha sido destituido por cargos de corrupción. Se enfrentó al anterior Congreso de mayoría fujimorista, que blindaba la corrupción política, el que disolvió constitucionalmente en septiembre del año pasado y llamó a elecciones legislativas. El nuevo Congreso elegido en ese proceso que convocó es el que ahora lo ha destituido acusándolo de corrupción.

Con la salida de Vizcarra asumirá la presidencia el titular del Congreso, Manuel Merino, miembro del partido centroderechista Acción Popular, la principal bancada del Congreso, con 24 miembros. Durante el primer intento frustrado de destituir a Vizcarra, Merino, político poco conocido hasta que asumió la presidencia del Congreso en marzo pasado y cuestionado por su labor en este cargo, tocó sin éxito la puerta de los cuarteles para pedir apoyo de los militares para que él asuma el poder. Asumirá la presidencia este martes. 

El primer proceso de destitución contra Vizcarra fue por la supuesta contratación irregular de un funcionario de tercer nivel. En esta ocasión, los cargos son más graves. Al presidente se lo acusa de haber recibido sobornos de dos empresas constructoras por 2,3 millones de soles (unos 660 mil dólares) cuando era gobernador de la pequeña región de Moquegua, entre los años 2011 y 2014. Se señala que las coimas se habrían entregado por una obra de irrigación y por la construcción de un hospital.

Tres empresarios de dos constructoras que son procesados en el caso del llamado “club de la construcción”, un cartel de empresas que se repartían obras públicas pagando sobornos, que buscan un acuerdo con la fiscalía para canjear sus testimonios por una reducción de sus eventuales condenas, aseguran haberle pagado sobornos a Vizcarra para hacerse con esas obras. Un exministro del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016 – 2018), José Hernández, viejo amigo de Vizcarra desde antes que éste fuera gobernador y con quien compartió gabinete ministerial, ha declarado ante las autoridades haber servido de intermediario para el pago de esas coimas.

“Aquí estoy, no me corro”, comenzó Vizcarra su defensa de 51 minutos ante el Congreso. Puso el énfasis en señalar que en este momento de crisis por la pandemia, una economía severamente golpeada y las elecciones ya convocadas, su destitución generaría una inestabilidad que complicaría la grave crisis sanitaria y económica.

Sobre los cargos que se le imputan, calificó de “falsas” esas acusaciones y las atribuyó a una supuesta venganza de empresarios del “club de la construcción” por haber cortado sus beneficios ilegales cuando llegó al gobierno. “Se trata de hechos no probados. ¿Puede destituirse a un presidente solo por dichos no corroborados?”, argumentó. Los votos le respondieron que eso sí era posible.

Durante el largo debate parlamentario abundaron los ataques contra el mandatario. Incluso quienes votaron contra la destitución del presidente, por evitar un escenario de inestabilidad, según argumentaron, señalaron que había “indicios razonables” que complican al jefe de Estado en el supuesto cobro de sobornos cuando era gobernador y que éste debía ser investigado y eventualmente juzgado cuando termine su gestión.

Junto a preocupaciones sinceras por la corrupción, legisladores con un pasado y un presente, propio o de sus partidos, ligado a la corrupción, se disfrazaron de moralizadores, y con impostada convicción, desafiando la memoria y la inteligencia de quienes los oían, se prodigaron en discursos anticorrupción para exigir la destitución de Vizcarra.

Entre quienes votaron por sacar al presidente estuvieron los legisladores del fujimorismo, con una larga historia vinculada a la corrupción, y que hoy saborearon su venganza contra el hombre que les hizo perder su mayoría en el Parlamento y apoyó los procesos anticorrupción que llevaron a prisión a su jefa Keiko Fujimori. También lo hicieron legisladores del partido ultranacionalista Unión por el Perú, cuyo principales parlamentarios están acusados de corrupción y que es dirigido desde la cárcel por el ex militar Antauro Humala -hermano el expresidente Ollanta- en prisión desde 2004 por la muerte de cuatro policías durante la toma de una comisaría en un frustrado intento de derrocar al expresidente Alejandro Toledo; de Podemos Perú, partido dirigido por un empresario que se ha hecho millonario con el negocio de universidades de baja calidad y que hace dos días fue detenido acusado de haber sobornado magistrados para lograr la irregular inscripción de su partido; de un partido que responde a una secta evangélica; la mayor parte de los congresistas de Acción Popular, la agrupación del reemplazante de Vizcarra; un sector de la pequeña bancada del izquierdista Frente Amplio, que solo tiene ocho integrantes, y algunos otros parlamentarios.

Entre los pocos que se opusieron a la destitución de Vizcarra estuvieron legisladores del centrista partido Morado y un par de legisladoras del Frente Amplio, entre algunos otros. Ellos rechazaron la destitución por los riesgos de inestabilidad en esta difícil coyuntura, pero exigieron que la fiscalía investigue las acusaciones contra Vizcarra, algo que ya está en curso.

Una encuesta de Ipsos publicada hace unos días revela que el 79 por ciento de la población se oponía a cortar el mandato presidencial en esta coyuntura. Vizcarra tenía una aceptación de entre 54 y 57 por ciento, mientras que su reemplazante tiene una aprobación que apenas está entre 22 y 24 por ciento, según recientes encuestas de Ipsos y del Instituto de Estudios Peruanos, respectivamente.

Ahora a Vizcarra le espera enfrentar las investigaciones de la fiscalía y probablemente los tribunales. El mismo destino de los últimos presidentes peruanos.