Las agrupaciones de familiares de víctimas del atentado a la AMIA se pronunciaron contra el nuevo decreto del gobierno sobre la desclasificación de los archivos secretos vinculados con el ataque a la mutual. Memoria Activa alertó porque la norma que fue publicada este jueves en el Boletín Oficial “modifica el modo en que se continuará realizando la desclasificación de los archivos de inteligencia vinculados al caso AMIA” dispuesto por un decreto de fines de 2015. Según se expresaron en una carta que presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), lo que los alerta es “la decisión de poner al Poder Ejecutivo, a través de la Unidad AMIA, en la coordinación del proceso de desclasificación y sistematización que se encuentra en pleno desarrollo desde hace meses en la cabeza de la Unidad Fiscal AMIA”. “Con las firmas de (Mauricio) Macri y sus ministros (Marcos) Peña y (Germán) Garavano, el decreto es un verdadero golpe a la posibilidad de investigar y conocer la verdad sobre la responsabilidad criminal que tuvo el propio Estado en la comisión del atentado terrorista y su posterior encubrimiento. No sólo no abre los archivos sino que los vuelve a poner en manos de la AFI, y además, vacía la Unidad Fiscal. Con esto retrocedemos más de 20 años”, declaró Laura Ginsberg, integrante de APEMIA.
Desde Memoria Activa reiteraron que “es imprescindible” que se continúe con el trabajo de desclasificación en condiciones de “transparencia, accesibilidad y eficacia necesaria para responder a los requerimientos de la investigación por el atentado a la AMIA y del juicio por su encubrimiento”. El Gobierno presentó como novedad que ordenaría la desclasificación de los archivos de inteligencia vinculados al caso AMIA, pero esa decisión ya había sido tomada durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. En realidad, la novedad es que la desclasificación pasará a ser controlada por el Poder Ejecutivo, en vez de que lo hagan, como hasta ahora, los fiscales de la Unidad AMIA y el Grupo de Análisis Documental de la Procuración.
Memoria Activa afirmó que no se explica la necesidad de un nuevo decreto que, según afirma, va a interferir con el proceso en curso. También destacó que la falta de trabajo conjunto con el Ministerio Público pueda redundar en una interferencia en la labor de la fiscalía. “Este conjunto de decisiones no hacen más que generar nuestra alarma ante nuevas maniobras tendientes a obstaculizar las investigaciones y a realizar acciones a espaldas de las víctimas para instalar una vez más ‘otra historia oficial’ del atentado”, indicó Memoria Activa, y volvió a pedir una reunión con el presidente Mauricio Macri.
Por su parte, la Agrupación por el Esclarecimiento de la Masacre Impune de la AMIA (Apemia) expresó que “el decreto 229/2017 dice que viene a dar respuesta a un planteo largamente exigido por Apemia de “desclasificación de documentación” que permanece secreta a pesar de la docena de decretos que declaman lo mismo desde que Néstor Kirchner puso al ex fiscal Nisman a cargo de la Unidad Fiscal, hace 12 años atrás”. Pero, en coincidencia con Memoria Activa, la organización que lidera Laura Ginsberg enfatizó que “el nuevo decreto vuelve a poner en manos de una Secretaría del Ministerio de Justicia los archivos de la ex SIDE y somete (“coordina” en el lenguaje oficial) a la Unidad Fiscal a las determinaciones del Poder Ejecutivo”. Apemia agregó que “con un solo golpe, el decreto deja en manos del Ministerio de Justicia el control de los archivos secretos y la responsabilidad de una futura investigación, al mismo tiempo que le corta un brazo a la Fiscalía y su equipo, limitando su independencia y alcance real para realizar una investigación y establecer las responsabilidades criminales del Estado nacional y de cualquier otro en la comisión del ataque terrorista. Ahora le quita los archivos a la Unidad Fiscal para entregárselos a (Gustavo) Arribas y (Silvia) Majdalani”.
Para Ginsberg, “es una infamia” que Macri haya emitido este decreto “en nombre del esclarecimiento” del ataque terrorista de 1994 contra la mutual judía. “Nos devuelve al año 2000, cuando el gobierno De la Rúa creó la Unidad Especial AMIA en el Ministerio de Justicia, puso a la SIDE y a todos los servicios de seguridad en su dirección –los mismos que hoy están siendo juzgados por los delitos cometidos en la causa AMIA– y se dedicó a ocultar los archivos secretos hasta el día de hoy”, dijo Apemia, y agregó que tanto el decreto como el proyecto de Ley para modificar el Código Penal estableciendo los “juicios en ausencia cierran una semana de ataques sin precedentes contra la Verdad y Justicia en el tema AMIA, coordinados por el Ejecutivo, con el apoyo del PJ, del partido de Massa y de los integrantes de Cambiemos, al servicio de las exigencias de DAIA, AMIA y el Estado de Israel, contra la expresa oposición de las agrupaciones de familiares de las víctimas”.
