El fiscal general de Estados Unidos, William Barr, ordenó que se investiguen las supuestas irregularidades en las elecciones del martes 3 de noviembre denunciadas por el presidente saliente, Donald Trump. Según el mandatario, él fue el ganador en los comicios y acusa al Partido Demócrata de haber cometido fraude. Después de la orden de Barr, renunció el director de delitos electorales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Richard Pilger.
En un memorando que envió a todos sus fiscales, Barr autorizó a “investigar denuncias sustanciales de irregularidades en el voto o en la tabulación del voto antes de la certificación de las elecciones en sus jurisdicciones en ciertos casos, como ya he hecho yo en instancias específicas".
"Dichas investigaciones y revisiones pueden realizarse si existen denuncias claras y aparentemente creíbles de irregularidades que, de ser ciertas, podrían potencialmente afectar el resultado de una elección federal en un estado concreto", añade el documento enviado por el fiscal general.
En la semana, Trump acudió ante la justicia de diferentes estados para denunciar fraude, pero sus reclamos fueron desestimados por carecer de pruebas. En su cuenta de Twitter, el mandatario sostiene que él obtuvo más “votos legales” y que ganó la elección “por mucho”.
La campaña de Trump también acompañó las denuncias ante la justicia y cuentan con el apoyo de algunos miembros del Partido Republicano, mientras que otros ya reconocieron abiertamente el triunfo del binomio demócrata integrado por Joe Biden y Kamala Harris.
Barr, que cumple las mismas funciones que un ministro de Justicia, instruyó a sus fiscales que descarten las denuncias que, incluso si son ciertas, no afectarían el resultado electoral. Es decir, el funcionario de Trump busca presuntas irregularidades en aquellos estados donde la diferencia entre el candidato republicano y el presidente electo sean inferiores al 1 por ciento.
En el memorando, Barr señaló que los protocolos existentes en el Departamento de Justicia expresan que una investigación de este tipo no debería llevarse adelante hasta que no estén los resultados oficiales (hay estados donde el conteo no ha finalizado, aunque la tendencia demócrata ya es irreversible).
Sin embargo, el funcionario consideró que estos protocolos, que tienen como objetivo que sean los estados y no el Gobierno federal quien decida las elecciones, "pueden dar lugar a situaciones en las que una mala conducta electoral no pueda rectificarse de manera realista".
Después de que Barr instruyera la investigación, el director de delitos electorales del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Richard Pilger, presentó su renuncia al cargo. "Habiéndome familiarizado con la nueva norma y sus ramificaciones (...) lamentablemente debo renunciar a mi cargo como director de la División de Crímenes Electorales", escribió en un correo electrónico a sus colegas, el cual se filtró a la prensa estadounidense.
Pilger, además, lamentó que la orden de Barr "deroga una norma de 40 años de no interferencia (federal) en investigaciones de fraude electoral durante el periodo anterior al de certificación de las elecciones".
