En el Congreso esperan darle un tratamiento rápido al proyecto de ley Interrupción Voluntaria de Embarazo --aunque no express-- una vez que el Presidente, Alberto Fernández, mande el texto redactado en la Casa Rosada. La idea no será convocar a prolongadas audiencias informativas, como se hizo en 2018, sino escuchar algunas voces representativas a favor y en contra en plenario de comisiones, sacar dictamen y llevar la votación al recinto en pocas semanas. Entre verdes del oficialismo y de la oposición se sintió como un bálsamo el anuncio de este lunes de Vilma Ibarra, secretaria de Legal Técnica, que aseguró que el envío se hará durante el mes de noviembre y que se incluirá en el temario de sesiones extraordinarias. “Esperábamos la confirmación de que se tratará este año. En el bloque cayó muy bien la noticia. Tenemos compañeros que van a acompañar y otros que no”, dijo a Página|12 la diputada del Frente de Todos, Cecilia Moreau, vicepresidenta de la bancada y titular de la comisión de Legislación General, que podría volver a ser cabecera del proyecto de IVE, como en 2018 –cuando el debate estuvo al mando del entonces macrista “verde” Daniel Lipovetzky-. Los votos aunque justos, están, afirman quienes llevan el conteo del minuto a minuto. En el oficialismo y la oposición coinciden en que un proyecto del Ejecutivo tiene más fortaleza para convertirse en ley, sobre todo cuando el Presidente expresó la voluntad política de buscar su aprobación. También leyeron el anuncio de Ibarra –en dos canales de televisión-- como una certeza de que el Gobierno tiene garantizado el poroteo favorable: de otro modo, analizaban distintas voces en el Congreso, no correría el riesgo de avanzar con el debate.

“Me parece muy buena decisión incluirlo en extraordinarias”, acordó la diputada radical “verde” Brenda Austin, integrante de Juntos por el Cambio. “A lo largo del año se ha puesto como argumento para postergar el envío del proyecto que estaba agobiado el sistema de salud por la atención de los casos de coronavirus. Pero todos los años unas 40 mil mujeres terminan hospitalizadas como consecuencia de abortos realizados en la clandestinidad, con un promedio de siete a diez días de internación cuando los cuadros se complican. Este año no ha sido la excepción. La mejor respuesta que puede dar el Estado es la legalización y no la amenaza del Código Penal. La inequidad en el acceso, incluso cuando se trata de abortos legales en niñas y adolescentes violadas, constituye una violación de los derechos humanos, y ha sido definida además, por organismos internacionales, equivalente a la tortura. Nos merecemos que el país legisle en consecuencia”, agregó a este diario Austin, una de las diputadas del grupo de “las sororas”, clave en la articulación transversal para lograr la media sanción en Diputados en 2018.

Este jueves está prevista la primera reunión de la comisión que dispuso crear el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, entre “verdes” del oficialismo y la oposición para afilar la estrategia parlamentaria con integrantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Lo propuso Massa cuando recibió a una delegación de la Campaña el jueves pasado. Luego recibió a una comitiva “celeste”.

En realidad, legisladoras y activistas “verdes” vienen reuniéndose cada diez días. Ahora lo harán en el marco de esa formalidad. Esa comisión “de enlace” estará encabezada por Mónica Macha, presidenta de Mujeres y Diversidad, junto a la vicepresidenta Silvia Lospennato, del PRO.

