Desde Lima. En medio de protestas ciudadanas y denuncias de un golpe parlamentario, tomó posesión el nuevo presidente, Manuel Merino, hasta ayer titular del Congreso. Merino se ha convertido en imprevisto presidente del Perú luego que el Parlamento, en una decisión ampliamente rechazada y cuestionada en su legalidad, destituyó al presidente Martín Vizcarra por supuesta “incapacidad moral permanente”. Vizcarra había asumido en marzo de 2018, luego de la renuncia por denuncias de corrupción de Pedro Pablo Kuczynski, de quien era vicepresidente, y como no tenía un vicepresidente le toca reemplazarlo al titular del Congreso. Merino ha llegado a la presidencia con el respaldo de diversas agrupaciones -siete de derecha, incluido el fujimorismo, y una pequeña bancada de izquierda- que votaron en el Congreso por sacar a Vizcarra. Varias de esas agrupaciones tienen en común que sus principales líderes y legisladores enfrentan acusaciones por corrupción. Merino se estrenó en la presidencia con la violenta represión de las protestas en su contra.

Desde el lunes en la noche, conocida la decisión del Congreso de tumbarse al presidente Vizcarra, miles de ciudadanos han tomado las calles para expresar su rechazo a esa medida. Las protestas siguieron durante todo el martes. Desafiando las restricciones por la pandemia, los manifestantes se han lanzado a las plazas y calles de Lima y de las principales ciudades del país. “Congreso golpista”, “Merino no me representa”, “Merino delincuente, no eres presidente”, coreaban los indignados ciudadanos, que llevaban tapabocas y levantaban banderas peruanas y carteles donde se leían inscripciones como “Merino no es mi presidente” o “Merino usurpador”. Ayer, con Merino ya como presidente, la policía reprimió con gases, disparos de perdigones, chorros de agua y palazos, a los manifestantes, que no cedían en sus protestas.

El nuevo jefe de Estado es un político poco conocido, que pertenece al partido de centroderecha Acción Popular, donde siempre ha ocupado un segundo nivel. Su gestión como presidente del Congreso, que se inició en marzo pasado luego de las elecciones parlamentarias complementarias que siguieron al cierre constitucional del anterior Parlamento, estuvo marcada por su enfrentamiento con el Ejecutivo y por una serie de normas luego declaradas inconstitucionales. Hace dos meses ya había intentado llegar a la presidencia en un anterior proceso de destitución de Vizcarra, que en ese momento fracasó por falta de votos.

En su primer mensaje al país como presidente, que duró solamente trece minutos, Merino defendió, pero sin dar mayores argumentos, la legalidad de la medida tomada por el Congreso. Prometió un gabinete de consenso y “con los mejores”, pero analistas estiman que tendrá serios problemas para convocar personalidades de alto nivel para formar parte de un gobierno que nace con las sombras de la ilegitimidad y de una alta impopularidad. Al momento del cierre de esta edición, no había nombrado su gabinete ministerial. No se refirió a las protestas en su contra. Luego de su juramentación y primer mensaje, desapareció de la escena.

El régimen de Merino -que durará ocho meses, hasta julio del próximo año cuando asuma el gobierno que salga de las elecciones ya convocadas para abril- abre un periodo de incertidumbre y de crisis política y social en medio de la grave situación sanitaria y económica por la pandemia del coronavirus, que ya ha cobrado más de 900 mil contagios y cerca de 35 mil muertos. Hay serias dudas sobre la capacidad de Merino para manejar esta crisis. Hay preocupación por el futuro de los procesos anticorrupción, que Vizcarra respaldó, con muchos aliados de Merino que lo han llevado al poder implicados en denuncias de corrupción y muy interesados en tumbarse esos procesos.

El lunes en la noche, poco después de conocida su destitución, Vizcarra señaló que había cuestionamientos legales a esa decisión, pero que había decidido aceptarla. En su último mensaje como presidente estuvo acompañado de sus ministros. Poco después, abandonó Palacio de Gobierno. Dejó el cargo con más de 50 por ciento de respaldo. Un apoyo que contrasta con el descrédito del Congreso que lo destituyó.

Al día siguiente, ya fuera de la presidencia, lo primero que hizo fue reunirse su abogado para preparar su defensa por las acusaciones en su contra de haber recibido supuestos sobornos. Declaró que el gobierno de Merino no tiene legalidad en su origen y tiene problemas de legitimidad popular. Este jueves Vizcarra deberá declarar ante la fiscalía.

Vizcarra ha sido acusado de haber cobrado sobornos a dos empresas constructoras por unos 660 mil dólares cuando era gobernador de la región de Moquegua, entre los años 2011 y 2014. La acusación se basa en testimonios que todavía están en investigación y en proceso de corroboración. Pero eso no impidió que el Congreso vaya adelante con la destitución del presidente.

La Constitución le da inmunidad al presidente, que no puede ser procesado durante su gestión y solo puede ser destituido por casos puntuales, como traición, abandonar sin permiso el país, impedir las elecciones, dentro de las cuales no encajan los cargos contra Vizcarra. Para eludir ese impedimento, los congresistas forzaron la ambigua figura de la “incapacidad moral permanente”, una causal de vacancia presidencial. Según diversos constitucionalistas, su uso en este caso ha sido inconstitucional.

“El sentido del término incapacidad moral permanente es el de una incapacidad mental que inhabilita para gobernar. Es así desde el siglo XIX. La decisión tomada por el Congreso es ilegal, inconstitucional. Esto ha sido un derrocamiento parlamentario”, ha señalado el constitucionalista Omar Cairo.

El jurista Samuel Abad coincide en calificar de “inconstitucional” la destitución de Vizcarra por el Parlamento. “La figura de la incapacidad moral no puede ser usada, como se ha hecho, para un juicio político al presidente. Aquí se han impuesto los votos sobre la Constitución”.

Los principales diarios del país cuestionaron la destitución del presidente Vizcarra. El diario La República tituló en primera plana “Congreso da Golpe de Estado”, y El Comercio puso en su portada “El Congreso deja al país en la incertidumbre” y calificó como “vergonzosa” la votación parlamentaria que destituyó a Vizcarra y puso en el poder a Merino.

En diálogo con Página/12, el sociólogo Alberto Adrianzén señaló que ¨lo sucedido en el Congreso ahonda la crisis en el país”. “Con esto -agrega- entramos a una etapa de crispación y de polarización, que se va a reflejar en las próximas elecciones. Es difícil decir ahora quién puede sacar mayor provecho de esto, pero creo que el radicalismo va a ganar terreno”"

“Lo que ha sucedido es terrible para la democracia. Lo que ha primado en el Congreso es una ambición por el poder. El gobierno de Merino puede ser un gobierno inviable. A pesar que será muy corto, puede hacer mucho daño”, opina el politólogo Martín Tanaka.

Cuatro candidatos presidenciales para las elecciones de abril, el expresidente Ollanta Humala, la izquierdista Verónika Mendoza, el centrista Julio Guzmán y el derechista George Forsyth, se expresaron en contra de la destitución de Vizcarra por el Congreso, la que criticaron duramente.