El fiscal penal 3 de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas, Gustavo Torres Rubelt, requirió juicio por la muerte de Cristian Gallardo para 5 efectivos policiales y un testigo que aportó datos falsos durante la investigación. El Juzgado de Garantías 7 debe resolver el pedido.

La muerte del joven de 23 años ocurrió en agosto de 2019 en la zona sudeste de la ciudad de Salta, en el marco de un operativo policial, cuando fue sacado de un domicilio y era trasladado en un furgón. 

Los efectivos policiales Ricardo José Antonio Llaves, Lucas Maximiliano Ozuna, Ricardo Ezequiel López y Jorge Antonio Olea están imputados por el delito de homicidio culposo en concurso ideal con vejaciones calificadas en perjuicio de  Gallardo. El policía Elio Maximiliano Moya  está acusado de falsedad ideológica en concurso ideal con encubrimiento agravado. El testigo Ángel Ismael Lozano está imputado por falso testimonio en concurso ideal con encubrimiento.

Los familiares de Gallardo, organizaron varias marchas manifestando sus quejas porque los imputados se encuentran con prisión domiciliaria, además no están de acuerdo con la carátula de "homicidio culposo". 

El 26 de agosto de 2019, los efectivos Llaves, Ozuna, López y Olea, a bordo de un móvil policial, intervinieron "en flagrancia" ante el supuesto robo de un celular, ingresaron a una vivienda de Finca Independencia desde donde según manifestaron las dueñas de la casa, se llevaron con violencia al joven. Incluso las mujeres grabaron un video cuando lo tenían en el móvil policial y se escuchan golpes y gritos. 

El Ministerio Público Fiscal, sostiene que Gallardo "se resistió abiertamente a su aprehensión, forcejeando con los dos efectivos que procuraban sacarlo del inmueble. En tanto los efectivos habiendo sido capacitados con técnicas de sujeción para este tipo de procedimiento aplicaron maniobras inadecuadas, impropias y excesivas en su afán de aprehenderlo. Así se tiene que uno de los dos policías lo arrastraba cruzando su brazo y antebrazo desde el cuello haciendo presión y el otro de los policías trataba de sujetarlo de los pies. La intervención de estos dos efectivos no resultó suficiente para reducirlo dado que al salir a la vereda del inmueble Gallardo logra zafarse e intenta huir, pero a escasos metros es aprehendido nuevamente por dos efectivos que le aplican nuevamente un trato áspero y riguroso sobre el cuerpo, golpes de puño a la altura del abdomen y en el antebrazo izquierdo".

Luego "es trasladado en la caja cubierta del móvil policial, lo pusieron boca abajo, esposado y continuaron aplicándole trato riguroso. Ya en la dependencia policial, el demorado comenzó a tener dificultades para respirar, por lo que luego se solicitó una ambulancia, que, al llegar, constató que Gallardo se encontraba sin vida", aseguró el Ministerio Público.

La autopsia determinó que el joven tuvo una falla cardíaca "isquemia aguda de miocardio". El fiscal consignó que los profesionales del Cuerpo de Investigaciones Fiscales corroboraron las causas del deceso de Gallardo y verificaron en su cuerpo "numerosas lesiones producto del trato riguroso que recibió de parte del personal policial durante el procedimiento de detención y traslado".

En la acusación el fiscal destacó que los policías "inobservaron los reglamentos que les incumben, dispensaron un trato áspero y riguroso sobre el cuerpo (de Gallardo) provocándole lesiones en diversas partes". 

Planteó que "el deceso se produjo porque ante una situación previsible como lo era la descompensación de quien tenían bajo su custodia en un nuevo accionar imperito no respondieron a la emergencia, practicando al menos maniobras de reanimación que también formaba parte de la capacitación (de los efectivos), ni efectuando el pedido oportuno de asistencia sanitaria, para que personal de emergencia pudiera concurrir al lugar para resolver la situación".

Respecto a Moya, Torres Rubelt advirtió que con fecha 26 de agosto de 2019, se encontraba como oficial de servicio de la Base del Sector 6, en esa función consignó datos y situaciones que "no se correspondían a lo que había acontecido tras el arribo de Gallardo y la descompensación que sufrió. Como tampoco se correspondían con los registros efectuados en el Libro de Guardia de la Dependencia, todo esto con la única intención de favorecer a sus colegas involucrados a fin de que eludan la persecución penal".