“De a poco la sociedad va entendiendo que se trata de un tema de salud pública y que nadie será obligado a interrumpir un embarazo si no lo quiere. El Estado tiene que establecer políticas públicas sin la influencia de las creencias religiosas”, apuntó a este diario el diputado “verde” del FdT Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud, otra de las comisiones que tendrán que dictaminar sobre el tema. No están definidos los giros a los que podría ir el proyecto del Ejecutivo pero se descuenta que serán las mismas cuatro comisiones del proyecto de la Campaña, que se volvió a presentar por octava vez en 2019: además de Legislación General y Salud, Mujeres y Diversidad, y Legislación Penal, a cargo de Carolina Galliard, también verde del FdeT. Es decir, las cuatro comisiones en Diputados que tendrán que dictaminar tienen presidentes “verdes” del oficialismo. No es casualidad. Dos de ellas, además, Mujeres y Diversidad y Legislación General, tienen vicepresidentas “verdes” de Juntos por el Cambio: Lospennato y Carla Carrizo. En las otras dos, las vicepresidencias son “celestes”: en Acción Social y Salud Pública, Carmen Polledo, del PRO, y en Legislación Penal, Marcela Campagnoli, de la Coalición Cívica, (muy muy celeste).

Aunque Vilma Ibarra reiteró que el proyecto del Ejecutivo recoge los consensos que surgieron del debate del 2018, en la oposición reclaman conocer el texto. “No sabemos que concesiones está haciendo el Ejecutivo a los celestes y si son las que el movimiento de mujeres está dispuesta a otorgar. En realidad, por ahora tenemos más interrogantes que certezas. Tampoco tenemos información de lo que pasa en el Senado”, objetó la diputada “verde” del Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), también “sorora”, Romina del Pla.

El proyecto de la Campaña establece la despenalización y legalización del aborto en las primeras 14 semanas de gestación y más allá de ese plazo cuando corre riesgo la vida o la salud de la mujer y cuando el embarazo proviene de una violación. En todas estas situaciones, dice el texto de la Campaña, se debe garantizar la atención en el sistema de salud, público, privado y de obras sociales y las prestaciones deberán estar incluidas en el Plan Médico Obligatorio. Se espera que el proyecto del Gobierno se aproxime a esa definición.

En la actualidad, la mayoría de los abortos se realizan con pastillas de misoprostol, es decir, no necesitan internación. Y está calculado que es mucho más económico garantizar el aborto legal, que atender en el sistema de salud a las casi 40 mil mujeres que llegan cada año con complicaciones por intervenciones realizadas en la clandestinidad, y que en los casos más graves requieren de atención en terapia intensiva. Dos informes presentados durante las audiencias informativas que se hicieron en el Senado en 2018 revelaron que garantizar el acceso a la IVE disminuirá la cantidad de hospitalizaciones y significaría una reducción presupuestaria superior al 40 por ciento. Las estadísticas oficiales publicadas en 2019, registraron que 39 mujeres –varias muy jóvenes, algunas adolescentes— murieron por esa causa evitable en el país a lo largo de 2018.

“Celebro la confirmación de que va enviar este año. Estoy convencida de que es un tema prioritario, no solo por la demanda social, sino porque los abortos en pandemia siguieron existiendo. Con escuelas cerradas se perdió ese lugar clave para la detección del abuso sexual en niñas y adolescentes, que muchas veces terminan en embarazos forzados producto de la violencia intrafamiliar. Tenemos que dar este debate urgente. Es importante que el tratamiento sea antes del año que viene porque el 2021 es electoral y será más complicado debatir un tema como el aborto”, consideró la diputada “verde” de la UCR Karina Banfi, del interbloque Juntos por el Cambio.

Las juventudes radicales se están ocupando de conversar con los senadores del partido, para garantizar más votos que en 2018. El poroteo en el interbloque de Juntos por el Cambio, señalan en sus filas, es más favorable a la despenalización del aborto que dos años atrás. Se espera que en el bloque oficialista, la presencia de la vicepresidenta CFK juegue un rol clave para convencer a quienes sea necesario para llegar a la mayoría. En la cuenta fina, en lugar de 37 votos a favor en la cámara Alta se necesitaría uno menos, dado que el tucumano “celeste” José Alperovich está con licencia –por la denuncia por abuso sexual que le inició una sobrina y ex colaboradora suya— hasta el 31 de diciembre y lo más probable es que pida que sea renovada.