La Comisión de Justicia del Senado llevó a cabo una nueva jornada de exposiciones sobre la eventual reforma de la Ley de Ministerio Público Fiscal, con la que el oficialismo busca modificar las condiciones para el cargo de procurador general de la Nación.

Si bien no tiene todavía una fecha para avanzar con un dictamen, la bancada oficialista continúa con el tratamiento de los proyectos presentados el año pasado por Martín Lousteau (Juntos por el Cambio) y Lucila Crexell (Interbloque Federal), decisión que la coalición opositora rechaza.

Durante la reunión por videoconferencia del martes, los legisladores opositores ni siquiera tomaron la palabra para hacer consultas a los especialistas invitados.

El presidente de la comisión, Oscar Parrilli, les pidió opinar sobre la forma de designación del procurador, los mecanismos de remoción y la duración en el cargo, que actualmente tiene mandato vitalicio.

En ese marco, Néstor Pedro Sagués, doctor en Derecho por las universidades de Madrid y del Litoral, opinó que "la exigencia" de una mayoría de dos tercios para designar al procurador general "es indispensable para mantener una Procuración robusta".

Sagués también indicó que la duración para el cargo -que actualmente es vitalicio- puede estar "entre ocho o 12 años", de acuerdo a la experiencia de otros países, pero sentenció: "Lo que sería inaceptable es hacer coincidir el período del procurador general con el período presidencial de cuatro años. Esto puede llevar a una situación incómoda, anti sistémica".

El ex presidente del Superior Tribunal de Justicia de Chubut José Raúl Heredia subrayó que la mayoría calificada de dos tercios "no es una es una exigencia constitucional" aunque consideró que "es correcta aquella posición minoritaria de la Convención Constituyente de 1994 de poner en línea este órgano de poder con la Corte Suprema".

Marcela Basterra, magister en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, se refirió a la importancia del cargo en momentos en que la Argentina está pasando al sistema acusatorio, donde las investigaciones recaen sobre los fiscales y ya no sobre los jueces.

Basterra señaló que por esa razón es "necesario fortalecer la independencia del Ministerio Público Fiscal" y, por otra parte, señaló: "Respecto a la remoción, me parece coherente el mecanismo propuesto que requiere dos tercios de los miembros del Senado".

A su turno, la ex jueza de la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal Mirta López evaluó que "tiene que haber una relación entre el Estado, el Procurador General, el Ministerio Público Fiscal y las políticas del Poder Ejecutivo".

En tanto, el vicepresidente primero de la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación, Ricardo Toranzos, aseguró que "la necesidad de los dos tercios del Senado es importante y está relacionado también a la función que va a desarrollar el Procurador".

Por su parte, la vicepresidenta de la Asociación Argentina de Profesores de Derecho Penal, Nadia Espina, apuntó que "el procurador y el defensor de la Nación son los únicos funcionarios o funcionarias unipersonales de carácter vitalicio". Espina señaló que éste es un aspecto "de origen infraconstitucional" y que, por esa razón, "podría ser atinado un plazo de seis años" para el mandato del procurador y el defensor general.