En lo que atañe al testigo Lozano, "se tiene debidamente acreditado que el mismo en ocasión de prestar declaración testimonial ante la Fiscalía, habiendo prestado juramento de decir verdad, omitió referir a las circunstancias acaecidas dentro de la caja del móvil cuando Gallardo fue subido para ser trasladado a la Base del Sector 6A de B° Democracia", sostiene la requisitoria.  

Lozano expresó que Gallardo se resistió a que le colocaran las esposas y "nada dijo de lo que exhibe el video aportado a la causa por la hermana del damnificado, en el que se aprecia la agresión perpetrada por uno de los policías. Debiendo entenderse que su silencio favorecía la situación de quienes lo auxiliaron tras el ilícito que sufrió en la vía pública en el que había intervenido Gallardo", detalló el fiscal en su pedido a juicio.

Luego de la muerte de Gallardo, familiares de víctimas que murieron también en operativos policiales se organizaron para reclamar justicia. 

Seguirán investigando a un diputado

En otro orden, el Ministerio Público Fiscal informó que la fiscala interina de Impugnación, Ana Inés Salinas Odorisio se pronunció a favor de que el fiscal de Rosario de Lerma complete la averiguación preliminar iniciada a partir de la denuncia hecha por referentes de distintas organizaciones intermedias, en contra del diputado provincial Ignacio Jarsún, por los delitos de incitación a la violencia y apología del delito, a partir de las manifestaciones públicas realizadas por el legislador.

La fiscal  no compartió el criterio de desestimar las actuaciones y consideró que el fiscal de Rosario de Lerma, omitió la realización de actividades mínimamente idóneas destinadas a colectar mayor información para determinar si el vicepresidente primero de la Cámara de Diputados de Salta, cometió los delitos de incitación a la violencia y apología del delito. 

El legislador fue denunciado por Nora Leonard, Blanca Silvia Lescano, Juan Manuel Tejerina Castellanos, Fernando Primero Climent, Marcela Fernanda Gutiérrez, Elena Eloísa Rivero, Isabel Soria, Irene Cari, Bertha Graciela Lozano Maggi, Dina Mariela López, Fernando Ruarte, Juan Pablo Bento y Lisandro Sastre, todos con el patrocinio letrado de Noelia Bonneto y Víctor Hugo Sarmiento.

En la denuncia consta que el 22 de octubre pasado, el legislador Ignacio Jarsún publicó en la red social Facebook a través del usuario “Nacho Jarsún”, las siguientes manifestaciones: “Debe existir la pena de muerte para estas lacras. Violar y asesinar a una nena de 9 años, es lo único que merece. Los vecinos lo mataron con sus propias manos, a este delincuente, que este delincuente, que 3 días antes de cometer el crimen había salido de la cárcel. Estoy muy triste por el final de Abigail, no es justo que ese sea su final, lo que sí es justo es el final de esta lacra que cometió el delito”. 

Después el legislador fue entrevistado por un portal informativo y ratificó sus dichos al manifestar "es lo que siento como representante, para que la gente sepa como pienso. Estoy en una situación política en la que no quiero ser una persona que quiere quedar bien con todo el mundo, y no meterse en estos temas. Pienso como muchos de la sociedad salteña, un representante que piensa de esta manera y lo hago público, más allá que no tenga impacto en modificar en algo. Siento que no vamos bien y cada vez estamos peor, sino le damos un corte, cada vez se va a poner peor. Yo defiendo lo que pienso con criterio y responsabilidad y tolerancia en base a los que otros piensan. Estoy convencido que la pena de muerte es algo que hay que aplicar en Argentina. Es oportuno plantearlo, estoy muy preocupado por la Argentina. Hay caso en que es necesario, son indefendibles, porque hay que mantenerlos después por el Estado, para que salgan por beneficio y nos pongan en riesgo”.

Los dichos del diputado fueron realizados cuando se supo del crimen de la niña A. R. en Tucumán y del posterior homicidio del principal sospechoso a manos de sus vecinos. Las y los denunciantes calificaron las manifestaciones del diputado como delictivas y dijeron que no se trataron de meras opiniones vertidas bajo el amparo de la libertad de expresión, libertad que por cierto, no es absoluta y citaron la jurisprudencia que entienden aplicable al caso.